Altus Baquero, magistrado que quiere investigar la campaña de Gustavo Petro, regresará al CNE: Consejo de Estado lo había sacado de la institución

La Corte Constitucional revocó la decisión del Consejo de Estado que removía a Altus Baquero por falta de experiencia profesional. La tutela determinó que cumplía con los requisitos

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El Consejo de Estado explicó
El Consejo de Estado explicó que Altus Baquero no cumplía con el tiempo de experiencia requerido para ser magistrado, sin embargo, la corte determino que sí - crédito Colprensa

Altus Baquero podrá regresar a su cargo en el Consejo Nacional Electoral (CNE) tras una decisión definitiva de la Corte Constitucional. El alto tribunal revisó una tutela presentada por Baquero contra una resolución del Consejo de Estado que había anulado su elección como magistrado del CNE.

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La Corte Constitucional, con ponencia del magistrado Juan Carlos Cortés González, revocó la decisión del Consejo de Estado. Este último había anulado la elección de Baquero al considerar que no cumplía con el tiempo de experiencia profesional necesario para el cargo.

La Corte Constitucional, sin embargo, determinó que la interpretación del Consejo de Estado era demasiado restrictiva y no garantizaba el pleno ejercicio del derecho de acceso a cargos públicos.

Para la Corte Constitucional, la decisión del Consejo de Estado vulneró el derecho de Baquero a acceder a cargos y funciones públicas.

De acuerdo con la Corte,
De acuerdo con la Corte, Baquero si cumplía con los requisitos para ser magistrado del CNE - crédito Colprensa

Según el alto tribunal, Baquero sí cumplía con los requisitos de experiencia profesional necesarios para ser magistrado del CNE, de acuerdo con la forma en que se debe contabilizar dicha experiencia.

“La Sección Quinta acogió la postura más restrictiva y que menos garantiza el pleno ejercicio del derecho de acceso a cargos públicos, para contabilizar el tiempo de experiencia profesional para ser magistrado del CNE”, se lee en la sentencia del alto tribunal.

Además, la Corte Constitucional ordenó al Congreso que se abstenga de adelantar cualquier actuación para suplir la vacancia del cargo ocupado por Baquero hasta que se agote el trámite de la acción de tutela contra la sentencia del Consejo de Estado.

Esta es la resolución con
Esta es la resolución con la que el Consejo Nacional Electoral reintegra oficialmente a Altus Baquero como magistrado - crédito Consejo de Estado

En su tutela, Baquero argumentó que se le habían vulnerado sus derechos constitucionales debido a la interpretación restrictiva del Consejo de Estado sobre su experiencia profesional. La Corte Constitucional respaldó esta postura, permitiendo así que Baquero pueda reintegrarse a su cargo en el CNE.

La tutela de Baquero

Altus Alejandro Baquero Rueda es recordado por estar involucrado en la discusión sobre la investigación a la campaña presidencial de Gustavo Petro. La ponencia presentada por Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz Torres propone la apertura de investigación y formulación de cargos contra Petro y su entonces gerente de campaña, Ricardo Roa, por lo que su caso se volvió más mediático.

Ahora que Baquero regresa al CNE se podría retrasar otros 15 días la fecha de una decisión en favor o en contra de la campaña del mandatario del Pacto Histórico, ya que si bien Baquero no lo ha informado oficialmente ante el CNE, Semana conoció de manera extraoficial que el lunes 30 de septiembre el magistrado pedirá oficialmente a sus compañeros que le permitan rotar el expediente contra Gustavo Petro y su campaña.

Baquero presentó una acción de tutela contra la decisión del Consejo de Estado que anuló su nombramiento como magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), argumentando que se vulneraron sus derechos al debido proceso y al acceso a cargos públicos. La Corte Constitucional revisó el caso y suspendió los efectos de la medida cautelar que había apartado a Baquero del CNE.

El conflicto comenzó cuando la Sección Quinta del Consejo de Estado anuló el nombramiento de Baquero como magistrado del CNE, basándose en una interpretación restrictiva sobre el requisito de experiencia necesario para ocupar dicho cargo. Baquero, quien aspiraba a ser magistrado del CNE, interpuso una acción de tutela contra esta decisión, generando un debate jurídico significativo en Colombia.

Fue con Consejo de Estado
Fue con Consejo de Estado la entidad que anuló el nombramiento de Baquero - crédito Luisa González/Reuters

La Corte Constitucional encontró que la interpretación del Consejo de Estado sobre el requisito de experiencia era demasiado restrictiva y no garantizaba plenamente el derecho al acceso a cargos públicos. Por esta razón, la Corte decidió suspender los efectos de la medida cautelar que había apartado a Baquero del CNE, permitiéndole así retomar su puesto temporalmente.

“(...) se requería aplicar en forma excepcional la figura del amparo transitorio en relación con los efectos de la sentencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado, para evitar la configuración de un perjuicio irremediable, consistente en separar definitivamente del cargo al accionante. Igualmente se dispuso ordenar al Congreso de la República se abstenga de adelantar actuaciones en orden a suplir la vacancia del cargo ocupado por el demandante, también hasta que se agote el trámite de la acción de tutela contra la sentencia”, explicó la Corte Constitucional.

Sin embargo, el Consejo de Estado emitió posteriormente un fallo definitivo que anuló el acto de elección de Baquero. Ante esta situación, Baquero presentó una nueva tutela mientras la Corte Constitucional revisaba el caso. La Corte concluyó que, aunque había carencia actual de objeto respecto a algunos aspectos, no se configuraba carencia respecto al defecto por violación de la Constitución. La regla sobre la experiencia profesional se reiteró en la decisión de fondo del Consejo de Estado.

Finalmente, la Corte Constitucional priorizó el reintegro de Baquero al CNE, revocando la decisión del Consejo de Estado. Este fallo subraya la importancia de una interpretación más amplia y menos restrictiva de los requisitos de experiencia para acceder a cargos públicos, garantizando así el derecho al debido proceso y al acceso a dichos cargos.

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