Eduardo Montealegre, exfiscal General de la Nación, ha obtenido contratos por un valor superior a los 840 millones de pesos con entidades del Gobierno de Gustavo Petro, según informó Semana. Montealegre, quien ahora se dedica a denunciar a la oposición, ha sido contratado a través de su empresa Economía, Derecho y Sociedad SAS por entidades como Rtvc, Icfes y Positiva Compañía de Seguros.
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El abogado ha recibido dos contratos de Radio Televisión Nacional de Colombia (Rtvc). El primero, por 57.120.000 pesos, tiene como objetivo la prestación de servicios jurídicos especializados para apoyar a la Oficina Asesora Jurídica en temas de derecho constitucional, administrativo, responsabilidad fiscal, emisión de conceptos, definición de estrategias y acompañamiento jurídico en el proceso de rediseño institucional. El segundo contrato, con un plazo de ejecución de once meses y ocho días, asciende a 268.146.667 pesos, con un pago mensual de 23.800.000 pesos.
Además de los contratos con Rtvc, Montealegre también ha sido contratado por Positiva Compañía de Seguros. En 2023, obtuvo un contrato por 480.000.000 pesos con esta entidad. El concejal Daniel Briceño, del Centro Democrático, ha sido uno de los críticos más vocales de estos contratos, exponiendo públicamente los detalles de los mismos.
De acuerdo con lo denunciado, la “prestación de servicios jurídicos especializados para apoyar a la Oficina Asesora Jurídica en todos los temas relacionados con derecho constitucional, derecho administrativo, responsabilidad fiscal, emisión de conceptos, definición de estrategias y acompañamiento jurídico en el proceso de rediseño institucional”, por lo que recibió 57.120.000 pesos.
“El señor Eduardo Montealegre Lynett quien ahora se dedica a denunciar a la oposición ha recibido contratos por $842.766.000 por parte del Gobierno Petro por intermedio de su empresa Economía Derecho y Sociedad SAS en entidades como Rtvc, ICFES y POSITIVA, que están distribuidos así: ’En total los contratos están distribuidos así: Rtvc $325.266.000 POSITIVA: $480.000.000 ICFES: $37.500.000′”, dice la denuncia de Briceño,
Montealegre ha estado involucrado en varias denuncias contra la oposición, incluyendo la reciente apertura de una investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación contra líderes que cuestionan al Sistema de Medios Públicos Rtvc. Su rol como apoderado de Rtvc ha sido particularmente controvertido, dado su historial de denuncias y su cercanía con el gobierno actual.
La suma total de los contratos que Montealegre ha recibido del gobierno de Petro, a través de su empresa, asciende a 842.766.000 pesos. Esta cifra ha generado críticas y cuestionamientos sobre la transparencia y la imparcialidad en la asignación de estos contratos.
“Ojalá y los colombianos no estén financiando el hostigamiento judicial al que se está sometiendo la oposición de la mano del señor Montealegre”, dijo Briceño.
La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación contra varias figuras políticas de Colombia, incluyendo al expresidente Álvaro Uribe Vélez, la senadora María Fernanda Cabal, el gobernador Andrés Julián Rendón, el alcalde Federico Gutiérrez, Enrique Gómez, el diputado Jorge Correa y el exsenador José Obdulio Gaviria. La investigación se centra en el supuesto hostigamiento contra Hollman Morris, gerente de Rtvc.
El concejal expresó su preocupación sobre la posible financiación de este hostigamiento judicial por parte de los colombianos, señalando al señor Montealegre como uno de los responsables. Esta declaración se produce en un contexto de acusaciones reiteradas de injurias y estigmatización por parte del expresidente Uribe Vélez contra el periodista Morris, lo que ha llevado a un proceso penal por calumnia ante la Corte Suprema de Justicia.
La denuncia presentada destaca que las afirmaciones de Uribe Vélez han sido constantes y han motivado la apertura de esta investigación. Según la denuncia, estas acciones han generado un ambiente de persecución judicial contra la oposición, lo cual es motivo de preocupación para diversos sectores políticos y sociales en Colombia.
“Destacamos que han sido reiteradas las afirmaciones injuriosas y estigmatizantes por parte del expresidente Uribe Vélez en contra del periodista Morris, las cuales motivaron un proceso penal por calumnia ante la Corte Suprema de Justicia”, se lee en la denuncia.
La situación ha generado un debate sobre la utilización de recursos públicos en procesos judiciales que podrían estar dirigidos a silenciar voces críticas. La investigación de la Fiscalía busca esclarecer si efectivamente ha habido un uso indebido de estos recursos y si las acciones de los investigados constituyen un delito de hostigamiento.
