El Gobierno de Gustavo Petro presentará ante la Congreso de la República una nueva propuesta de reforma política que busca transformar profundamente el sistema electoral y la financiación de campañas en Colombia.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, será el encargado de radicar el proyecto el martes 24 de septiembre en la Cámara de Representantes.
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La reforma propone que los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) sean elegidos mediante un concurso público organizado por la rama judicial, en lugar de ser seleccionados por el Congreso a partir de postulaciones de partidos políticos.
La Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia serán las encargadas de elegir a los nueve magistrados, tres cada una, con el objetivo de despolitizar el organismo y asegurar que la selección se base en méritos.
Además, se plantea extender el período de los magistrados del CNE de cuatro a seis años, lo que permitiría que los magistrados elegidos durante un gobierno permanezcan en sus cargos hasta la mitad del siguiente mandato. Esta medida busca garantizar una mayor estabilidad y continuidad en el organismo electoral.
La reforma también introduce nuevos requisitos para ser magistrado del CNE, prohibiendo que aquellos que hayan sido directivos de algún partido o movimiento político en los siete años anteriores a la postulación puedan aspirar al cargo. Así mismo, se restringe la posibilidad de que excongresistas sean elegidos como magistrados del Consejo Nacional Electoral, evitando que salten directamente de sus curules al organismo electoral.
Otra de las propuestas clave es la modificación de las reglas sobre la financiación de las campañas electorales. El proyecto busca que el Estado tenga un papel preponderante en la financiación, limitando las donaciones privadas y prohibiendo expresamente los aportes de personas naturales o jurídicas extranjeras. Esta medida responde a la polémica generada por las donaciones de compañías extranjeras a senadores durante el trámite de la reforma a la salud en el semestre pasado.
El proyecto también establece la obligatoriedad de las listas cerradas para las elecciones legislativas, es decir, que los ciudadanos voten por la lista de un partido y no por candidatos individuales. Esta modalidad fue utilizada por el Pacto Histórico en las elecciones de 2022.
Además, se introduce un nuevo requisito para que los partidos mantengan su personería jurídica: deberán contar con una base de afiliados de al menos el 0,2% del censo electoral nacional, lo que equivale a aproximadamente 80.000 afiliados.
En cuanto a las funciones del CNE, la reforma propone añadir cinco nuevas responsabilidades: revisar las actuaciones y decisiones de la Registraduría Nacional del Estado Civil en los procesos electorales, ejercer el control y depuración del censo electoral, realizar la inscripción de candidaturas a cargos de elección popular, fijar el monto máximo de gastos en las campañas electorales y distribuir los aportes estatales para su financiamiento, y colaborar con entidades encargadas de la investigación administrativa y penal sobre el control de financiación de campañas electorales.
El proyecto también busca limitar la capacidad del CNE para imponer sanciones administrativas, con el fin de evitar abusos de poder y garantizar un proceso electoral más transparente y equitativo.
Finalmente, la reforma política presentada por el Gobierno de Gustavo Petro tiene como objetivo actualizar las instituciones de la democracia colombiana y avanzar en el cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo Final de Paz de 2016, así como en las recomendaciones de la Misión Especial Electoral de 2017.
Sin embargo, no se hizo esperar la reacción de algunos magistrados del CNE que dicen que el Gobierno nacional “nos quiere castrar”, según lo informó la periodista D´arcy Quinn en La FM. Del mismo modo, los magistrados coinciden en que esta reforma dejaría sin herramientas al CNE, lo que convertiría al Consejo en un organismo que tendría como única función, la de colaborar.
Propuesta de reforma política en Colombia introduce listas cerradas
En la reforma política propuesta por el Gobierno Petro también se busca modificar los mecanismos que regulan el funcionamiento de los partidos políticos.
La reforma tiene como objetivo principal fortalecer la organización de los partidos políticos y establecer nuevas condiciones para que mantengan su personería jurídica, requisito indispensable para participar en elecciones a Congreso, asambleas departamentales, concejos municipales y juntas administradoras locales .
Uno de los cambios propuestos es que los partidos deberán contar con una base de afiliados o militantes que represente al menos el 0,2 % del censo electoral actual, lo que equivale a 77.810 personas según el censo de 2023. Este requisito se sumaría al ya existente, que exige que los partidos obtengan al menos el 3% de la votación en las elecciones en las que presentan candidatos.
Además, la reforma introduce la obligatoriedad de las listas cerradas para las elecciones pluripersonales. En este sistema, los partidos presentan una lista de candidatos en un orden específico, y los ciudadanos votan por la lista completa en lugar de por candidatos individuales. Este método, conocido como voto no preferente , busca fortalecer la cohesión interna de los partidos y evitar la fragmentación.
La propuesta de listas cerradas generó debate, ya que algunos sectores consideran que limita la capacidad de los votantes para elegir directamente a sus representantes. Sin embargo, los defensores de la reforma argumentan que este sistema puede mejorar la disciplina partidaria y reducir la influencia de intereses particulares en las elecciones.
La presentación de esta reforma se suma a otras iniciativas legislativas que el Gobierno nacional ha impulsado en el Congreso, en un contexto de alta actividad legislativa. La aprobación de esta reforma requerirá un amplio consenso entre las diferentes fuerzas políticas, lo que plantea un desafío adicional para el Ejecutivo.
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