Procuraduría pidió a juez de Santa Marta que anule fallo que suspendió la exploración de gas en el pozo Uchuva-2

El proyecto de exploración de gas en el pozo Uchuva-2, ubicado frente a la costa de Santa Marta, ha sido objeto de controversia tras la suspensión de sus actividades por una decisión judicial, después de que un grupo indígena solicitara ante un juez que se suspendieran las labores para extraer el hidrocarburo.

Sin embargo, en la mañana del miércoles 25 de septiembre se conoció que la Procuraduría General de la Nación se metió en la pelea y, a través de un oficio, solicitó la anulación del fallo de tutela que paralizó los trabajos de Ecopetrol y la brasileña Petrobras.

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El conflicto surgió cuando el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Santa Marta ordenó la suspensión de todas las actividades relacionadas con el proyecto, debido a la falta de consulta previa con las comunidades étnicas e indígenas de la zona.

Esta decisión fue resultado de una tutela interpuesta por el cabildo gobernador de Taganga, Ariel Daniels Andreis, quien alegó que no fueron consultados antes de autorizar el inicio de la perforación, afectando así la zona de pesca de su comunidad.

La Procuraduría ha solicitado que se revoque el fallo impugnado y que se ordene a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) que, mediante seguimiento y control ambiental, garantice el cumplimiento de las disposiciones y condiciones establecidas en la licencia ambiental del proyecto. Además, pidió que se tenga en cuenta a los demandantes sin afectar los trabajos de exploración y explotación de gas.

“Solicita revocar el fallo impugnado y en su lugar ordenar a la ANLA que a través del seguimiento y control ambiental a las disposiciones, obligaciones, términos, condiciones y estipulaciones señaladas en la licencia ambiental y sus actos modificatorios, garantice el derecho de participación ciudadana de las comunidades interesadas, en espacial, el cabildo indígena Taganga”, se lee en el documento.

El proyecto Uchuva-2, desarrollado conjuntamente por Ecopetrol y la empresa brasileña Petrobras, ha sido sometido a diversas revisiones para asegurar que cumpla con todos los estándares legales, especialmente en lo referente al respeto por las comunidades locales y el medio ambiente.

Sin embargo, el procurador delegado para asuntos ambientales, Gustavo Guerrero, que interpuso el recurso legal en representación del organismo de control, alegó ante la justicia que la prohibición de exploración podría acarrear para el país graves problemas, ya que “se está poniendo en riesgo la seguridad energética del país, en cuanto al suministro de gas”

Desde Ecopetrol han asegurado que el proyecto cumple con todas las normativas vigentes y han manifestado su disposición a dialogar con las comunidades afectadas para resolver cualquier inconveniente. La empresa ha reiterado su compromiso con el desarrollo sostenible y el respeto por los derechos de las comunidades indígenas y locales.

El 11 de septiembre, un juez de Santa Marta ordenó la suspensión de las actividades de exploración en el pozo Uchuva-2, una iniciativa conjunta entre Ecopetrol y Petrobras en aguas profundas del Caribe colombiano. Esta decisión, basada en una acción de tutela presentada por un líder indígena, alega que no se realizaron las consultas previas obligatorias con las comunidades pesqueras de la zona.

El pozo Uchuva-2, ubicado a unos 31 kilómetros de la costa de Santa Marta, es considerado crucial para las expectativas gasíferas de Colombia. Según los cálculos, este yacimiento podría permitir al país incrementar sus reservas de gas natural entre 6 y 18 años, lo que sería un alivio para la actual disminución de la suficiencia energética. La exploración en esta área, conocida como Bloque Tayrona, ha estado en desarrollo durante dos décadas, pero fue en 2022 cuando Ecopetrol anunció un descubrimiento prometedor en el pozo Uchuva-1.

Un juez de segunda instancia será el encargado de decidir el futuro de Uchuva-2, que en términos de hidrocarburos actúa como un “pozo evaluador”. Este tipo de yacimiento se utiliza para confirmar la dimensión de un hallazgo inicial, en este caso, Uchuva-1. La importancia de este pozo radica en su capacidad potencial de producción, que se estima podría ser 2.5 veces mayor que la de otros yacimientos similares.

El proceso de exploración en el Bloque Tayrona ha sido largo y complejo. Los sedimentos encontrados bajo el agua en esta región han permitido calcular un manto potencial de gas natural que podría ser crucial para las reservas nacionales. Sin embargo, la reciente suspensión de actividades pone en riesgo estos planes y genera incertidumbre sobre el futuro energético del país.

La decisión judicial también tiene implicaciones más amplias para la industria petrolera y gasífera en Colombia. La colaboración entre Ecopetrol y Petrobras es un ejemplo de cooperación internacional en el sector energético, y cualquier retraso o cancelación de proyectos puede afectar la confianza y las inversiones futuras en el país.