¿Qué tan viable es que la Corte Constitucional tumbe el aborto legal? Expertos analizaron el proyecto de ley de la bancada pro-vida

El 28 de septiembre de 2024 se celebra el día internacional de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). En Colombia, la Corte Constitucional, desde hace dos años, reglamentó la despenalización del aborto hasta la semana 24, un hecho sin precedentes para los derechos reproductivos de todas las mujeres en el país. Este logro fue aplaudido por miles de mujeres, que llevaban décadas luchando por el derecho a decidir sobre su propio cuerpo.

En adelante, la “conducta del aborto solo será punible cuando se realice después de la vigésima cuarta (24) semana de gestación”, indicó la Corte Constitucional en un comunicado.

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A su vez, varias organizaciones internacionales como Amnistía Internacional reconocieron el avance normativo del país con respecto al aborto, catalogándolo de revolucionario en la región latinoamericana. Sin embargo, la medida generó polémica entre los sectores más conservadores del país, quienes estaban en contra del aborto al asegurar que dicha intervención está acabando con una vida.

Amnistía Internacional reconoció el avance normativo en erradicar las barreras para acceder al aborto, catalogándolo de revolucionario en América Latina y el Caribe. Sin embargo, el fallo generó polémica entre los sectores más conservadores del país, que rechazan la flexibilización en el procedimiento, argumentando que va en contra de la vida.

Así las cosas, en agosto de 2023, un grupo de congresistas ‘provida’ presentó en el Congreso de la República un proyecto de ley con el objetivo de prohibir el aborto en el territorio nacional. La iniciativa contempla modificar los artículos 5, 11 y 18 de la Constitución Política de 1991, para que el derecho a la vida “sea inviolable a partir del momento mismo de la concepción” y en todas sus etapas.

La propuesta de acto legislativo, también establece en uno de sus dos artículos que dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigencia, el Gobierno nacional deberá presentar un proyecto de ley estatutaria que “desarrolle la protección legal del derecho a la vida del que está por nacer y proteja y promueva los derechos de su madre y de la familia que lo acoge”.

En ese sentido, el senador Mauricio Giraldo del Partido Conservador, uno de los ponentes del proyecto de ley, señaló: “Sabemos que la vida empieza desde el momento de la concepción, la ciencia lo conforma, nadie se puede ir en contra de la ciencia, pero parece que hay unos ‘lobbys’ que quieren imponer la cultura de la muerte”.

Los congresistas Ángela María Vergara, Luis Miguel López Aristizábal, Wadith Manzur, Andrés Jiménez, José Jaime Uscátegui son los firmantes. “Yo quiero llamarlos a todos, porque Colombia es provida, el Congreso también es provida. Somos muchos parlamentarios que estamos defendiendo la vida y es un grupo de todos los partidos, no solo los conservadores, de Colombia Justa – Libres, también hay verdes, del Pacto Histórico”, agregó.

Giraldo también explicó que esta iniciativa busca establecer una mayor presencia estatal y más políticas públicas enfocadas en brindar atención a las mujeres que se encuentran en periodo de gestación. A su juicio, “la mujer aborta cuando no encuentra apoyo, ese es el caso número uno y por eso como Congreso de la República le queremos decir que estamos con ella y que desde el Gobierno se hagan políticas para acompañarla”.

A propósito de hablar sobre el apoyo a las mujeres, envió un mensaje a la Corte Constitucional: “A través de sentencias no puede usurpar el trabajo del Congreso de la República, la separación de poderes se debe mantener. ‘Vivo desde la concepción’ es un proyecto en memoria de todos los bebés que han muerto a causa del aborto”.

Con respecto al proyecto de ley de la bancada provida, Diana Moreno, directora de Incidencia de Profamilia le dijo a Infobae Colombia que ve con preocupación este tipo de iniciativas que cursan en el Congreso, porque implican “que el país retroceda en el tema del reconocimiento al aborto”. Por el contrario, dijo que se deberían centrar esfuerzos para mejorar y permitir el acceso al aborto en todas las regiones del país.

Sobre el futuro de este proyecto, “no veo viable que tumben la reglamentación actual, pues es un tema de salud pública, es un tema de derechos de las mujeres, es un tema de igualdad y de y de lograr que nosotros tengamos un país con garantías para las personas gestantes”, indicó Moreno.

Luisa Fernanda García, abogada constitucionalista de la Universidad del Rosario, en entrevista con Infobae Colombia habló de las consecuencias que podría tener si esta iniciativa llegase a aprobarse en el Congreso de la República. En ese caso, señalo que no cambiaría de mantera drástica la determinación de la Corte Constitucional.

“Si el proyecto de ley pasara todos los filtros que tiene que pasar en el Congreso y luego en la Corte, tendría que decidir qué hacer. Sin embargo, considero que la decisión estaría encaminada a modificar el número de semanas permitidas para practicar el aborto y restringir un poco el plazo de la interrupción de embarazo”, sostuvo la experta.

Aun cuando, uno de los principales argumentos de la coalición anti-aborto es la protección al derecho a la vida, en caso de un debate, “la Corte reconoce, el libre albedrío y la libertad de la mujer de decidir sobre su cuerpo, decidir sobre su vida”. En ese sentido, dijo que habría una ponderación de derechos, lo que haría que “la Corte que no decidiera abruptamente prohibir aborto”.

García también dijo que la circular de la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) no estaría en peligro, ya que esta busca proteger la vida de las mujeres en estado de gestación al garantizar la prestación óptima del servicio en los centros médicos, por lo que no iría en contra de los postulados del proyecto de ley.

En definitiva, es poco probable que lo que propone el proyecto suceda, pero es importante hacer seguimiento a los debates en torno a esta iniciativa y su evolución para evitar que fomente retrocesos con respecto a la interrupción voluntaria del embarazo, concluyó la abogada constitucionalista.