Exsenador del Partido de La U ira a juicio acusado de exigirle parte del salario a sus asistentes en el Congreso

Carlos Roberto Ferro Solanilla, exsenador colombiano por el Partido de La U, enfrenta graves acusaciones de enriquecimiento ilícito y concusión. La Corte Suprema de Justicia de Colombia abrió una investigación detallada sobre su conducta durante su tiempo en el Congreso, según informaron fuentes judiciales.

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“La Sala de Instrucción acusó al exsenador Carlos Roberto Ferro por el presunto delito de concusión. El caso está asociado al nombramiento de funcionario, al que supuestamente interesaba cotizar salud y pensión, y quien habría entregado el sueldo a personas cercanas al excongresista”, se lee en un mensaje publicado por la Corte Suprema de Justicia en su cuenta de X.

Ante los hechos, la Corte Suprema no accedió a las peticiones de la defensa del excongresista para decretar la prescripción de la acción penal. Además, una vez quede en firme el proceso, pasará a la Sala de Primera Instancia de este alto tribunal.

Por su parte, el caso de enriquecimiento ilícito se basa en la sospecha de que Ferro incrementó su patrimonio de manera injustificada mientras ocupaba cargos públicos. La investigación sugiere que habría obtenido beneficios económicos indebidos, lo que ha llevado a las autoridades a examinar minuciosamente sus finanzas y transacciones durante su mandato.

Además, la concusión es un delito que implica exigir o recibir beneficios económicos a cambio de ejercer influencia o poder. En este contexto, Ferro habría obligado a miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) a entregarles parte o la totalidad de sus salarios. Esta presunta extorsión estaría relacionada con la cotización a la seguridad social, ya que Ferro habría requerido que los empleados de su UTL le entregaran parte de su salario para cumplir con las semanas de cotización necesarias para acceder a su mesada pensional.

El testimonio clave en este caso proviene de Roque Julio Díaz, quien acusa directamente a Ferro de abusar de su poder e influencia para forzar la entrega de salarios. Además, el expediente incluye un elemento trágico: el asesinato en 2009 de Segundo Eduardo Díaz, hermano del testigo principal. Según el expediente, John Harold Arias, un patrullero de la Policía que formaba parte del esquema de seguridad de Ferro, está implicado en este crimen. Otro testigo, Gabriel Daza, afirma que Arias tenía una relación sentimental con el excongresista.

Además de estos cargos, Ferro ha estado envuelto en otros escándalos. En 2015, fue señalado de formar parte de la denominada “comunidad del anillo”, una red de prostitución que supuestamente operaba dentro de la Policía Nacional. El principal testigo en ese caso, el capitán Ányelo Palacios, afirmó haberse reunido varias veces con Ferro en este contexto. Posteriormente, Ferro renunció a su cargo como viceministro de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior.

La Corte Suprema de Justicia continúa con una investigación exhaustiva para determinar la responsabilidad de Ferro en estos delitos. La situación del exsenador es compleja y las acusaciones en su contra son serias, lo que ha generado un gran interés público y mediático en Colombia.

En su testimonio Roque Julio Díaz asegura que Ferro lo contrató bajo la condición de entregarle la totalidad de su salario. Díaz, que necesitaba cumplir con las semanas de cotización para acceder a su pensión, se vio obligado a aceptar esta vergonzosa solicitud.

De acuerdo con Díaz el esquema corrupto ya estaba montado cuando él fue contratado, además, dice que no era el único que tenía que entregarle la plata. Roque Julio cuenta que él debía firmar y, al recibir su salario, posteriormente, la orden era enviarlo a cuentas de Bancolombia a nombre de terceros, que identificó como Jaime Andrés Jaramillo, Luis Jaramillo y Diana Galeano.

El caso de Ferro se complica aún más con la muerte de Segundo Eduardo Díaz, hermano del testigo principal. Segundo Eduardo fue asesinado en abril de 2009 y su cuerpo fue encontrado en la vía que conduce del Alto de San Miguel a Fusagasugá. Según el documento de apertura de la investigación de la Corte Suprema, el principal sospechoso de este crimen es John Harold Arias, un patrullero de la Policía que formaba parte del esquema de seguridad de Ferro.

Según la Corte, estas prácticas habrían permitido a Ferro incrementar injustificadamente su patrimonio entre abril de 2007 y 2009. Roque Julio Díaz afirmó que Ferro le ofreció un millón de pesos como gesto de solidaridad tras el homicidio de su hermano, pero le exigió que el resto de su salario fuera consignado en las tres cuentas bancarias acordadas.

La investigación de la Corte Suprema reveló que una de las cuentas pertenecía a Jaime Andrés Jaramillo, quien trabajaba en el Congreso como asesor de la senadora Leonor Serrano de Camargo. Jaramillo fue promovido a asistente grado uno en recursos humanos y luego a asistente grado dos en la UTL de Ferro, lo que sugiere una influencia significativa del excongresista en estos movimientos laborales.

El 10 de febrero de 2022, la exsenadora Leonor Serrano de Camargo testificó ante la Corte, confirmando las acusaciones contra Ferro. Serrano de Camargo relató que, tras una estrecha amistad con Ferro, decidió distanciarse debido a desacuerdos sobre el manejo del personal en la UTL. Lo que más le indignó fue descubrir que Ferro pedía a sus empleados parte o la totalidad de sus salarios.

Además de Díaz y Serrano de Camargo, otro testigo, Luis Carlos Samacá, corroboró que Ferro exigía un porcentaje del sueldo a todos los funcionarios de su UTL. La Corte solicitó los números de las cuentas bancarias a través de las cuales se realizaban estas consignaciones, confirmando que el dinero terminaba en manos de Ferro.