Alarma en la oposición por recortes en inversión para 29 departamentos, con La Guajira entre los más afectados

Durante el debate en torno al Presupuesto General para el 2025, la oposición manifestó fuertes preocupaciones respecto a la propuesta del Gobierno de Gustavo Petro sobre la reducción de los recursos destinados a la inversión en varios departamentos.

El senador David Luna, perteneciente a Cambio Radical, fue uno de los principales críticos, advirtiendo que este recorte afectaría de manera considerable la capacidad de desarrollo de las regiones, especialmente en lo que respecta a la construcción de infraestructura.

El congresista señaló que se anticipa una reducción significativa en los presupuestos de inversión para 29 de los 32 departamentos del país, una decisión que podría comprometer proyectos esenciales para el crecimiento económico y social de esas zonas. Entre los departamentos que enfrentarían los mayores recortes están Sucre, con una reducción del 37,4%, Córdoba, con un 36,9% y Atlántico, con un 32,6%. Otras regiones, como Putumayo, Meta y Cundinamarca, también se verían afectadas, con disminuciones del 32,4%, 31,3% y 26,5%, respectivamente.

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De acuerdo con Luna, esta decisión no solo generará un impacto negativo en la infraestructura regional, sino que además pondrá en riesgo varios programas de desarrollo que ya estaban en marcha. Las cifras compartidas por el senador mostraron que departamentos clave como Antioquia, Santander y La Guajira también enfrentarían recortes importantes, con reducciones del 25,5%, 26,3% y 23,8%, respectivamente.

A pesar de los recortes en gran parte de los departamentos del país, algunas regiones verían incrementos en su inversión. Entre ellas se encuentran Bolívar, con un aumento del 2,6%; Vaupés, con 3,1%; y Vichada, con 3,7%. Bogotá sería la más beneficiada, con un incremento del 16,8% en su presupuesto. Esta disparidad en la distribución de los recursos fue uno de los puntos de mayor controversia, dado que solo unas pocas regiones serían favorecidas.

Frente a esta situación, Luna no tardó en manifestar su desacuerdo, lanzando una crítica directa al Gobierno. “¿Qué lógica tiene su presupuesto, presidente? Mientras aumentan la burocracia y el gasto de funcionamiento, reducen la inversión en 29 departamentos. ¿Este no era el gobierno de y para las regiones? ¿O también fueron falsas promesas como todas las demás?”, declaró el senador.

Así mismo, debido a la falta de consenso en el Congreso, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, anunció que el Presupuesto Nacional para 2025 sería aprobado por decreto. El debate sobre la cifra final, que estaba programado para realizarse en el Congreso, fue interrumpido cuando la sesión fue levantada, dejando al Gobierno la responsabilidad de definir el destino de los recursos estatales.

Tras la suspensión de la discusión, José Eliécer Salazar, presidente de las comisiones económicas conjuntas, destacó la importancia del nuevo reto que ahora enfrenta el país: “Tendremos presupuesto por decreto y ahora tendremos el reto de ver qué pasa con la ley de financiamiento (reforma tributaria)”, manifestó el funcionario al finalizar la sesión.

La cifra establecida por el gobierno asciende a $523 billones, una cantidad que está alineada con el proyecto que el Ejecutivo había radicado previamente. A pesar de las advertencias por parte de algunos sectores, que señalaron que el presupuesto propuesto estaba desfinanciado, el monto no sufrió modificaciones significativas.

El presidente Gustavo Petro también confirmó esta decisión mediante una publicación en redes sociales, donde afirmó: “Se decreta el presupuesto que el gobierno inicialmente presentó al Congreso”, ratificando así su postura.

Con la decisión de aprobar el Presupuesto Nacional por decreto, el país entró en lo que el Ministerio de Hacienda denomina como “dictadura fiscal”, un escenario previsto cuando el Congreso de la República no llega a un acuerdo sobre el proyecto de Presupuesto General de la Nación. Según las disposiciones legales, en ausencia de consenso legislativo, se implementa la versión del presupuesto inicialmente sugerida por el Gobierno.

La senadora Angélica Lozano, en declaraciones anteriores, había advertido sobre las implicaciones de recurrir a esta herramienta fiscal. “Ese no es un término que surja ahorita, ni es porque lo vaya a hacer el presidente Petro, así se llama en la literatura fiscal, cuando no hay entendimiento, se puede decretar. Eso es indeseable, porque alarma a las calificadoras y a los inversionistas”, manifestó.