Ordenan como obispo a William Prieto Daza, presuntamente acusado de encubrir casos de pederastia

William Prieto Daza, vicario general de la Arquidiócesis de Villavicencio, fue nombrado obispo de San Vicente del Caguán por el papa Francisco.

Este nombramiento ha generado controversia debido a las acusaciones de presunto encubrimiento de abusos sexuales que pesan sobre Prieto Daza y su mentor, el exarzobispo Óscar Urbina Ortega.

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Según la investigación del medio Casamacondo, en abril de 2020, Urbina Ortega, entonces presidente de la Conferencia Episcopal, suspendió a diecinueve sacerdotes acusados de abusar sexualmente de un menor y de inducirlo a la prostitución.

Sin embargo, investigaciones posteriores revelaron que el número de sacerdotes involucrados ascendía a treinta y ocho, de los cuales doce eran reincidentes. La orden de Urbina y Prieto Daza fue ocultar la verdad y desestimar a la víctima, según la fuente citada.

Las abogadas Olga Cristancho y María del Socorro Martínez, invitadas por Urbina y Prieto a integrar una comisión de vigilancia en 2019, fueron clave para que estos hechos salieran a la luz.

Ambas mujeres habría amenazado con denunciar los abusos ante la Fiscalía si no se tomaban medidas, lo que obligó a Urbina a suspender a los sacerdotes. Sin embargo, en represalia, las abogadas fueron expulsadas de la comisión.

El archivo secreto de la Arquidiócesis de Villavicencio, gestionado por Urbina, contendría denuncias contra setenta de los 143 sacerdotes de la región por violencia sexual infantil.

Según Casamacondo, Urbina fue acusado de abusar sexualmente de un menor durante una confesión y fue discretamente expulsado de la Iglesia en 2022. A pesar de esto, Prieto Daza, su mano derecha, fue promovido a obispo.

En medio de la controversia, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortes, se manifestó públicamente a favor del nombramiento de Monseñor William Prieto Daza como Obispo de San Vicente del Caguán, a pesar de las acusaciones que lo vinculan presuntamente con el encubrimiento de casos de pederastia.

En su publicación, Cortes expresó: “El Meta se enorgullece y celebra el nombramiento de Monseñor William Prieto Daza. Este reconocimiento refleja su dedicación y liderazgo en servicio a la fe y la comunidad”.

Sin embargo, la designación ha generado críticas, ya que el nuevo obispo ha sido señalado por su presunta complicidad en casos de abuso dentro de la Iglesia, lo que pone en entredicho su figura y el apoyo que ha recibido de sectores políticos.

El respaldo de la gobernadora ha causado revuelo en redes sociales, donde varios ciudadanos han cuestionado la defensa pública de una figura envuelta en acusaciones tan delicadas.

Pero en este supuesto entramado es más profundo aún. El monseñor Óscar Urbina Ortega, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia y arzobispo de Villavicencio, fue señalado en el 2021 por encubrir a un sacerdote acusado de abuso sexual a un menor en Miami, Estados Unidos.

Según la investigación del medio Vorágine, Urbina Ortega habría ocultados los antecedentes del padre Cristóbal de Jesús Puertas Hernández, quien fue denunciado por abusos sexuales en Estados Unidos y posteriormente acogido en Colombia sin informar a las autoridades locales ni a las comunidades afectadas.

La denuncia contra Puertas, que data de 2010, fue remitida a la Fiscalía de Miami-Dade y resultó en un acuerdo millonario con la víctima, pagado por la Arquidiócesis estadounidense, según la fuente.

A pesar de esto, Puertas continuó ejerciendo como párroco en varias parroquias de Villavicencio, bajo la supervisión de Urbina Ortega, quien omitió informar sobre los antecedentes del sacerdote en su respuesta a un derecho de petición presentado por el medio citado.

Jaime Vargas Ruiz ha sido expulsado de la Iglesia católica en Colombia tras una investigación de abuso sexual que duró cuatro años. La decisión fue tomada por el Tribunal Eclesiástico Metropolitano de Bogotá

La víctima, una mujer que denunció haber sido abusada por el sacerdote cuando era menor de edad en una finca de Boyacá en 2007, fue notificada el 8 de agosto de 2024 sobre la conclusión del proceso y la expulsión del sacerdote.

El fallo del tribunal establece que Jaime Vargas Ruiz fue encontrado culpable de “delictum contra sextum cum minore” (no cometer adulterio con un menor), de acuerdo con el derecho canónico, según reportó Blu Radio.

Además, se ordenó a la Diócesis de Socorro y San Gil pedir perdón a la víctima por los vejámenes a los que fue sometida y ofrecerle apoyo espiritual y psicológico.

La víctima solicitó que se remitiera una copia íntegra del expediente al juzgado de Moniquirá, que lleva el caso penal contra el sacerdote por el delito de acto sexual violento. Este caso ha generado una fuerte conmoción en la opinión pública colombiana, especialmente en el contexto de otros incidentes similares.