Un sacerdote santandereano de 57 años fue acusado por la Fiscalía General de la Nación por el delito de acto sexual violento contra un menor de edad en Bogotá.
Esta acusación llega después de una larga investigación de tres años que culminó en una decisión por parte del Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de Socorro y San Gil de expulsar al sacerdote de la Iglesia Católica.
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La investigación se inició tras una denuncia presentada en 2020 por la víctima, un antiguo monaguillo, que detalló los abusos sufridos en 2007. El incidente tuvo lugar cuando el sacerdote, entonces de 36 años, estaba asignado a la parroquia San Judas Tadeo en Bogotá.
“Yo era un monaguillo; así lo conocí. Él llegó a Bogotá porque estaba estudiando derecho canónico, pero también estaba ejerciendo como sacerdote. Se ganó la confianza de mi familia y así logró cometer los abusos”, relató la víctima.
El abuso ocurrió en una finca de propiedad del sacerdote, ubicada en la vereda Guamos y Laderas, en el municipio de Chitaraque, Boyacá. Según la víctima, lo que comenzó como una relación de confianza y tutoría religiosa, rápidamente se tornó en un calvario que marcaría su vida.
Durante 2020, inició el proceso paralelo entre la Fiscalía y el Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de Socorro y San Gil. “Con ayuda de un grupo de abogados pude avanzar en la denuncia, aunque el proceso dentro de la Iglesia no fue fácil”, añadió la víctima. Esto significó que el sacerdote fuera suspendido temporalmente de sus funciones.
En 2021, el acusado pidió el retiro de la institución religiosa, pero la víctima interpuso una solicitud para que no se le concediera este permiso.
“Tuve que solicitar a la Iglesia no concederle este permiso, porque no era lo mismo en términos de reparación que el acusado saliera por decisión propia a que fuera expulsado por un delito”, explicó la víctima.
Finalmente, el 16 de julio de 2024, el tribunal eclesiástico condenó al sacerdote y lo expulsó de la Iglesia. La víctima fue informada de esta decisión el 8 de agosto, lo que representó un primer alivio en un proceso lleno de obstáculos. “Lo más importante de todo lo que hemos avanzado en busca de justicia, sin duda, es que la Iglesia haya tomado la decisión de expulsarlo como sacerdote”, afirmó.
Actualmente, el proceso judicial está en manos del Juzgado Penal del Circuito de Moniquirá, Boyacá. La audiencia preparatoria está programada para el próximo 1 de octubre de 2024. Según el calendario del juzgado, se espera que en un mes se tome una decisión sobre la presunta conducta punible del religioso. La investigación por parte de la Fiscalía ha durado más de tres años.
“En un mes estaríamos hablando de una audiencia de fallo en donde se decidirá si es condenado o no”, aseguró la víctima.
El sacerdote en cuestión ha ocupado puestos de gran relevancia dentro de la Iglesia, tales como canciller diocesano, tesorero diocesano y presidente del tribunal eclesiástico. Además, fue párroco en varias iglesias de San Gil, Mogotes y Socorro, Santander.
La conclusión del tribunal eclesiástico y el proceso judicial en curso generan expectativas sobre la justicia que la víctima ha buscado durante años. La expulsión del sacerdote de la Iglesia Católica ha sido un paso significativo, pero la resolución final en términos judiciales aún está pendiente.
La comunidad católica y la sociedad en general se mantienen expectantes ante los resultados de este juicio. La expulsión del sacerdote ha generado un debate sobre la responsabilidad de las instituciones religiosas ante casos de abuso sexual y ha resaltado la importancia de no permitir que los acusados se retiren voluntariamente para evitar sanciones más severas.
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