Gobierno de Gustavo Petro obtuvo vía libre para solicitar nuevo crédito por más de 138 millones de dólares

El 17 de septiembre de 2024, el director de Crédito Público, José Roberto Acosta, lanzó fuertes críticas contra la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público del Congreso de la República y advirtió que Colombia estaba en riesgo de default para cumplir con compromisos crediticios con la banca multilateral.

De acuerdo con el funcionario, era lamentable que la Comisión no haya logrado el cuórum necesario en sus últimas seis convocatorias, lo que impidió al Gobierno de Gustavo Petro emitir bonos nacionales en el exterior y suscribir nuevos créditos, indispensables para mantener el cumplimiento de los compromisos financieros del país. “Estas sesiones eran cruciales para permitirle al Gobierno nacional emitir bonos en el exterior y firmar contratos de crédito con la banca multilateral”, declaró Acosta.

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Tras esto, el 25 de septiembre, la Comisión logró finalmente completar el quórum después de los intentos fallidos. Los miembros de esta se reunieron desde las 9:00 a. m. en las oficinas del Ministerio de Hacienda, para entregar el concepto favorable de un préstamo de USD138,5 millones que se hará a organismos multilaterales.

Tras una reunión extendida, se otorgó “un concepto único favorable a la Nación para otorgar una garantía a la Financiera de Desarrollo Nacional SA (FDN) para contratar una operación de crédito público externo”. Este préstamo estará dirigido a la transición energética, alineándose con los objetivos del Gobierno nacional para el resto de 2024 y la planificación financiera.

Es importante destacar que esta decisión no equivale a una aprobación directa para que el país adquiera el préstamo. Es decir, el concepto favorable no es vinculante. Durante la próxima reunión, el martes 1 de octubre, se evaluarán las entidades con créditos previamente autorizados por la comisión. Además, están pendientes de otros USD2.500 millones para obtener un concepto favorable, que según José Roberto son fundamentales para gestionar la deuda externa del país.

Otro anuncio importante, recientemente, fue la aprobación previa de las Comisiones Económicas del Congreso de la República de la ampliación del cupo de endeudamiento por un monto de USD17.607 millones. Este aumento es fundamental para avanzar en el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 y gestionar la deuda con organismos multilaterales.

En medio de la sesión, el representante a la Cámara Wilmer Castellanos dio a conocer que se aclararon los comentarios “mal intencionados” hechos por el director de Crédito Público la semana pasada.

El congresista aclaró lo siguiente:

• No los citaron a seis sesiones, los citaron, como dicta la ley, tan solo a dos y una la aplazó el Ministerio de Hacienda.
• Es falso que no entraron la semana pasada a la sesión de la comisión de Crédito Público para no hacer quórum.
• No es cierto que se cuente con toda la claridad necesaria para avanzar en la aprobación de los conceptos de cada operación de crédito.

“Desde la semana pasada se concertó con el ministro (Ricardo Bonilla) y atendió nuestra solicitud de discutir cada operación de manera individual y por eso logramos avanzar”, dijo. Anotó que se busca deliberar con conocimiento suficiente para tomar decisiones de manera económica y financieramente responsable en la Comisión por el bien del país.

Anterior a esto, el congresista aseguró que la Comisión radicó varios derechos de petición en los que se solicitó información puntual y detallada de cada operación a discutir, que se contestaron de manera incompleta y a pocas horas de la sesión citada, es decir, sin el tiempo necesario para analizar las respuestas de manera previa a la sesión.

En el sentido de lo dicho anteriormente, el representante Castellanos afirmó que, el 12 de agosto de 2024, en medio de la sesión de inducción, hizo una petición verbal de información al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sobre el histórico de las operaciones de crédito aprobados en la legislatura anterior y el estado de ejecución y hasta el día de hoy no hay una respuesta de fondo.

Así las cosas, el congresista anotó que, el 12 de septiembre de 2024, envió un derecho de petición en el que se solicitó información respecto a cifras exactas de la operación del servicio a la deuda, tanto en bonos como en recursos de capital e intereses para 2024 y mes a mes de la vigencia 2025, con el sustento en que el Gobierno solicitó una operación en monto mucho más alta que la necesidad del servicio a la deuda para el 2024.