Un grupo de congresistas, junto con organizaciones de la sociedad civil, presentó una iniciativa legislativa que busca penalizar la violencia de género digital en Colombia.
Según cifras del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Ministerio TIC), el 60% de las mujeres en el país han sido víctimas de este tipo de violencia. Las sanciones propuestas en el proyecto de ley van desde 16 hasta 54 meses de prisión o 4.5 años de cárcel.
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El proyecto propone modificar la Ley 1257 de 2008 y el Código Penal para sancionar conductas relacionadas con la creación, difusión, sustracción y distribución no consentida de material íntimo erótico o sexual. Esto significa que quienes divulguen este tipo de contenido sin permiso podrían enfrentar penas de prisión.
La senadora Clara López Obregón destacó la importancia de reconocer todas las formas de violencia de género, incluyendo las que ocurren en el entorno digital.
“Estamos seguras de que esta es la ley que necesitamos, una iniciativa consensuada con expertas para dar un paso decisivo hacia la protección de los derechos de las mujeres y la promoción de un ambiente digital seguro y respetuoso”, afirmó López Obregón.
El proyecto de ley contempla varias estrategias para abordar el problema. En primer lugar, se propone la creación de programas de sensibilización sobre el uso responsable de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en los ámbitos educativos, laborales y de salud. Esto incluye la capacitación de docentes y la inclusión de contenidos sobre violencia de género digital en los planes de estudio.
Además, se implementará una Ruta Única de Atención para las víctimas de violencia de género digital. Esta ruta integrará servicios de asesoría, apoyo psicológico y legal, con el objetivo de brindar una atención integral a las víctimas. También se establecerán mecanismos de protección de urgencia para garantizar la seguridad de las víctimas y la posibilidad de realizar audiencias cerradas en casos de violencia para proteger su identidad.
La senadora Ana María Castañeda, la representante Ingrid Aguirre y otras figuras políticas han mostrado su apoyo a esta iniciativa, haciendo hincapié en la necesidad de una legislación que aborde de manera efectiva la violencia de género en el entorno digital. Según Blu Radio, la propuesta ha sido bien recibida por diversas organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa de los derechos de las mujeres.
El proyecto también busca fomentar la colaboración entre diferentes sectores para crear un entorno digital más seguro. Se espera que la implementación de estas medidas contribuya a la reducción de la violencia de género digital y a la promoción de un uso más responsable y respetuoso de las TIC.
La legislación actual
La extorsión sexual y la divulgación no consensuada de contenido explícito son problemas graves que afectan a muchas personas en todo el mundo. Estos delitos, conocidos también como sextorsión y pornografía no consensuada, respectivamente, han llevado a la creación de leyes específicas en varios países para proteger a las víctimas y castigar a los perpetradores.
La sextorsión ocurre cuando alguien utiliza material sexualmente explícito, como fotos o videos íntimos, para chantajear o coaccionar a otra persona. Este delito es considerado grave en muchas jurisdicciones. Por ejemplo, en México, la Ley Olimpia, misma que se está promoviendo en Colombia, impone penas de hasta seis años de cárcel a quienes difundan sin consentimiento imágenes íntimas.
Por su parte, la divulgación no consensuada de contenido explícito se refiere a la acción de compartir imágenes o videos íntimos de otra persona sin su permiso. Este acto es considerado un delito de descubrimiento o revelación de secretos en muchas naciones. En Colombia, la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales establece que compartir contenido íntimo sin consentimiento puede resultar en penas de hasta doce años de cárcel.
Las leyes están evolucionando para ofrecer una mejor protección a las víctimas y asegurar que los infractores sean responsables de sus actos. Se busca minimizar la revictimización y garantizar que las personas afectadas reciban el apoyo necesario. Algunos países están adoptando legislación específica para abordar la sextorsión de manera más efectiva.
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