Reforma a la salud de Gustavo Petro ya tiene ponentes para el primer debate en el Congreso: de quiénes se trata

Luego de que el Gobierno nacional radicara la reforma a la salud en el Congreso, se conocieron los nombres de los ponentes del polémico proyecto que iniciará su trámite en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

Dentro de la lista publicada en una carta firmada por el presidente de la corporación, Gerardo Yepes, así como el secretario de esta corporación, Ricardo Alfonso Albornoz Barreto, se contemplan los nombres de los representantes María Eugenia Lopera (Partido Liberal), Alfredo Mondragón (Pacto Histórico), Camilo Esteban Ávila (Partido de la U) y Jorge Alexander Quevedo (Partido Conservador), quienes serán los coordinadores ponentes de esta iniciativa.

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De estos, solo Mondragón se ha visto constantemente en la defensa de las reformas sociales planteadas por el Gobierno Petro, mientras que los otros congresistas, al tener postura independiente a la administración de Gustavo Petro, han manifestado su intención de hacer modificaciones al texto original presentado en la Secretaría General de la corporación.

Así mismo, otros de los ponentes es el representante Andrés Forero, del partido Centro Democrático, y quien ha sido una de las voces opositoras a la reforma del Gobierno de Gustavo Petro en el legislativo, pero que figura como ponente del proyecto.

Otros representantes que fueron nombrados como ponentes fueron Jairo Humberto Cristo (Cambio Radical), Juan Camilo Londoño (Alianza Verde), Karen Juliana López (Curules de Paz) y Germán Gómez (Partido Comunes), respectivamente.

La reforma a la salud ha generado varias confrontaciones entre los partidos de Gobierno, independientes y oposición, tanto que por esta iniciativa, los Partidos Conservador y La U se declararon en independencia al Gobierno Petro, al considerar que no adoptaron sus propuestas para modificar el proyecto.

En la pasada legislatura, el proyecto llegó a su tercera discusión en la Comisión Séptima de Senado, escenario donde no logró las mayorías suficientes para continuar con su trámite en la plenaria de la corporación.

Pese a que los partidos declarados en oposición habían enviado una petición al Gobierno Petro para que la discusión de la reforma a la salud ocurriera en la Comisión Primera, al considerar que esta es una iniciativa de carácter estatutaria, lo que implicaría un análisis riguroso y exhaustivo, finalmente se decidió que la iniciativa se discutirá como ley ordinaria, es decir, en la Comisión Séptima constitucional.

En dicha proposición, firmada por la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, dirigida al presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, insistió en que la propuesta del Gobierno contempla modificaciones sustanciales a un derecho fundamental como es el de la Salud, por lo que este debería ser analizado por las comisiones encargadas de estudiar los proyectos que cambien la Constitución.

“La reforma a la salud, al tocar el núcleo esencial del derecho a la salud, debe ser tramitada como una Ley Estatutaria. Cuando el ciudadano pierde el derecho a elegir quién lo asegura, se está tocando el núcleo esencial del derecho; por eso, exigimos que se respeten las normas y defenderemos que se mejore sin destruir el sistema actual”, escribió Valencia en su cuenta de X.

En la misiva, Valencia enfatiza que, si el proyecto no es tramitado como una ley estatutaria, se configuraría un “vicio de procedimiento insubsanable”, que podría llevar a que la Corte Constitucional declare la ley como inconstitucional en caso de ser aprobada.

No obstante, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, el proyecto apunta a transformar el sistema de salud colombiano bajo “una perspectiva de equidad y acceso universal a servicios de calidad para todos los ciudadanos”.

“Queremos construir una salud sin barreras, donde cada ciudadano, sin importar su ubicación o condición socioeconómica, pueda acceder a servicios de calidad”, agregó.

Entre las propuestas destacadas se encuentran la creación de redes de hospitales y clínicas que trabajarán de manera articulada para ofrecer atención sin discriminación por capacidad de pago, acercando los servicios a los lugares de residencia de los usuarios.