Gobierno Petro impulsa regulación de la protesta social como parte de los compromisos del Acuerdo de Paz

El Gobierno de Colombia busca la implementación de los compromisos del Acuerdo de Paz de 2016, con una serie de iniciativas que buscan profundizar en la transformación política y social del país. Entre ellos, destaca un proyecto de Ley estatutaria que regulará la protesta social, el cual ya fue radicado. Esta propuesta generó interés en diferentes sectores y cuenta con el respaldo del Gobierno Petro, según lo confirmó el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, en una entrevista con El Espectador.

Dentro de esta estrategia, el Gobierno denominó “segunda ola” a un grupo de iniciativas legislativas cuyo objetivo principal es fortalecer el cumplimiento del Acuerdo de Paz. Entre estas, además de la regulación de la protesta, se incluyen una reforma política y un proyecto de ley que busca establecer un tratamiento penal diferencial para los pequeños cultivadores de coca. Si bien estos proyectos son de origen parlamentario, el Ejecutivo los apoya plenamente debido a su relevancia para la implementación de los acuerdos alcanzados con la extinta guerrilla de las Farc.

El ministro Cristo destacó que el Gobierno también trabaja en una reforma política que avanza considerablemente. Este proyecto, que fue socializado con las comisiones primeras del Senado y de la Cámara, propone una reestructuración significativa del Consejo Nacional Electoral (CNE). Uno de los cambios más notables es la eliminación de la intervención política en la elección de sus magistrados, los cuales serán seleccionados mediante concursos públicos organizados por las altas cortes del país, como la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.

La regulación de la protesta social busca garantizar que este derecho se ejerza dentro de un marco legal claro, a la vez que se respeten las garantías fundamentales de los ciudadanos. De igual manera, la propuesta sobre los pequeños cultivadores de coca tiene como fin ofrecer un tratamiento justo y diferenciado, reconociendo las dificultades económicas de estas comunidades.

Finalmente, la reforma política que se avecina llega en un contexto en el que el Consejo Nacional Electoral está investigando la financiación de la campaña del presidente Petro. A pesar de las críticas del mandatario, quien sostiene que el tribunal excede sus competencias, la investigación avanza como un proceso administrativo. El proyecto de reforma del CNE busca, precisamente, dotar a esta entidad de mayor independencia y fortalecer la transparencia en sus procesos.

La protesta social es una herramienta fundamental en cualquier sociedad democrática, ya que permite a los ciudadanos expresar su descontento, demandas o apoyo a políticas, situaciones o decisiones que los afectan directamente. En Colombia, un país con una larga historia de desigualdades y conflictos sociales, la protesta es un mecanismo clave para que distintos sectores de la población hagan visible su lucha por derechos sociales, laborales, educativos y ambientales.

A lo largo de la historia, movimientos sociales lograron grandes avances a través de la protesta, como mejoras laborales, la defensa de derechos humanos y el avance en procesos de paz. La protesta permite abrir espacios de diálogo entre el gobierno y los ciudadanos, y cuando se desarrolla de manera pacífica y organizada, se convierte en un motor de cambio positivo. Por ejemplo, las manifestaciones en torno a la paz y los derechos civiles en Colombia generó importantes discusiones y avances legislativos.

Sin embargo, en ocasiones, la falta de una regulación clara sobre cómo deben llevarse a cabo las manifestaciones y cómo deben ser manejadas por las autoridades crea confrontaciones que terminan en violencia o en la criminalización de quienes participan en ellas. Es por esto que regular la protesta social, garantizando el derecho constitucional a la manifestación, es crucial para evitar abusos y conflictos, y para asegurar que todos los actores, tanto manifestantes como autoridades, cuenten con normas claras.

La regulación no debe ser vista como una limitación, sino como una garantía para que los derechos de los manifestantes sean respetados, promoviendo la resolución pacífica de conflictos y fomentando un ambiente en el que los ciudadanos puedan expresar sus opiniones de manera segura y efectiva, fortaleciendo así la democracia y la justicia social.