La Corte Suprema abrirá investigación por injuria y calumnia contra congresista que aseguró que el alcalde de Santa Marta está vinculado con grupos ilegales

El 15 de octubre de 2023, Ingrid Johana Aguirre Juvinao, representante a la Cámara por Magdalena y candidata principal del partido Fuerza Ciudadana, publicó un video en su cuenta de X acusando al alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, de tener vínculos con grupos ilegales.

En uno de los videos publicados, Aguirre Juvinao afirmó: “Aquí el de los clanes mafiosos, y el que tiene todo un presunto prontuario ligado a las mafias es usted. Cómo se atreve a instrumentalizar la seguridad, cuando son sus aliados, ligados a las mafias, los que han desplegado toda una operación para retomar el poder en el territorio”.

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Además, la congresista señaló que los financiadores del alcalde están detrás de la ola de inseguridad en Santa Marta, creando caos y miedo para recobrar el territorio de las mafias.

La situación se agrava en el contexto de las elecciones locales, donde la hermana del exgobernador Carlos Caicedo, Patricia Caicedo, fue inhabilitada para ser candidata a la alcaldía de Santa Marta.

Esta decisión fue respaldada por un concepto de la Procuraduría conocido por la revista Semana. En el mismo video, Aguirre Juvinao hizo referencia a la anulación de la inscripción de Patricia Caicedo, destacando que la inhabilitación fue un golpe para el movimiento Fuerza Ciudadana.

El conflicto político en Santa Marta también ha afectado a otros miembros del movimiento. Rafael Martínez, exalcalde de Santa Marta y mano derecha de Carlos Caicedo, estuvo cerca de ver su aspiración a la gobernación truncada en las elecciones pasadas, aunque finalmente fue elegido gobernador.

Esta grave acusación ha llevado a la Corte Suprema de Justicia a abrir una investigación formal en su contra por los delitos de injuria y calumnia, lo que plantea serios cuestionamientos sobre su trayectoria política.

Nacida el 12 de mayo de 1980 en Ciénaga, Magdalena, Aguirre ha logrado un ascenso en la política local y nacional. Se graduó en administración de empresas de la Universidad Cooperativa de Colombia y tiene una especialización en Servicios Públicos Domiciliarios de la Universidad Externado de Colombia.

Su carrera comenzó en el sector salud, destacándose en diversas empresas, antes de ser gerente general de la Empresa de Servicios del Distrito de Santa Marta (Essmar) durante la alcaldía de Rafael Alejandro Martínez.

Su incorporación a Fuerza Ciudadana, un movimiento liderado por el gobernador Carlos Caicedo Omar, se facilitó a través de un acuerdo político influenciado por su entonces pareja, Rafael de Jesús Ricaurte Gómez, quien fue extraditado a Estados Unidos en 2015 por narcotráfico.

A pesar de la extradición de Ricaurte, Aguirre mantuvo su cargo como secretaria privada de la alcaldía de Caicedo, lo que consolidó su influencia dentro del movimiento.

En el Congreso, Aguirre ha apoyado proyectos significativos como la regulación del cannabis y la reforma educativa, actuando como coautora en iniciativas clave.

Aguirre Juvinao, junto con las senadoras Ana María Castañeda Gómez y Clara Eugenia López Obregón, presentaron un proyecto de ley para combatir la violencia de género digital en Colombia.

La iniciativa, respaldada por 58 congresistas, busca frenar las agresiones virtuales hacia las mujeres y personas diversas, que incluyen desde la difusión no consentida de material íntimo hasta el acoso y la intimidación.

El proyecto de ley propone la creación de una política pública que integre medidas de prevención y sensibilización, así como la penalización de la distribución de material íntimo sin consentimiento. Además, establece una ruta de atención para las víctimas que garantice una respuesta rápida y efectiva, y propone el registro y seguimiento de los casos de violencia digital.

Aguirre, una de las autoras del proyecto, subrayó la importancia de esta ley para las mujeres en Colombia. “Como mujer y congresista, he sido testigo y víctima del acoso digital que tantas mujeres sufrimos a diario en redes sociales.

Este proyecto no es solo una respuesta a una problemática urgente, es una herramienta que permitirá a las mujeres defenderse y dejar de ser víctimas de estos actos que tanto daño nos causan”, declaró Aguirre.

El proyecto de ley también contempla la participación de varios ministerios, incluyendo los de TIC, Salud, Trabajo, Educación, Interior e Igualdad, para adoptar las medidas necesarias en sus respectivos ámbitos. La iniciativa busca cerrar una brecha importante en la protección de las mujeres en un mundo cada vez más digitalizado.