Esta es la historia del aborto en Colombia: del crimen a un derecho reproductivo de las mujeres

28 de septiembre y el mundo conmemora, por un año más, el Día por la Despenalización y Legalización del Aborto que, en el caso colombiano, ha atravesado por avances y reversos por parte de grupos de mujeres que siguen luchando por consolidar sus derechos sexuales y reproductivos.

Y es que, aunque en Colombia el aborto fue legalizado por la Corte Constitucional en febrero de 2022, proclamado por los grupos feministas como una victoria en la lucha por el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, lo cierto es que es una pelea que dicha población ha dado desde la época de la Colonia.

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De hecho, el aborto ha sido motivo de acalorados debates entre los defensores de los derechos reproductivos, sectores políticos y la Iglesia católica, que ha jugado un papel predominante en la configuración de las leyes y políticas relacionadas con el cuerpo femenino.

Durante la época colonial y el siglo XIX, el aborto en Colombia estaba prohibido sin excepciones, y era considerado un crimen grave. Las ideas de moralidad que imperaban en el país estaban profundamente influenciadas por la Iglesia católica, que veía el aborto como un pecado y un atentado contra la vida.

La criminalización de las mujeres que abortaban y de quienes facilitaban el procedimiento reflejaba no solo un interés en la protección de la vida, También un control férreo sobre los cuerpos femeninos, en un contexto de fuerte patriarcado y obediencia a las normas religiosas.

Incluso, el Código Penal colombiano, que se inspiraba en las leyes españolas coloniales, consideraba el aborto como un delito. Las mujeres que interrumpían su embarazo podían enfrentarse a duras sanciones, incluidas largas condenas en prisión, una situación que se extendió por más de un siglo.

Con la llegada de la modernidad y los cambios en la política global con relación a los derechos humanos y la salud pública, las primeras décadas del siglo XX fueron esenciales para que surgieran los primeros movimientos sociales y feministas que cuestionaron la prohibición absoluta de la interrupción voluntaria del aborto (IVE).

Sin embargo, en Colombia, la penalización del aborto seguía siendo estricta. El Código Penal de 1936 y sus modificaciones posteriores mantenían las sanciones contra el aborto bajo cualquier circunstancia, con condenas de hasta cuatro años de prisión para quien fuera descubierta.

Pero a partir de 1970, la sociedad colombiana experimentó un proceso de transformación, con el surgimiento de movimientos feministas que empezaron a exigir una mayor participación de las mujeres en la vida pública y a reclamar derechos reproductivos. A pesar de que en otros países de la región se empezaban a introducir reformas más progresistas, en Colombia el aborto seguía siendo un tema tabú y altamente penalizado.

Durante las décadas del 70 y 80, el feminismo en Colombia comenzó a ganar fuerza. Las mujeres empezaron a organizarse, exigiendo una transformación en las leyes que afectaban su autonomía corporal, y el aborto se convirtió en un punto central de la discusión.

Incluso, con creación de la Constitución Política de 1991, que proclamó al país como un Estado pluralista y liberal, los movimientos feministas y de derechos humanos vieron una oportunidad para avanzar en los derechos reproductivos. La nueva Constitución reconocía la dignidad de la mujer y su derecho a la igualdad, abriendo una puerta para futuras reformas.

A pesar de estos avances, el aborto seguía siendo ilegal en todas sus formas, sin excepciones. Las mujeres que enfrentaban complicaciones en su embarazo, que habían sido víctimas de violación o que llevaban fetos con malformaciones graves no tenían ninguna opción legal para interrumpir su embarazo.

El verdadero punto de inflexión en la historia del aborto en Colombia llegó en mayo de 2006 con la emblemática Sentencia C-355 de la Corte Constitucional. En respuesta a una demanda interpuesta en 2005 por la abogada bogotana Mónica del Pilar Roa, quien argumentó que la penalización total del aborto violaba los derechos fundamentales de las mujeres, la Corte falló por primera vez a favor de la despenalización parcial del aborto en tres circunstancias específicas:

• Riesgo para la vida o la salud de la mujer (física o mental).
• Graves malformaciones del feto que hagan inviable su vida fuera del útero, y
• Embarazos resultantes de violación, incesto o inseminación artificial no consentida.

Este fallo fue revolucionario, no solo porque permitía el aborto en ciertas condiciones, sino porque representaba un reconocimiento del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y su salud, aunque fuera en circunstancias específicas, pese a que seguía habiendo fuertes resistencias en sectores conservadores y religiosos, el fallo de la Corte estableció un precedente importante.

Sin embargo, a pesar de la despenalización parcial, la implementación del derecho al aborto en Colombia no fue sencilla. Las mujeres se enfrentaron a múltiples barreras para acceder a este derecho.

Entre las principales dificultades se encontraban con la falta de información que dejaba a muchas mujeres sin oportunidades de hacer valer sus derechos y llevar sus embarazos a término a pesar del riesgo que pudiera representar para su integridad física y mental.

Además, el estigma social también cohibió a un gran número de mujeres de acudir a servicios de salud por temor a ser juzgadas o discriminadas y, no menos importante, muchos profesionales invocaron la objeción de conciencia para negarse a realizar abortos, incluso en casos donde estaba permitido por la ley.

El siguiente gran paso ocurrió en febrero de 2022 cuando, en respuesta a una demanda del movimiento Causa Justa, la Corte Constitucional tomó la histórica decisión de despenalizar el aborto hasta la semana 24 de gestación. Esta decisión convirtió a Colombia en uno de los países más progresistas de América Latina en términos de derechos reproductivos, al permitir que las mujeres puedan acceder a un aborto libre hasta esa etapa del embarazo, sin necesidad de justificar su decisión.

Después de la semana 24, el aborto sigue siendo legal bajo las tres causales establecidas en 2006. Este avance marcó un hito importante en la lucha por los derechos de las mujeres, aunque la decisión también generó un intenso debate social y político en el país, con sectores conservadores denunciando la medida y organizando protestas.