Por escándalo de disidentes en camionetas de la UNP en Antioquia, la entidad ‘se lavó las manos’ y culpó a los escoltas

En un documento dirigido a la empresa Unión Temporal Andinos 2024, la Unidad Nacional de Protección (UNP) responsabilizó a los escoltas por el transporte de disidentes de las Farc en Antioquia.

La comunicación, firmada por el subdirector de Protección, Miguel Ángel Quiroga, señala que los escoltas no revisaron los listados de beneficiarios ni controlaron el armamento transportado.

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El documento, conocido por El Colombiano, detalla que la culpa de que en el esquema de seguridad se encontrarán disidentes de las Farc con órdenes de captura vigentes, recae en los escoltas.

Entre los disidentes transportados se encontraba alias Firu, que fue capturado por el Ejército Nacional y la Policía Nacional en una base militar tras la detención de la caravana en Antioquia. En el vehículo en el que se trasladaba a Firu se encontraron radioteléfonos, armas y alrededor de cien millones de pesos.

La UNP solicitó a la empresa encargada de los contratos que tome medidas correctivas para el personal de escoltas. En el documento se menciona que los escoltas permitieron el transporte de personas ajenas al esquema de seguridad en los vehículos asignados por la Unidad Nacional de Protección, sin atender el listado de beneficiarios. Además, se señala que no fueron rigurosos en la revisión del armamento que llevaban los protegidos.

Alias Firu, a pesar de tener una orden de captura y ser encontrado con armamento y una considerable suma de dinero, fue nombrado gestor de paz por el presidente, junto a otros disidentes que también tenían órdenes de captura activas.

El documento también hace referencia a una entrevista que uno de los escoltas dio a El Colombiano bajo la reserva de la fuente, en la cual se detallan las irregularidades en el control de los beneficiarios y el armamento durante el desplazamiento.

La situación generó controversia y cuestionamientos sobre la responsabilidad de la UNP en la supervisión y control de los esquemas de seguridad, especialmente en contextos donde se involucran personas con antecedentes penales y órdenes de captura vigentes.

Dos escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), cuyos contratos fueron rescindidos hace dos meses, terminaron combatiendo en Ucrania debido a la falta de oportunidades laborales en Colombia. Esta situación se da dentro de una serie de controversias y problemas recurrentes dentro de la UNP, que han afectado tanto a sus empleados como a la seguridad de figuras públicas.

En una entrevista con El Colombiano, uno de los escoltas de la Unidad Nacional de Protección reveló que la entidad nunca les proporcionó listados con los nombres exactos de las personas que debían proteger. Sin embargo, sabían que se trataba de una delegación de disidentes que estaba negociando con el Gobierno. El escolta también mencionó que habían estado en Bogotá y luego en otros lugares de Antioquia.

El director de la UNP, Augusto Rodríguez, inicialmente señaló a los escoltas como responsables, pero luego se retractó y atribuyó la responsabilidad a los disidentes, indicando que esperaría los resultados de las investigaciones. La caravana en la que viajaban fue detenida por una orden del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien coordinó un operativo junto al Ejército, la Policía y la Fiscalía General de la Nación. La caravana, compuesta por unas seis o siete camionetas, estaba fuertemente armada. Según los escoltas, la situación pudo haber desencadenado una tragedia debido a la confusión y la posibilidad de un cruce de disparos.

Durante el operativo, varias personas, incluido un individuo conocido con el alias de “Firu”, fueron detenidas para explicar el origen de los recursos y el transporte de armas. Posteriormente, la Fiscalía levantó las órdenes de captura de otros acompañantes, lo que generó un debate en el país sobre la legalidad de las actividades y el origen del dinero en efectivo incautado.

La UNP solicitó a la Unión Temporal que tomara medidas contra los escoltas, que fueron llamados a rendir descargos. Es posible que en los próximos días pierdan sus empleos. Esta situación no es aislada; en el pasado, la UNP también se enfrentó a problemas con el esquema de seguridad de la primera dama, Verónica Alcocer. Por orden del coronel Carlos Feria, jefe de la seguridad presidencial, se desvinculó a un grupo importante de escoltas que habían trabajado varios años con la familia del presidente. Fuentes consultadas en ese momento aseguraron que la decisión se debía a la desconfianza de la primera dama, Verónica Alcocer, hacia la UNP de Rodríguez.