Después de que el Gobierno nacional radicara la reforma política en el Congreso por quinta vez en el periodo legislativo, las críticas a la propuesta no se hicieron esperar.
Inicialmente, fue la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, quien sostuvo que la iniciativa presentada por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, no brinda soluciones, sino que los podría ahondar aún más.
“La reforma política que radicó el Gobierno no soluciona los problemas de fondo y, por el contrario, los empeora”, escribió Valencia en su cuenta de X, donde agregó que uno de los puntos que, para la senadora podría representar un peligro para la democracia colombiana “es el control de los partidos y atacar al Consejo Nacional Electoral”.
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En su publicación, la congresista de oposición indicó que en el proyecto se establece la creación de movimientos políticos con personería jurídica, siempre y cuando estos tengan más de ochenta mil afiliados, aproximadamente. “Con esto volveremos a las empresas electorales que había antes de 2003, cuando llegamos a tener 72 partidos”, señaló.
Así mismo, Valencia subrayó que en la reforma política “el Gobierno le quiere regalar la personería jurídica por 4 años a todos los partidos y movimientos actuales, sin importar que no cumplan los requisitos de umbral en 2026″, a lo que consideró como “un regalo a todos los partidos que conforman el Pacto Histórico”.
En cuanto a la financiación de las campañas, la senadora de Centro Democrático alertó que “si le quitan la financiación a los privados, estos quedarían a merced del Ministerio de Hacienda, quien los extorsionaría para aprobar las reformas y retrasaría el pago de los recursos a la oposición para sabotear las campañas”.
Defensa del Gobierno a la Reforma Política
Durante la presentación de la iniciativa, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, mencionó que este proyecto es totalmente distinto al archivado en 2023, ya que contempla el fortalecimiento de los partidos políticos y enriquece el papel del CNE.
Frente a los cuestionamientos de un artículo que transformaría la estructura interna del Consejo Nacional Electoral (CNE) y modificar el proceso de elección de sus magistrados, el ministro respondió: “Esta propuesta buscaba conservar y fortalecer las competencias de la autoridad electoral”, pero durante su exposición, el funcionario señaló que el punto fue eliminado de la ponencia final.
“La modificación a la autoridad electoral se hace en varios aspectos: en su forma de elección, en sus facultades y funciones, que se fortalecen. Se mantienen vigentes las que tiene hoy y se agregan otras. Se aumenta el periodo de los magistrados a seis años, para que trascienda los gobiernos”, dijo el ministro Juan Fernando Cristo.
En el documento, establece que no podrán ser magistrados del CNE quienes hayan ocupado cargos directivos en organizaciones políticas o hayan aspirado a cargos de elección popular en los siete años anteriores a la convocatoria pública, al igual que una incompatibilidad de dos años posterior a la magistratura, durante los cuales los exmagistrados no podrán ocupar cargos de dirigencia partidista, ni ser nombrados ministros o directores de departamentos administrativos, ni postularse a cargos de elección popular.
A su vez, Cristo mencionó que la reforma contempla nueve artículos, con el que se propone la instauración de listas cerradas y procesos de democracia interna para la elección de las corporaciones. También, el funcionario indicó que en el articulado se establece la eliminación del voto preferente para el Congreso, Asambleas y Concejos, por lo que se establecería la paridad de género en las listas para cargos de elección popular.
En cuanto a la financiación de las campañas políticas, Cristo explicó que la reforma contempla que el 100 por ciento del dinero destinado sea emitido por el Estado, con el propósito de evitar prácticas irregulares durante la realización de las campañas electorales.
Al ser un proyecto de acto legislativo, su trámite en el Congreso se dará en ocho oportunidades, cuatro en Cámara y otras cuatro en Senado. Se espera que su primer debate se realice en la Comisión Primera de la Cámaral, respectivamente.