El Clan del Golfo amenazó a exintegrantes de las Farc: “Tienen 72 horas para desalojar o muerte”

El clan del Golfo intensificó sus amenazas contra los miembros de la Asociación Nacional de Firmantes del Acuerdo de Paz (Anfap), exigiendo millonarias sumas de dinero y declarando a varios de sus líderes como objetivos militares.

Desde mayo de 2024, los directivos de la Anfap han recibido mensajes intimidatorios en sus celulares, en los que se les da un plazo de 72 horas para desalojar o enfrentar la muerte, según denuncias de los excombatientes.

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“El Estado Mayor de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia declara objetivo militar al guerrillero César Augusto Tamayo, Claudia Juliana Bustos Jiménez, Carmen Jurado, Jhon Tamayo y a toda la junta directiva de la Asociación que representa la Anfap. Quienes trabajan por el país sabemos de sus movimientos. Tienen 72 horas para desalojar o muerte”, afirmaron en la Asociación.

Una de esas amenazas se dio el 28 de agosto, cuando la tesorera de la Asociación recibió varias llamadas en las que presuntos paramilitares le exigían grandes sumas de dinero a cambio de no ser declarada objetivo militar.

Estos hostigamientos también estarían relacionados con un proyecto colectivo de cultivos de palma aceitera en el Magdalena Medio, liderado por la tesorera, que busca generar oportunidades para los excombatientes.

César Augusto Tamayo, presidente de la Anfap, manifestó que las amenazas ponen en riesgo la vida de los firmantes del Acuerdo de Paz y criticaron la falta de atención por parte del Estado.

En noviembre de 2023, la Asociación interpuso una denuncia contra el Estado colombiano por el asesinato masivo de firmantes de paz y por el incumplimiento del Acuerdo de Paz en algunos sectores.

“Hemos presentado la denuncia por el genocidio de los firmantes y por el incumplimiento del Acuerdo de Paz con algunos de los sectores. El partido Comunes se ha apoderado de todo el Acuerdo y quienes no estamos dentro del partido no tenemos seguridad ni derechos políticos”, dijo Tamayo a Colombia + 20 de El Espectador.

Tamayo afirmó que más de 15 organizaciones en todo el territorio han quedado desprotegidas y que 9.000 firmantes podrían estar en riesgo al no pertenecer al partido político Comunes, surgido tras la firma del Acuerdo.

Los hostigamientos en Santander forman parte de la estrategia del clan del Golfo para ocupar municipios que aún no están bajo su dominio y ejercer más control territorial, como lo ha hecho en algunas regiones al sur de Bolívar. Santander es un punto clave para la expansión del clan desde el noroccidente hacia el centro del país, y se ha advertido sobre sus intenciones de extenderse hacia la región del Catatumbo.

Esta expansión le permitiría al clan del Golfo controlar uno de los corredores más importantes de narcotráfico y minería ilegal en el país, ampliando así sus rentas criminales.

La presencia del clan en varias ciudades de Santander también estaría ligada a la conformación de organizaciones criminales de alto nivel. La situación en la región es crítica, y los excombatientes de la Anfap continúan enfrentando amenazas y extorsiones que ponen en peligro sus vidas y sus esfuerzos por reintegrarse a la sociedad.

Colombia enfrenta un panorama alarmante con respecto a la seguridad de los firmantes del Acuerdo de Paz. Desde la firma del acuerdo en 2016, hasta el 26 de junio de 2024, se han reportado 421 firmantes asesinados, según un informe de la Misión de Verificación al Acuerdo de Paz de la ONU en Colombia. Este contexto de violencia genera preocupación sobre la estabilidad del proceso de paz y la reincorporación de los excombatientes a la sociedad.

En 2019, se registró el año más violento desde la firma del acuerdo, se registraron 80 excombatientes asesinados. En lo que va de 2024, hasta el 26 de junio, se contabilizaron 13 firmantes asesinados. Además, se documentaron 142 intentos de homicidio y 40 desapariciones de firmantes de paz. Los departamentos más afectados por estas violaciones a los derechos de los firmantes han sido Arauca, Caquetá, Cauca, Huila y Putumayo.

En junio de 2023, una comunidad de firmantes del acuerdo asentada en un Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (Etcr) en Miravalle, Caquetá, tuvo que abandonar el territorio debido a constantes amenazas y enfrentamientos armados con el Estado Mayor Central (EMC). De manera similar, en marzo de 2023, excombatientes en el Etcr Mariana Páez, ubicado en la vereda de Mesetas, Meta, también se vieron obligados a desplazarse por el riesgo inminente de violencia ante la presencia del EMC en la zona.

Las amenazas no son un fenómeno nuevo para los firmantes del acuerdo. En varias ocasiones, han denunciado que estas intimidaciones ponen en peligro el Acuerdo de Paz y sus procesos de reincorporación. En un caso específico, las disidencias comandadas por Iván Mordisco dieron un ultimátum de 30 días a los firmantes para abandonar los territorios en los que se encontraban.

El informe de la ONU resalta la gravedad de la situación y la necesidad de medidas urgentes para proteger a los firmantes del acuerdo y garantizar la continuidad del proceso de paz en Colombia. La violencia y las amenazas constantes no solo afectan la seguridad de los excombatientes, sino que también socavan los esfuerzos por construir una paz duradera en el país.