Alerta en Colombia por aumento de la deforestación y prácticas corruptas que estarían afectando la biodiversidad

Durante la asamblea anual de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de América del Sur, instalada en Barranquilla, el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, alertó por el aumento de la deforestación en Suramérica, enfocándose en la crítica situación que se vive en Colombia.

Rodríguez Becerra subrayó que los departamentos de Meta, Caquetá, Putumayo y Chocó son particularmente vulnerables; e hizo hincapié en la falta de financiamiento equitativo para mitigar los riesgos asociados al cambio climático, así como en las prácticas administrativas inadecuadas y corruptas que afectan la gestión de los recursos ambientales.

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Rodríguez Becerra se mostró alarmado por las prácticas corruptas que permeabilizan la gestión ambiental en el país. “Las múltiples y disímiles prácticas administrativas indebidas que campean a lo largo y ancho de los territorios terminan favoreciendo la proliferación de la corrupción”, señaló el contralor. En su intervención, destacó que algunos de los instrumentos utilizados por la Contraloría para fortalecer la fiscalización ambiental incluyen el Observatorio de Control Fiscal Ambiental, la Gaceta Ambiental sobre Deforestación y un estudio ambiental estratégico interactivo.

También mencionó casos específicos de corrupción, tales como la venta de permisos para el aprovechamiento de recursos naturales y el comercio ilegal de especies protegidas. “Estos motivos nutren la identificación de hallazgos con diversas incidencias en el marco de la vigilancia y control fiscal”, advirtió, destacando que en sus auditorías, la Contraloría detectó prácticas como contratos pagados sin cumplir con las especificaciones, doble pago de actividades y gastos indebidos en suministro de alimentos y bebidas alcohólicas.

“Este tipo de prácticas constituyen un atentado contra la integridad de los ecosistemas, la biodiversidad y el equilibrio de la vida en el país y el planeta”, afirmó el funcionario; y destacó que la omisión administrativa y las debilidades en las labores de supervisión abren camino al favorecimiento de la corrupción.

Rodríguez Becerra subrayó la grave situación que enfrenta la Amazonía, la cual alberga el 10% de la biodiversidad global. Sin embargo, esta región sufre una alarmante pérdida de masa boscosa. “La deforestación es un factor clave en el aumento de la temperatura”, advirtió. De acuerdo con la entidad, desde 1990, Colombia ha perdido cerca del 9,5% de su superficie forestal, lo que equivale a más de 6 millones de hectáreas, con una tasa anual de deforestación de 170,000 hectáreas.

En su exposición, el contralor hizo hincapié en que la deforestación no solo afecta a los ecosistemas, sino que también impacta de manera directa a las comunidades. La concentración de la deforestación se encuentra principalmente en los departamentos de Meta, Caquetá, Putumayo y Chocó, que concentran el 81,5% de la deforestación en el país. “No han estado a salvo las áreas protegidas; en los Parques Nacionales Naturales se perdieron 13.570 hectáreas de bosque”, lamentó Rodríguez Becerra.

Colombia también ha visto un drástico descenso en su masa glacial, con una pérdida del 68% en los últimos 10 años, lo que ha afectado gravemente los recursos hídricos y evidencia los efectos del cambio climático.

Según datos de la Contraloría, entre 2011 y 2020, el país recibió 24,03 billones de pesos de financiamiento público doméstico y 5,19 billones de pesos en cooperación internacional no reembolsable. Sin embargo, esta inversión no ha sido equitativa. “Los departamentos con mayor inversión fueron Antioquia, Magdalena, Cundinamarca, Sucre y Cesar, mientras que los más vulnerables al cambio climático, como San Andrés, Providencia y Vaupés, han sido desfavorecidos”, concluyó Rodríguez Becerra.

La falta de alineación entre las inversiones y el riesgo climático pone en evidencia la necesidad urgente de reevaluar las prioridades de financiamiento en el país. Rodríguez Becerra enfatizó que “la participación de todos los actores regionales es fundamental para asegurar la sostenibilidad financiera de las iniciativas ambientales”.