El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), magistrado Roberto Vidal, advirtió que cualquier intento de cerrar prematuramente este tribunal transicional podría ser interpretado como un incumplimiento de las obligaciones del Estado colombiano en la investigación y sanción de crímenes internacionales.
Esta advertencia se produce en respuesta a las recientes declaraciones del comisionado de Paz, Otty Patiño, que sugirió la posibilidad de clausurar la JEP y establecer un nuevo tribunal para la resolución del conflicto.
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En una rueda de prensa celebrada el jueves 26 de septiembre, Vidal expresó su preocupación por las declaraciones de Patiño, subrayando que un cierre prematuro de la JEP causaría un “enorme perjuicio” al país, a las víctimas del conflicto armado, y a los comparecientes, incluidos los exmiembros de las Farc y los integrantes de la Fuerza Pública.
Vidal enfatizó que la regularización de la situación judicial de estos individuos podría verse comprometida.
“La Jurisdicción Especial para la Paz expresa su preocupación ante las declaraciones públicas del Consejero Comisionado para la Paz, Otty Patiño, en las cuales se refirió a un posible cierre de la JEP. Cualquier cierre prematuro de JEP le causaría un enorme perjuicio al país, a las víctimas, y a aquellos comparecientes que pertenecieron a las extintas Farc y a los miembros de la Fuerza Pública, pues se podría ver comprometida la regularización de su situación judicial”, dijo el magistrado Roberto Vidal durante una rueda de prensa.
El magistrado también recordó que es responsabilidad del Gobierno Nacional garantizar y respetar la temporalidad de la JEP para que esta pueda cumplir con su mandato de investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado. Además, Vidal alertó sobre la posible reacción de la Corte Penal Internacional (CPI) si Colombia no cumple con sus responsabilidades en esta materia.
“La CPI podría considerar el cierre prematuro de la JEP como un incumplimiento de las obligaciones del Estado en la investigación de crímenes de guerra y de lesa humanidad”, afirmó el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz.
La JEP, creada como parte del Acuerdo Final de Paz firmado en 2016, tiene un papel crucial en la estabilización del país, la seguridad jurídica, la protección de los derechos de las víctimas y la reconciliación nacional. Vidal subrayó que cualquier iniciativa del Ejecutivo que busque desmantelar o desacreditar a la JEP es extremadamente riesgosa. “La JEP hace un enérgico llamado a respetar la separación de poderes y a garantizar la autonomía de esta Jurisdicción”, concluyó el magistrado.
Reasignación de fondos del Fondo Colombia en Paz amenaza la autonomía de la JEP
Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) expresó su preocupación por la reasignación de recursos del Fondo Colombia en Paz, originalmente destinados a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Esta situación podría comprometer la capacidad de la JEP para implementar las sanciones y medidas restaurativas que están próximas a dictar, según declaraciones del magistrado Vidal.
El magistrado Vidal señaló que el año pasado se había acordado con el Gobierno destinar $450.000 millones del Fondo Colombia en Paz para las sanciones y el componente restaurativo de la JEP. Sin embargo, recientemente se informó que estos recursos fueron reasignados a otras misiones dentro de la Unidad de Víctimas.
Esta reasignación podría llevar a un escenario en el que la JEP emita sentencias sin contar con los recursos necesarios para ejecutarlas, lo que afectaría la reparación del daño causado a las víctimas y sus comunidades.
La CEJ pidió al Gobierno respetar la independencia y autonomía de la justicia, especialmente de la JEP, que tiene la responsabilidad de investigar y juzgar los delitos más graves cometidos en el marco del conflicto armado. La Corporación subrayó que cualquier afectación a la JEP implicaría un desconocimiento de la Constitución y generaría una gran inestabilidad institucional.
El magistrado Vidal enfatizó que la falta de recursos podría impedir la implementación de las sanciones restaurativas, que son fundamentales para la reparación del daño causado a las víctimas. Estas sanciones incluyen trabajos y proyectos que buscan restaurar el tejido social y económico de las comunidades afectadas por el conflicto.
La CEJ también recordó que el periodo de funcionamiento de la JEP está debidamente establecido y no puede ser alterado o menoscabado. La Corporación advirtió que cualquier intento de afectar las funciones constitucionales y legales de la JEP, o de cualquier otro órgano judicial, sería un grave error que podría desestabilizar el sistema institucional del país.
En resumen, la reasignación de recursos del Fondo Colombia en Paz generó una fuerte preocupación entre los magistrados de la JEP y las organizaciones de justicia, quienes ven en esta medida un riesgo para la implementación efectiva de las sanciones y la reparación de las víctimas del conflicto armado en Colombia.
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