En medio de lo que sería la cantada elección de Gregorio Eljach como nuevo procurador General de la Nación, que se llevará a cabo el miércoles 2 de octubre, José Obdulio Gaviria, exsenador de la República e ideólogo del Centro Democrático, dio a conocer el martes 24 de septiembre una propuesta en relación con la escogencia del nuevo titular del ente de control disciplinario.
En un escrito que publicó en su perfil de X, el excongresista, cercano al expresidente Álvaro Uribe Vélez, y que utiliza esta plataforma para expresar en extenso su visión de país, como también sus frecuentes críticas al actual mandatario, Gustavo Petro Urrego, dio a conocer varios puntos que considera clave y con los que pretendería que se reforme el sistema actual de los entes como el Ministerio Público.
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Lo hizo tras citar un video de la senadora de la colectividad de derecha Paola Holguín, en el que reiteró la importancia de mantener el sistema de “pesos y contrapesos”, pues a su juicio es grave que el Ejecutivo termine teniendo todas las instituciones de control y lo que, a su juicio, es peor, que no se respetara un proceso de meritocracia abierto por la propia presidencia; sin olvidar las intenciones, según ella, del mandatario de acabar con la Procuraduría. “Sería muy grave que Petro pusiera el último procurador”, indicó Holguín.
¿En qué consiste el plan de José Obdulio Gaviria?
El primer punto de la propuesta que dio a conocer Gaviria sugiere que su colectividad anuncie, durante la sesión convocada para elegir al procurador, que en su plataforma programática para las elecciones de Congreso y presidenciales de 2026 proponga una reforma estructural de los organismos de control, además de la Defensoría del Pueblo, la Auditoría, Contaduría y contralorías y personerías locales.
Por su parte, segundo punto de los postulados de Gaviria hace énfasis en que el uribismo, y en particular el CD, poseen la autoridad moral y política para dirigir el regreso de Colombia a un verdadero sistema liberal. En ese sentido, el pensador recordó el fallido referendo de 2003, propuesto por Uribe Vélez, que en su concepto fue saboteado por la corriente política que hoy gobierna Colombia, el “petro-santismo”. En otras palabras, apostará por reencauchar la propuesta de ese entonces, pues “con ella disputaremos el poder en 2026 y la venceremos”.
Aunque aclaró que la bancada del Centro Democrático no ha descalificado a los candidatos ternados por la Corte Suprema, el Consejo de Estado y el presidente, sí propuso al partido que se derogue el sistema de elección actual, que en su juicio “ha convertido a las cortes en operadores de ambiciones electorales y ha pervertido el sistema de separación de poderes”.
Finalmente, en el cuarto punto establece que el sistema clientelar está agotado y, en consecuencia, está convencido de que el partido se abstendrá de participar en la elección del próximo procurador, que tendrá la responsabilidad de ejercer en el periodo 2025-2029, en reemplazo de Margarita Cabello Blanco; a la que le correspondieron dos años del actual mandato, contrario a su visión política.
Críticas a las facultades de los magistrados
En concepto del exsenador, es delicado que la Constitución de 1991 hizo que los magistrados se convirtieran en poderosos electores, dedicando gran parte de su tiempo a actividades político-administrativas en lugar de sus labores judiciales. “Con el tiempo, los magistrados pidieron más burocracia y el Congreso se la otorgó, creando cargos adicionales como el Auditor, Contador y Registrador”, agregó.
En sus críticas al Legislativo, también indicó que no corrigió este rumbo y, desde su parecer, “las Cortes dejaron de ser impolutas”. Con ello hizo referencia al Cartel de la Toga: un escándalo de corrupción que involucró a varios magistrados, entre ellos Leonidas Bustos, expresidente de la Corte Suprema, que se encuentra prófugo; además de quienes fueron declarados indignos por la corporación.
“Los organismos de control actuales son un entramado costoso, paquidérmico y absurdo, ajeno a la administración pública moderna y sin interés en incorporar la Inteligencia Artificial a los procesos de auditoría, control y persecución de la corrupción y la ineficiencia”, concluyó Gaviria, que reiteró la necesidad de que se lleve al Congreso en 2026 una reforma esencial de todo el sistema.