Oposición señaló a Eduardo Montealegre de ser pieza clave en las acciones legales del Gobierno Petro contra prensa y críticos

A lo largo de 2024, el exfiscal Eduardo Montealegre impulsó varias acciones legales que involucran a figuras críticas del gobierno de Gustavo Petro. Desde denuncias por injuria y calumnia hasta tutelas, Montealegre se ha convertido en un actor relevante en la estrategia judicial contra opositores y medios.

El 24 de septiembre se supo de una denuncia contra Federico Gutiérrez en representación del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, por calumnia agravada. Además, ha interpuesto denuncias similares contra María Fernanda Cabal, Álvaro Uribe, Andrés Julián Rendón y José Obdulio Gaviria, entre otros. También, Montealegre radicó una tutela contra el periodista Néstor Morales, director de Blu Radio, por presuntamente vulnerar los derechos al buen nombre y la honra de Hollman Morris, según informaciones reveladas por El Colombiano.

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Todo esto haría parte de una táctica para llevar a los críticos del Gobierno a los tribunales, según se señala en el mencionado medio. La prensa, a la que desde RTVC se le ha llamado “corporativos hegemónicos”, es un objetivo frecuente. En los últimos meses, RTVC ha adoptado un enfoque más alineado con el discurso del Gobierno, alejándose de su papel como medio estatal neutral.

Montealegre también ha sido visto en las oficinas de Hollman Morris en RTVC, lo que generó especulaciones sobre su posible participación en los contenidos del canal, que ahora mezcla noticias y opinión en defensa de la administración actual.

Uno de los episodios que ilustra este giro mediático ocurrió cuando RTVC anunció una entrevista exclusiva sobre un supuesto atentado contra el presidente Petro. La entrevista resultó ser con el pastor Alfredo Saade, que no presentó pruebas concretas sobre el plan de envenenamiento que denunció. Pese a las inconsistencias, Saade siguió promoviendo estas afirmaciones durante la marcha en apoyo a la reforma pensional del Gobierno.

Este enfoque mediático ha sido complementado por la ofensiva judicial liderada por Montealegre, quien ha jugado un papel activo en la defensa de RTVC en casos penales. De acuerdo con documentos obtenidos por El Colombiano, el exfiscal tiene un contrato con RTVC por alrededor de 24 millones de pesos mensuales, lo que suma un total de 268 millones de pesos. No está claro si sus otros casos, como el de Federico Gutiérrez, están cubiertos por este acuerdo o financiados por terceros.

Montealegre ha estado involucrado en varios frentes. Inicialmente, fue asesor en los diálogos de paz del actual Gobierno, aunque renunció antes de la posesión de Petro. También ha participado en las audiencias contra Álvaro Uribe por el caso de fraude procesal y soborno a testigos. Ahora, su protagonismo se extiende a los tribunales, donde actúa contra los críticos del presidente.

En la mañana del martes 24 de septiembre, el exalcalde Daniel Quintero confirmó las acciones legales tomadas por parte suya contra el alcalde Federico Gutiérrez por supuesta injuria y calumnia.

A través de un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter), Quintero detalló las razones detrás de esta denuncia y señaló que ha estado esperando durante 12 meses las pruebas que Gutiérrez prometió presentar en su contra, pero que, según él, nunca llegaron. De acuerdo con sus palabras, “las pruebas nunca llegaron. Ninguna”.

Quintero defiende que su administración fue transparente, describiendo su gobierno como “un libro abierto” y sugiriendo que el tiempo ha demostrado la falta de fundamento en las acusaciones en su contra.

En una rueda de prensa, Quintero estuvo acompañado por el exfiscal Luis Eduardo Montealegre, el cual hizo énfasis en la pena que podría llevarse Gutiérrez: 18 años, teniendo en cuenta el supuesto impacto en los pronunciamientos del alcalde.

Uno de los puntos clave en la denuncia es la afirmación de que Federico Gutiérrez, junto con varios de sus secretarios y funcionarios públicos, ejecutó una estrategia de campaña basada en la calumnia. Quintero sostiene que Gutiérrez abusó de su posición de poder, mintió y lanzó una campaña sistemática y coordinada en su contra, con el objetivo de manchar su reputación y frenar sus proyectos.

Además, señala que Gutiérrez, al carecer de pruebas suficientes, recurrió a insultos cada vez más ofensivos y agresivos. Para Quintero, este comportamiento fue una muestra de desprecio hacia las instituciones democráticas, la separación de poderes y la ley misma.