La Corte Suprema de Justicia también abrió investigación contra el congresista David Racero por supuestos abusos en su UTL

La Corte Suprema de Justicia le abrió una investigación preliminar al congresista del Pacto Histórico David Racero por presuntamente exigirles parte de su salario a varios integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).

En la Sala de Instrucción del alto tribunal se llevará a cabo el reparto de magistrados para definir la recolección de pruebas, con el propósito de determinar si existen o no méritos para abrir una investigación formal al congresista del Pacto Histórico.

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La decisión de la Corte Suprema de Justicia se conocerá en los días venideros del mes de octubre de 2024.

El dictamen del alto tribunal se da luego de que el periodista Daniel Coronell desde la Revista Cambio y el reporte Coronell en W Radio diera a conocer una serie de mensajes de WhatsApp, donde dejaría en evidencia que el representante pudo haber incurrido en conductas irregulares.

“¿Cuánto es lo del mes?”, preguntó Racero. “Hola David, ayer te llamábamos con Yidis [su esposo] para eso. Cada mes me pagan $8.158.000. Le doy a Yidis $3.500.000. Yo tomo $4.300.000. Quedan $358.000″, le respondió Montoya”, se lee en la columna de opinión de Coronell.

En W Radio el periodista indicó que supuestamente David Racero discute el reparto de contratos en el departamento del Cesar con Álvaro Londoño, un director del Sena.

El informe detalla que Racero sugiere que su “tío”, José Luis Mayorca, podría hablar con el director regional sobre esos contratos.

José Luis Mayorca es un médico y político del Cesar que ha buscado, sin éxito, ser gobernador y senador, y cuyo nombre ha sido vinculado a cuestionamientos en torno a la administración de recursos de campaña, según información de Coronell.

Luego de que se hicieron públicos los chats, el expresidente de la Cámara de Representantes se pronunció, en su cuenta de X, señalando que solicitó a la Procuraduría General de la Nación que adelante las indagaciones respectivas para comprobar su inocencia.

“Tal como lo mencioné ayer. Durante el día de hoy radiqué yo mismo las solicitudes antes Procuraduría y Corte Suprema para que se investigue los hechos narrados en la columna de Daniel Coronel”.

En la misiva enviada a los órganos de control, Racero Mayorca puntualizó que “se investigue mi proceder como Congresista al frente de la gestión de la Unidad Técnica Legislativa -UTL- a mí asignada, no solamente en lo relacionado con las personas y fechas relacionadas en la columna, sino durante todo el tiempo en que he tenido la calidad de Representante”.

El congresista del Pacto Histórico le pidió a la Procuraduría y a la Corte Suprema de Justicia que informe si durante su estancia en el cargo de representante a la Cámara se presentó alguna queja, problema relacionado con la información que publicó el periodista Daniel Coronell en Revista Cambio.

“Quisiera solicitar por este medio se certifique si a la fecha ha existido algún reclamo o investigación a mi nombre relacionada con los hechos narrados en el portal periodístico mencionado”, se lee en el documento.

A su vez, dijo que no contestará a más preguntas por consejo de su abogado, pero se pronunciará lo más pronto posible para explicarle al pueblo colombiano con mayor profundidad sobre sus presuntas conductas irregulares.

La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una indagación previa contra el representante a la Cámara, David Ricardo Racero Mayorca, por la presunta solicitud de dinero a personas que hicieron parte de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).

La Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que, según información publicada en medios de comunicación, el parlamentario habría pedido a una de sus asesoras parte de los ingresos que devengaba en su momento.

De igual manera, Racero Mayorca al parecer impartió órdenes a otro de sus subalternos, que igualmente hacía parte de su UTL, para que se apartara de sus deberes funcionales y atendiera un mercado de frutas y verduras, negocio particular del cual era propietario.

Con el desarrollo de esta etapa procesal y la solicitud de pruebas hecha por el Ente de control se busca verificar la ocurrencia de los hechos denunciados, determinar si son constitutivos de falta disciplinaria; y definir si el servidor actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.