Gustavo Petro se despachó tras conocer duro informe de la ONU: “Protestar no es un crimen, es un derecho”

Con un duro pronunciamiento en sus redes sociales, el presidente de la República, Gustavo Petro, reaccionó el lunes 30 de septiembre al más reciente informe del comité de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el que cuestionó que, a tres años de registrarse el paro nacional, considerado como una especie de estallido social en Colombia, aún se registra impunidad sobre el papel de la fuerza pública en la represión de estas movilizaciones.

En su perfil de X, red social que se convirtió en su principal plataforma, Petro puso la lupa sobre las conclusiones del referido informe, aunque insistió en la supuesta utilización por parte del gobierno de Iván Duque Márquez, su antecesor, del programa de espionaje Pegasus; pese a que no existe evidencia alguna, hasta el momento, de que siquiera se haya adquirido este complejo software, contrario a lo que él mismo denunció durante la alocución del 15 de septiembre.

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“La protesta social no se trata como un crimen. Criminales fueron los que la consideraron así. Condenaron a la cárcel a miles de jóvenes, a la tortura, a la pérdida de sus ojos, a ser vigilados ilegalmente con ‘Pegasus’, a la violación de sus jóvenes, a la muerte. El tratamiento al estallido social pasará a la historia como uno de los más graves delitos cometidos contra los derechos humanos en Colombia. Protestar no es un crimen, es un derecho”, afirmó Petro en su perfil de X.

En un comunicado, el grupo de expertos de la organización manifestaron su “profunda preocupación” respecto a la ausencia de avances en la investigación y justicia relacionada con los asesinatos y violaciones de derechos humanos ocurridos durante el paro nacional en Colombia de 2021. Para la ONU, es necesario establecer, de manera urgente, “la verdad, la justicia y la rendición de cuentas” debido al uso excesivo de la fuerza policial, en relación con estos casos.

Para la comisión, quedó en evidencia la incapacidad de prevenir la violencia y la pérdida de vidas por parte de los agitadores antiparo. Y, en ese orden de ideas, la ONU apuntó de manera enfática hacia las autoridades competentes que, en su concepto, no han progresado en las investigaciones, siguiendo parámetros establecidos para llegar al trasfondo de estos acontecimientos: lo cual han calificado, desde todo punto de vista, inaceptable.

“Tres años después de los eventos de 2021, consideramos inaceptable que las autoridades competentes no hayan avanzado en investigaciones efectivas, de acuerdo con los estándares internacionales, para descubrir los hechos y responsabilizar a los perpetradores. Esta situación permite la impunidad y pone a las víctimas y sus familias en mayor riesgo de amenazas contra su vida y seguridad”, se precisó en el comunicado en mención, que generó la dura reacción de Petro.

Para la ONU, los eventos de 2021 en Colombia resultaron en numerosas víctimas debido a la utilización desproporcionada de la fuerza por parte de la policía en contra de los manifestantes. Del mismo modo, el informe hizo énfasis en cómo algunas movilizaciones fueron infiltradas, lo que derivó en actos de violencia y pérdidas de vidas. Estos hechos subrayan la complejidad de la situación y la necesidad de una respuesta integral que contemple todos los aspectos del conflicto.

“Reconocemos los esfuerzos del actual Gobierno en relación con los casos de asesinatos y otras violaciones de derechos humanos cometidas contra manifestantes”, indicó la comisión, que también destacó la directiva recientemente adoptada por la Fiscalía General de la Nación: en la que se busca el reconocimiento, garantía y protección del derecho a la protesta, catalogada a juicio de la ONU como “un paso indiscutible en el camino hacia la justicia”.