En la mañana del 24 de septiembre fue oficialmente radicada la reforma política en la Presidencia de la Cámara de Representantes. Esta es la quinta reforma de Gobierno que se radica en este periodo.
De acuerdo con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, en este intento se eliminó el polémico artículo que limitaba las funciones del Consejo Nacional Electoral. Según Cristo, la propuesta busca “conservar y fortalecer las competencias de la autoridad electoral”.
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“La modificación a la autoridad electoral se hace en varios aspectos: en su forma de elección, en sus facultades y funciones, que se fortalecen. Se mantienen vigentes las que tiene hoy y se agregan otras. Se aumenta el periodo de los magistrados a seis años, para que trascienda los gobiernos”, dijo el ministro Juan Fernando Cristo.
La propuesta de la reforma política de Gobierno Petro busca transformar la estructura interna del Consejo Nacional Electoral (CNE) y modificar el proceso de elección de sus magistrados. Esta iniciativa, impulsada por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ha generado controversia y críticas, especialmente en el contexto de la investigación en curso sobre la campaña presidencial de Petro por presunta violación de topes electorales.
La propuesta legislativa, que consta de nueve artículos y 11 páginas, tiene como ejes principales la instauración de listas cerradas y procesos de democracia interna para la elección de las corporaciones. De aprobarse, se eliminaría el voto preferente para el Congreso, Asambleas y Concejos, y se establecería la paridad de género en las listas, garantizando que por cada hombre haya una mujer.
Uno de los puntos centrales de la reforma es la modificación del proceso de selección de los magistrados del CNE. Actualmente, estos son elegidos mediante acuerdos partidistas, pero la nueva propuesta busca que sean seleccionados a través de convocatorias públicas y concursos de mérito organizados por la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Los magistrados serían nombrados por un periodo de seis años y tendrían las mismas calidades, inhabilidades, incompatibilidades y derechos que los magistrados de las Altas Cortes.
El documento de la reforma establece que no podrán ser magistrados del CNE quienes hayan ocupado cargos directivos en organizaciones políticas o hayan aspirado a cargos de elección popular en los siete años anteriores a la convocatoria pública. Además, se incluye una incompatibilidad de dos años posterior a la magistratura, durante los cuales los exmagistrados no podrán ocupar cargos de dirigencia partidista, ni ser nombrados ministros o directores de departamentos administrativos, ni postularse a cargos de elección popular.
Para analistas y expertos, la reforma del CNE es vista como un paso en la dirección correcta, ya que el tribunal ha sido históricamente criticado por la influencia partidista en la elección de sus magistrados. Sin embargo, el momento en que se presenta esta reforma ha generado dudas sobre si se trata de un intento genuino por despolitizar el tribunal o si es una estrategia política para presionarlo en medio de la investigación contra la campaña presidencial de Petro.
La reforma política tiene como objetivo modificar y mejorar las instituciones y procesos relacionados con la política y la participación ciudadana. Entre sus metas se encuentran aumentar la transparencia en los procesos electorales, reducir la corrupción y garantizar una participación ciudadana activa y significativa en la toma de decisiones. Además, busca modernizar el sistema electoral, mejorar la estructura y funcionamiento de los partidos políticos y garantizar la equidad y el acceso igualitario a la participación política.
En el caso de la transparencia y financiación de campañas políticas, la propuesta de Petro pretende establecer reglas más claras para la financiación de las campañas electorales, con el fin de evitar prácticas irregulares. De hecho, de acuerdo con el ministro Cristo, se propone que el 100% de la plata para financiar campañas políticas provengan del Estado. Este componente es crucial para asegurar que los procesos electorales sean justos y transparentes, y para reducir la influencia del dinero en la política.
La radicación de esta iniciativa en el Congreso ha despertado un intenso debate sobre la verdadera intención detrás de la reforma y su impacto en la independencia del CNE. Mientras algunos ven en la propuesta una oportunidad para fortalecer la democracia y la transparencia en el proceso electoral, otros sospechan que podría ser una maniobra para influir en las decisiones del tribunal en un momento crítico.