La justicia colombiana condenó a 10 años de prisión a dos miembros de la Policía Nacional –el intendente Alfonso Quinchanegua y la patrullera Dana Canizales–, por su implicación en las interceptaciones ilegales, mal llamadas ‘chuzadas’, a las comunicaciones de Marelbys Meza y Fabiola Perea, que trabajaban para la ex jefa de gabinete del Gobierno y actual directora del Departamento Administrativo Presidencia de la República (Dapre), Laura Sarabia.
Durante una audiencia celebrada el miércoles 25 de septiembre de 2024, en Bogotá, la jueza 53 de conocimiento sentenció a Quinchanegua a 120,74 meses de prisión y a Canizales a 112,2 meses, junto con multas significativas y la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Ambos policías aceptaron su responsabilidad en los delitos de fraude procesal, falsedad material en documento público y falsedad ideológica en documento público, a través de un preacuerdo que incluyó disculpas públicas hacia las víctimas.
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La intervención judicial puso de manifiesto una trama más amplia, donde los condenados revelaron que las órdenes para llevar a cabo estas chuzadas provenían de niveles superiores, específicamente desde Casa de Nariño. Según información no confirmada oficialmente y revelada por la revista Semana, la implicación de altos funcionarios en este tipo de operaciones ilícitas podría implicar una complicidad más profunda en el uso indebido de las instituciones del Estado para fines personales y políticos.
En su declaración, la patrullera Canizales expresó: “Como humanos cometemos errores y no somos perfectos (...), por creer confiar y recibir órdenes de mis superiores, todo me llevó a creer que podía hacer un trabajo de manera honesta y correcta para la comunidad”.
Por su parte, el intendente Quinchanegua, que actualmente se encuentra en una guarnición militar, también se disculpó públicamente: “Quiero presentar excusas públicas a todas las partes afectadas, a los ciudadanos que de una u otra forma afectamos tanto moral como psicológicamente”.
El abogado penalista Iván Cancino, representante de Marelbys Meza, se pronunció sobre el caso en su cuenta de X y expresó su satisfacción por la decisión de la jueza.
“Logramos la condena de dos policiales que reconocieron y cometieron graves delitos contra MARELBYS MEZA y otras víctimas . Seguimos , ellos no actuaron solos !!(sic)”, se lee en el post.
Detalles de los policías implicados en el caso de Marelbys Meza
Las autoridades señalaron a Dana Alejandra Canizales, Carlos Andrés Correa, Alfonso Quinchanegua y Jhon Fredi Morales Cárdenas como presuntos responsables de los delitos de falsedad ideológica, fraude procesal y violación ilícita de comunicaciones.
Dana Canizales (ahora condenada), que en el momento de su captura era patrullera, optó por colaborar con las autoridades tras aceptar cargos por manipulación de informes judiciales y engaño a fiscales. Según informes de las autoridades, la uniformada firmó un acuerdo de colaboración con la justicia, reconociendo su participación en los hechos y comprometiéndose a cooperar activamente en el proceso legal.
El intendente Quinchanegua (también condenado) enfrentó un proceso penal adicional por supuesta falsedad material en documento público. Según los elementos probatorios recopilados, se sugiere que el intendente habría instruido a un patrullero para “modificar y añadir ciertos apartados” al testimonio de Marelbys Meza, que fue sometida a un polígrafo de manera irregular. Esta acción estaría relacionada con la pérdida de dinero ocurrida en la residencia de Sarabia.
El capitán Carlos Andrés Correa Loaiza y el patrullero Jhon Fredi Morales Cárdenas fueron señalados por presentar ante un fiscal el testimonio de una fuente humana para justificar la interceptación de las comunicaciones de Marelbys Meza.
Estos eventos fueron vinculados a la muerte del coronel Óscar Dávila, que se desempeñaba como jefe de la oficina de anticipaciones de la Presidencia. Según reportes, el uniformado habría fallecido en circunstancias que aún están bajo investigación, mientras que el coronel Carlos Feria, jefe de seguridad del presidente Petro, fue acusado de negligencia en relación con las irregularidades detectadas.
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