Denuncian al superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, por circular en la que ordenaría cirugías de cambio de sexo a menores transgénero

Luis Carlos Leal, superintendente de Salud de Colombia, fue denunciado por prevaricato debido a la emisión de una circular que, según el denunciante, excede sus funciones. La denuncia fue presentada por el activista Jonathan Silva, un hombre de creencias cristianas que acusa a Leal de obligar a las entidades de salud a realizar cirugías de cambio de sexo y tratamientos de hormonización en niños desde los tres años.

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La circular en cuestión, identificada como 0011-5 de 2024, fue firmada por Leal en su calidad de Superintendente de Salud el 20 de septiembre del 2024, pero está fechada desde el 29 de mayo del 2023. Este documento establece directrices para garantizar la atención en salud a personas trans. Según Silva, la circular no solo autoriza, sino que obliga a las entidades de salud a realizar estos procedimientos bajo amenaza de sanciones.

Luis Carlos Leal, conocido activista pro LGBTI+ y exconcejal de Bogotá, ha sido una figura prominente en la defensa de los derechos de la comunidad trans. Sin embargo, su reciente directriz ha sido vista como una extralimitación de sus funciones, lo que ha llevado a la presentación de la denuncia ante la Fiscalía y una queja disciplinaria ante la Procuraduría.

En un video publicado en sus redes sociales, Silva afirmó: “Lo hemos denunciado en la Fiscalía y hoy estaremos presentando una queja disciplinaria ante la Procuraduría para que lo investigue y lo sancione. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”. Además, enfatizó: “Cuando se meten con nuestros niños, no nos vamos a quedar callados”.

La denuncia por prevaricato se basa en la interpretación de que la circular emitida por Leal podría estar imponiendo obligaciones que no están contempladas en la legislación vigente, especialmente en lo que respecta a la realización de procedimientos médicos en menores de edad.

Sin embargo, lo que genera duda en el discurso de Silva es que la circular está basada en diferentes leyes y conceptos otorgados por la Corte Constitucional como la sentencia t-218 de 2022, que concluye que las personas trans tienen derecho a decidir sobre su cuerpo y su transición, además, el Estado y las EPS deben asegurar el acceso a los procedimientos que se requieran para la garantía de su derecho a la salud.

Con lo anterior, Silva asegura que se está afectando la identidad sexual de los menores cuando la misma Corte indicó lo siguiente: “Es claro que los menores de edad tienen derecho a la identidad de género, lo cual comprende el derecho a acceder a los tratamientos médicos de afirmación de género. Este reconocimiento también corresponde con el hecho de que el momento de ese autorreconocimiento de la identidad de género ocurre desde temprana edad. En particular, ‘la construcción de la identidad de género inicia en la primera infancia [desde los 3 años en adelante]. En esta etapa, los/las niños/ as reconocen los diferentes géneros que existen en la cultura en la que crecen’. Por esa razón, la protección y reconocimiento de esa identidad por medio de procedimientos médicos no están sujetos a cumplir determinada edad, ni existe ninguna evidencia científica que así lo sustente”.

El delito de prevaricato es un tema afecta directamente la confianza en la administración de justicia. En Colombia, este delito se manifiesta en dos formas: prevaricato por acción y prevaricato por omisión.

Por un lado, el prevaricato por acción ocurre cuando un servidor público emite una resolución, dictamen o concepto que es manifiestamente contrario a la ley. Un ejemplo de esto sería un juez que dicta una sentencia a favor de una parte, a pesar de saber que no está actuando conforme a la ley. Las consecuencias para el funcionario que comete este tipo de prevaricato pueden incluir prisión de 48 a 144 meses, multas y la inhabilitación para ejercer funciones públicas.

Por otro lado, el prevaricato por omisión se da cuando un funcionario público se niega a realizar una acción que debería llevar a cabo según su cargo y atribuciones. Este tipo de prevaricato también es considerado un delito grave. Si un servidor público omite, retarda, rehúsa o deniega un acto propio de sus funciones, puede enfrentar prisión de 32 a 90 meses, multas y la misma inhabilitación para ejercer funciones públicas.

Denunciar un caso de prevaricato es un proceso que puede realizarse a través de varias vías. Una opción es presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, ya sea de forma verbal o escrita. Es necesario proporcionar detalles sobre el servidor público involucrado, describir la conducta prevaricatoria y presentar las pruebas disponibles. Otra opción es acudir a una estación de policía para presentar la denuncia, donde se indicarán los pasos a seguir.

Con base en la definición de lo que es el prevaricato y entendiendo el contenido de la circular, se entraría a dudar si es o no procedente la denuncia de Silva, ya que Leal no está yendo en contra de las leyes, de hecho la circular parece haber sido construida con base en la jurisprudencia disponible y pensando en la protección de los derechos de personas que son parte de una población vulnerable. Sin embargo, serán la Fiscalía y la Procuraduría quienes determinen si se cometió o no un delito.