El alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, expresó su postura sobre el futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), provocando un fuerte debate en pro y en contra de sus declaraciones.
“El cierre del proceso de Justicia y Paz, el mismo cierre de la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz), que también es muy importante y que de todas maneras en ese cierre se puedan acoger personas u otras entidades, incluso puede ser propicio para una organización como el ELN, porque es muy difícil generar nuevos procesos de justicia”, dijo Patiño.
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Sus palabras fueron interpretadas como una amenaza a la reparación de las víctimas y al cumplimiento del proceso de paz firmado con las extintas Farc en La Habana (Cuba). Por ello, el viernes 27 de septiembre, el alto comisionado aclaró que no existen intenciones por parte del Gobierno de Petro de cerrar la JEP, sino de acelerar los procesos investigativos y condenatorios para que se cumpla el objetivo para el cual fue creado el alto tribunal.
”Yo no he dicho que hay que acabarla, hay que irla cerrando. Es una justicia transicional y, desde luego, creo que puede cumplir una misión aquí. El entendimiento sobre este tema ha sido un poco exagerado (...) Aquí en Colombia hay demasiadas justicias”, expuso en una entrevista con W Radio.
Al respecto, en la misma entrevista, el presidente de la JEP, Roberto Carlos Vidal, agradeció la aclaración del alto comisionado y confirmó nuevamente que el tribunal trabajará en los 11 macrocasos (líneas de investigación) que tiene actualmente, y no abrirá más, debido a la urgencia de concluir esta etapa del conflicto armado colombiano y avanzar en los procesos en curso.
“Hace dos años cerramos la posibilidad de abrir más macrocasos. Los casos de la JEP son 11, con miles de hechos y cientos de miles de víctimas. No va a haber nuevos macrocasos; eso es difícil de comunicar a las víctimas, pero justamente, para ser consecuentes con nuestra temporalidad, estamos concentrados en terminar esas investigaciones”, sostuvo el presidente de la JEP.
Del mismo modo, destacó la importancia de llamar a testimonio a mandos regionales de las extintas Farc para abordar temas puntuales sobre el secuestro, y no solo al secretariado, como inicialmente se tenía contemplado.
“Esto ha permitido a las víctimas acceder a una verdad que había estado oculta. Las víctimas de secuestro han exigido mucha más verdad de la que pueden ofrecer los miembros del secretariado. Por eso se ha llamado a mandos regionales, que son los únicos que pueden responder preguntas de las víctimas, como: ¿por qué secuestraron a mi papá?, ¿dónde lo tuvieron?, ¿dónde está enterrado? Esas preguntas no las podía responder el secretariado”, afirmó al medio reseñado.
Asimismo, garantizó que continúan trabajando en la imposición de las primeras condenas, especialmente las del secretariado de las Farc, e instó al Gobierno a cumplir con el compromiso de entregar cerca de medio billón de pesos para poder ejecutar los proyectos de sanción que recaigan sobre los máximos responsables.
La JEP también ha sido objeto de señalamientos por parte de la Procuraduría General de la Nación, que ha criticado el escaso avance en el macrocaso 07, el cual está a cargo de la magistrada Lily Rueda.
Además de las demoras en la toma de versiones voluntarias a excombatientes indiciados, el ente de control señaló irregularidades en el traslado de la información y poca atención hacia los representantes de las víctimas en sus solicitudes.
”A juicio del Ministerio Público, esta situación desconoce los derechos de las víctimas a la verdad y a la garantía de no repetición, vulnera el principio de estricta temporalidad, el acceso a la administración de justicia, el acceso a un recurso judicial efectivo, la dignidad y las garantías de no repetición”, se lee en el documento conocido por W Radio.