Petro se refirió a conclusión de expertos de la ONU que señaló “impunidad” por actuación de agentes del Estado en el estallido social: “La protesta social no se trata como un crimen”

Esta 30 de septiembre se conoció un informe de Naciones Unidas, específicamente desde Procedimientos Especiales en Derechos Humanos, con motivo de una opinión concertada entre varios expertos sobre el estallido social del 2021, de donde quedaron múltiples denuncias de abuso policial y exceso de fuerza, con muertes, en todo el país.

“Tres años después del mortal paro nacional en Colombia, expertos independientes de la ONU dicen que sigue habiendo una necesidad urgente de establecer la verdad, la justicia y la rendición de cuentas por los asesinatos y otras violaciones de derechos humanos resultantes del uso excesivo de la fuerza policial contra los manifestantes y su incapacidad para prevenir la violencia y la privación de la vida causada por agitadores anti-paro”, se lee en el documento firmado en Ginebra.

El presidente Gustavo Petro se mostró de acuerdo con el texto y lanzó fuertes arremetidas contra el gobierno del expresidente Iván Duque. Así lo expresó en su cuenta de X.

“La protesta social no se trata como un crimen. Criminales fueron los que la consideraron así. Condenaron a la cárcel a miles de jóvenes, a la tortura, a la pérdida de sus ojos, a ser vigilados ilegalmente con “pegasus” a la violación de sus jóvenes, a la muerte. El tratamiento al estallido social pasará a la historia como uno de los más graves delitos cometidos contra los derechos humanos en Colombia. Protestar no es un crimen, es un derecho”.

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El comunicado de prensa de la ONU hace énfasis en los procesos investigativos que quedaron en veremos con el paso de los años después del estallido social. “Tres años después de los eventos de 2021, consideramos inaceptable que las autoridades competentes no hayan avanzado en investigaciones efectivas, de acuerdo con los estándares internacionales, para descubrir los hechos y responsabilizar a los perpetradores. Esta situación permite la impunidad y pone a las víctimas y sus familias en mayor riesgo de amenazas contra su vida y seguridad”, señalan.

En el comunicado también se hace un reconocimiento a la postura del Gobierno frente a casos ocurridos en tal paro nacional. Se habla de la Mesa Técnica Insterinstitucional Permanente para el abordaje de este tema y piden darle continuidad a los procesos de esclarecimiento.

La Fiscalía General de la Nación emitió nuevas directrices que derogan las normas establecidas durante el gobierno del expresidente Iván Duque para el manejo de la protesta social y los desmanes relacionados.

Dichas medidas fueron firmadas por la fiscal Luz Adriana Camargo el 10 de septiembre, y están destinadas a redefinir la manera en que los fiscales deben abordar los casos derivados de posibles excesos en el marco del derecho a la protesta pacífica.

Estas nuevas directrices, que reemplazan las emitidas en junio de 2021 por el entonces fiscal Francisco Barbosa, comprenden 31 puntos divididos en cuatro capítulos fundamentales.

Estos abordan temas como la protección a la protesta pacífica, los límites del poder punitivo del Estado, la tipicidad de los delitos cometidos durante protestas y el procedimiento para la investigación y judicialización de actos delictivos relacionados.

Uno de los puntos más destacados de las nuevas directrices es la descriminalización de la protesta social. Según el documento, los fiscales deben abordar los actos delictivos “sin prejuicios” y sin criminalizar la protesta per se. Por ejemplo, se establece que actos delictivos como robos o agresiones sexuales deben ser investigados por separado y no vinculados necesariamente con la protesta social.

El documento señala que las alteraciones del orden público, que pueden surgir durante las protestas, a menudo tienen más relación con ánimos exacerbados que con una determinación criminal.

Además, se distingue cuidadosamente entre actos de protesta disruptivos y delitos graves, resaltando que expresiones verbales fuertes o gestos simbólicos no deben interpretarse automáticamente como delitos.

Otro aspecto importante es la competencia de la justicia ordinaria para investigar y judicializar delitos cometidos en manifestaciones, preferentemente sobre la Justicia Penal Militar.

“Los fiscales que adelanten investigaciones en contra de miembros de la fuerza pública deberán evaluar que se trate de un miembro en servicio activo y que haya una relación funcional de los delitos con el servicio que presta”, aclara la directriz.

Las capturas deben ser rigurosamente controladas por los fiscales para garantizar la protección del derecho a la protesta y para investigar posibles excesos de la fuerza pública, como torturas o detenciones arbitrarias. En cuanto a las decisiones procesales, las nuevas normas permiten a los fiscales terminar anticipadamente las actuaciones penales, inadmitiendo denuncias sin fundamento.

La directiva también recalca que la violencia contra la policía durante las protestas debe evaluarse para una potencial legítima defensa y cuando se den bloqueos de vías, estos no constituirán un delito a menos que se realicen con violencia o impliquen un peligro común.