En un incidente alarmante que refleja la crisis en el sistema penitenciario colombiano, un video ha capturado a una guardiana del Inpec propinando golpes a una mujer detenida en la cárcel de El Buen Pastor, ubicada en Bogotá.
Este acto de violencia ocurrió durante un procedimiento de verificación que, en lugar de ser una revisión de rutina, se transformó en una brutal golpiza. Las imágenes, que han circulado ampliamente en redes sociales, muestran cómo la guardiana impone su autoridad con cachetadas, dejando a la interna en un estado de shock ante la agresión.
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El video fue dado a conocer en redes sociales, provocando una rápida indignación pública, ya que las imágenes son perturbadoras. La funcionaria del Inpec, con una actitud desafiante, lanza insultos y golpes a la mujer, quien, a pesar de ser adulta, parece completamente vulnerada ante la agresión.
En un desgarrador intercambio, se escucha a la guardiana gritar: “¡Tan mk! (mientras le da la primera bofetada) Saque lo que tiene ahí. ¿Me vio cara de mk o qué?”, a lo que la reclusa le responde: “Pues no tengo nada”.
Enseguida, la guardiana dice: “Entréguelo” y le propina un segundo golpe. Desesperada, la mujer, quien intenta defenderse con palabras mientras es atacada físicamente, le responde: “Uy, dragoneante, no le estoy faltando el respeto”.
A medida que la guardiana continúa con los insultos, la víctima pierde la compostura, su voz quebrándose visiblemente: “Yo no le estoy faltando el respeto”, insiste. Finalmente, la guardiana le grita: “¡Respeto ni qué mierdas!”.
La situación es aún más alarmante al observar que varias funcionarias del Inpec rodean a la interna durante el ataque, y un perro de seguridad merodea por el área. En este ambiente hostil, nadie interviene para detener la agresión; al contrario, los insultos se multiplican y los golpes se convierten en una norma.
Dinámica de violencia en El Buen Pastor
Organizaciones como Mujeres Libres han utilizado sus plataformas en redes sociales para exponer la difícil situación que enfrentan las internas, quienes no solo sufren abusos físicos, sino que también lidian con problemas de mala calidad en la alimentación y condiciones sanitarias inaceptables. En mayo de 2024, un grupo de mujeres recluidas en El Buen Pastor inició una huelga de hambre como protesta ante estas deplorables condiciones.
En un comunicado emitido por la organización, se explica que la huelga fue desencadenada por la distribución de alimentos de mala calidad, que incluían carne con un olor desagradable. A pesar de las quejas, las autoridades encargadas de la alimentación se negaron a reemplazar los productos, mostrando una alarmante falta de consideración hacia las necesidades básicas de las internas.
Además de la deficiente alimentación, las internas han denunciado graves problemas en las condiciones sanitarias, particularmente en el patio 6, donde se han reportado filtraciones de orina y heces que afectan directamente la cancha donde realizan sus actividades.
Mujeres Libres enfatizó en su comunicado: “Esta situación no solo es indignante, sino que también representa un riesgo significativo para su salud, pudiendo ocasionar problemas graves y enfermedades”.
Recientemente, una interna presentó una acción de tutela que llevó a un juez a garantizar su derecho al acceso a servicios médicos adecuados. La tutela fue interpuesta con la asesoría del Procurador 87 Judicial Penal de Villavicencio, quien destacó las vulneraciones sufridas por la interna desde su traslado desde la penitenciaria de Acacías, Meta.
El recurso legal se centró en la falta de atención médica que la interna había experimentado tras su llegada a Bogotá. A pesar de presentar un diagnóstico de salud desfavorable, no recibió la atención especializada que necesitaba, lo que puso de manifiesto la grave situación de desamparo que enfrentan muchas internas.
“Llamó la atención porque al tratarse de una urgencia solo le han suministrado analgésicos para calmar el dolor, y no ha recibido ayuda alguna desde el penal para agendar citas en su EPS”, enfatizó el procurador delegado.
Ante esta situación, el juez 19 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá ordenó al director de la cárcel garantizar el acceso prioritario a servicios médicos. El fallo del juez subrayó que el sistema penitenciario había incumplido su deber de cuidar la salud de las prisioneras, destacando que “el derecho a la salud no puede ser restringido o afectado por su condición de reclusión”.
