Ministro de Hacienda respondió a acusaciones de corrupción por escándalo de la Ungrd: “No voy a dejar que arrastren mi nombre”

Durante un acalorado debate en la plenaria del Senado, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se defendió de las acusaciones que lo vinculan con el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd)

Este debate fue impulsado por el senador Jota Pe Hernández, quien argumentó que Bonilla debería renunciar a su cargo tras las declaraciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla.

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En su intervención, Bonilla rechazó las acusaciones, calificándolas de “chismes de prensa” y exigió pruebas concretas. “Me disculpan senadores, senadoras, pero yo no voy a dejar enlodar mi nombre. Si hay pruebas, démelas, pero ya la Corte misma encontró que todo eso son chismes de Olmedo López y Sneyder Pinilla y que no tienen ninguna prueba”, afirmó el ministro, según el reporte.

El ministro también se dirigió directamente al senador Hernández, a quien llamó “senador youtuber”, y reiteró que no permitiría que su nombre fuera arrastrado por acusaciones sin fundamento.

“Yo no voy a dejar que arrastren mi nombre por una simple salpicada, dime las pruebas, yo como ministro de Hacienda puedo hablar de proyectos, yo no estoy direccionando contratos”, añadió Bonilla.

El senador Jota Pe Hernández sostuvo que, según las declaraciones de López y Pinilla, Bonilla podría haber actuado como uno de los “jefes” en un entramado de corrupción. Estas acusaciones han generado un intenso debate en el Senado, poniendo en el centro de la discusión la integridad del ministro y la transparencia en la gestión de recursos públicos.

Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, se encuentra en el centro de un escándalo de corrupción relacionado con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Según documentos revelados por W Radio, Bonilla firmó y autorizó el desembolso de hasta 1.4 billones de pesos para la entidad dirigida por Olmedo López.

El primer desembolso, de 700.000 millones de pesos, fue autorizado el 22 de septiembre del año pasado, un mes antes de las elecciones regionales.

La segunda autorización, también por 700.000 millones de pesos, se firmó el 11 de diciembre de 2023. Este último desembolso coincidió con una comunicación entre el ministro Bonilla, su asesora y Sneyder Pinilla, subdirector de la Ungrd en ese momento.

Estos contratos, por un total de 92.000 millones de pesos, estaban destinados a proyectos de contención y prevención de inundaciones y mitigación de la erosión por lluvias en Cotorra (Córdoba), El Salado (Bolívar) y Saravena (Arauca).

El proceso de licitación avanzaba hasta que investigaciones periodísticas sobre el escándalo de los carrotanques en La Guajira detuvieron la adjudicación de los contratos.

Según Sneyder Pinilla, varios congresistas, entre ellos Wadith Manzur (Partido Conservador), Karen Manrique (curules de paz), Liliana Bitar (Partido Conservador), Juan Pablo Gallo (Partido Liberal), Julián Peinado (Partido Liberal) y Juan Diego Muñoz (Alianza Verde), mostraron interés en estos contratos.

El 11 de junio, Manzur, Manrique, Peinado y Bitar votaron a favor del proyecto liderado por el ministro Bonilla para ampliar el cupo de endeudamiento del país en 17.607 millones de dólares. Todos los congresistas mencionados insisten en su inocencia.

El ministro Bonilla, al conocerse su aparente participación en el entramado, declaró: “Mi inocencia, más allá de cualquier sombra de duda, prevalecerá con pruebas y argumentos que aportará mi equipo jurídico, sin distraerme de mis verdaderas obligaciones”.

Según las acusaciones de López y Pinilla, la asesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, habría sido partícipe en numerosas reuniones.

Sin embargo, un documento revelado por W Radio indica que Benavides no ingresó a la sede de la Ungrd entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2023, contradiciendo las declaraciones de Olmedo López, quien afirmó que Benavides visitó la entidad alrededor de 16 veces para concretar negocios corruptos.

Este documento fue formalizado como prueba por un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, lo que podría demostrar inconsistencias en las declaraciones de López.