Grupos campesinos amenazaron con huelga nacional si el Gobierno no concreta una reunión con disidentes de las Farc: “Nos dejan en la incertidumbre”

Campesinos de varias regiones de Colombia han anunciado un paro nacional indefinido si no se concreta una reunión con la disidencia de las Farc comandada por Calarcá Córdoba.

Según informó El Espectador, los campesinos de áreas cercanas al Parque Nacional Natural Sierra del Chiribiquete expresaron su descontento a través de un comunicado dirigido tanto al Gobierno como a la disidencia.

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Las comunidades veredales de Puerto Cachicamo, La Catalina, Puerto Nuevo y Campo Hermoso consideran que la reunión, que debía realizarse en La Macarena, Meta, era crucial para las iniciativas de transformaciones territoriales en el marco del proceso de paz.

Sin embargo, denuncian que la falta de apoyo de varios Ministerios, entre ellos el de Ambiente, liderado por Susana Muhamad, y el de Defensa, encabezado por Iván Velásquez, ha sido el principal obstáculo para la realización de dicho encuentro, que ya ha sido aplazado en dos ocasiones.

“Exigimos se nos confirme la nueva fecha para realizar la agenda. La fecha para la confirmación de la nueva agenda no puede pasar del día 30 de septiembre del 2024, Si a esta fecha no conocemos la fecha del nuevo encuentro, nos obligarían a convocar a un PARO CAMPESINO NACIONAL INDEFINIDO”, dice el documento.

En el comunicado, los campesinos señalaron que la delegación del Gobierno no cuenta con el respaldo necesario de los ministerios para abordar y solucionar las dificultades diarias. “En términos coloquiales, hay varios Ministerios que no le caminan a la paz total y nos dejan en la incertidumbre en el tema de las transformaciones territoriales (…) Ministerios como el de Ambiente y Defensa ponen trabas para venir a las regiones”, afirmaron.

Las comunidades afectadas consideran que el encuentro es vital para avanzar en las transformaciones territoriales y en la implementación de proyectos que beneficien a las regiones.

La falta de apoyo y la postergación de la reunión han generado un clima de incertidumbre y descontento entre los campesinos, quienes ven en el paro una medida de presión para que sus demandas sean atendidas.

Fuentes cercanas informaron a El Espectador que ambas delegaciones habían planeado el encuentro en La Macarena desde hace varias semanas y que ha sido aplazado al menos tres veces. El aplazamiento más reciente se debió a la gira de dos días llamada “Salvemos la selva”, en la que participaron el presidente Gustavo Petro y el Ministerio de Ambiente por Guaviare, Meta y Caquetá. Durante ese evento, se discutieron garantías para contener la deforestación y la implementación del programa Conservar Paga.

Algunas organizaciones campesinas consideran que la coincidencia de fechas entre el encuentro del Ministerio de Ambiente y la reunión de las delegaciones fue un boicot, ya que el evento ambiental se había planeado en una reunión extraordinaria el 9 de agosto del 2024. Otras fuentes, que prefirieron no ser identificadas por seguridad, afirmaron que representantes del Ministerio de Ambiente han puesto trabas o se han opuesto a iniciativas de transformación territorial relacionadas con temas agrícolas o ambientales, sin ofrecer soluciones alternativas.

En un reciente informe del medio mencionado, se expone que existe una pugna dentro del Gobierno de Petro por el modelo de seguridad y las acciones territoriales que llevan varios ministerios mientras se negocia la paz con los grupos armados.

El contexto regional en el que se desarrolla este cambio también ha incluido áreas complejas. En Meta, Guaviare y Caquetá, donde opera la disidencia de Calarcá Córdoba, se ha ordenado un cambio en las maniobras militares para contrarrestar delitos como la extorsión, la deforestación, la minería ilegal y el narcotráfico. En este contexto, cerca de 100 soldados fueron retenidos en Guaviare por la comunidad, que afirmaba que su presencia aumentaría la conflictividad en el territorio. Entre las acciones recientes, se destruyeron puentes rudimentarios que, según las autoridades, eran utilizados por estos grupos para transportar drogas y explotar recursos naturales; pero según las comunidades, eran parte de vías de acceso rurales.

En el comunicado, los campesinos afirman que “en lugar de recibir proyectos que promuevan el bienestar social, el Gobierno ha respondido con violencia. ¿De cuál PAZ se puede hablar?, si nunca llevan proyectos que aporten al bienestar social y buen vivir de los campesinos, pero la Ministra de Ambiente y el Ministro de Defensa sí mandan balas, humillación, despojo, desplazamiento, hambre y destrozo”, dice el texto.

El documento también contiene críticas directas a la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, señalando que el discurso oficial “cambia cuando los funcionarios están frente a los campesinos”. Según los firmantes del documento, los representantes gubernamentales no tienen el valor de enfrentar a las comunidades tras las “barbaries cometidas” y se muestran distantes e insensibles a las necesidades y demandas del campesinado.

Las exigencias de las comunidades no son solo demandas de justicia y paz, sino también un llamado a que el Gobierno respete su compromiso con la transformación territorial y la protección de los derechos de los campesinos que han habitado estas tierras durante décadas.

El 17 de septiembre, estas mismas comunidades campesinas de los departamentos de Caquetá, Meta y Guaviare exigieron a Petro tomar acciones ante la reciente amenaza de Iván Mordisco, quien está en confrontación con la disidencia de Calarcá Córdoba. En un comunicado, Mordisco advirtió su decisión de “retomar” el control de las regiones del Pato Balsillas, San Vicente del Caguán, los Llanos del Yari y la Serranía de La Macarena, dando un ultimátum a los habitantes.

“Esto implica una dura confrontación, por lo cual no queremos ver implicada a la población civil en esta guerra iniciada. Sería muy doloroso para nosotros que en esta retoma de nuestras históricas áreas murieran habitantes de las regiones mencionadas por el solo hecho de no acatar las orientaciones”, dice el documento difundido por la disidencia de Mordisco.

Líderes sociales de estas regiones aseguraron que las amenazas no son nuevas, sino que forman parte de un proceso de expansión del grupo guerrillero que lleva más de dos años, con presiones a las Juntas de Acción Comunal y las organizaciones que hacen incidencia en los territorios.

“Hay temor porque no habíamos tenido señalamientos en un comunicado donde se hablara de organizaciones con nombre propio, de procesos de defensa como las guardias campesinas. Sentimos que es una nueva forma de retaliación y esto genera miedo. No se sabe en este río revuelto quién va a ser el ganador, pero los perdedores sí vamos a ser las comunidades étnicas y campesinas”, dijo a El Espectador un delegado del Proceso La Cordillera, que reúne a organizaciones campesinas de Caquetá.