Software Pegasus se compró por medio de un lavado de activos, aseguró Director de Inteligencia: alta funcionaria de la Defensoría sería la primera víctima del virus espía

Un informe reciente reveló que el software espía Pegasus fue adquirido por la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) de Colombia mediante un esquema de lavado de activos, utilizando fondos incautados a organizaciones narcotraficantes.

La compra se realizó en el gobierno del expresidente Iván Duque en colaboración con la empresa israelí NSO Group, según lo informado por Señal Colombia y la revista Raya.

Jorge Lemus, director de la DNI, confirmó que la compra del software se realizó entre junio y septiembre de 2021, mediante el traslado de once millones de dólares en efectivo desde Bogotá hasta Tel Aviv. Los fondos, que provenían de incautaciones a carteles del narcotráfico, no fueron reportados a las autoridades fiscales colombianas, lo que constituye un delito de lavado de activos. “Sabían que estaban cometiendo un delito, por eso actuaron encubiertamente”, afirmó Lemus.

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El periodista israelí Gur Megiddo, citado en el informe, señaló que la transacción generó alertas en el Banco Hapoalim, en Israel, debido a la gran cantidad de dinero en efectivo involucrado y su posible relación con actividades ilegales.

“Una de las fuentes confirmó que el dinero incautado a narcotraficantes fue usado para la compra del software”, aseguró Megiddo.

La investigación señala la participación de altos funcionarios y militares del gobierno de Duque en las negociaciones, incluyendo al entonces viceministro de Defensa, Jairo García, y al general retirado Juan Diego Sepúlveda.

Según el informe, una comitiva colombiana visitó Israel para cerrar la compra del software espía, lo que subraya la naturaleza secreta y coordinada de la operación.

El exdirector de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) Alberto Lozano enfatizó que no reportar grandes movimientos de dinero en efectivo constituye un grave delito de lavado de activos, con serias implicaciones legales para los involucrados.

El informe también reveló que María Fernanda Rangel, exfuncionaria de la Defensoría del Pueblo y candidata a la Contraloría General en 2023, fue la primera víctima confirmada del uso de Pegasus en Colombia, tras haberse infectado su teléfono con el software espía. Este caso ha generado preocupación en el Congreso, donde se anticipa un nuevo debate de control político sobre el uso indebido de esta plataforma.

El senador Antonio José Correa, del Partido de la U, anunció que llevará el debate al Congreso en octubre, buscando respuestas y aclaraciones sobre el impacto y uso de Pegasus en el país.

Esta investigación pondría de manifiesto supuestas irregularidades durante la administración Duque y plantea serias preguntas sobre la transparencia y la legalidad de las acciones de sus funcionarios en materia de seguridad e inteligencia.

El director de Tecnología del Palacio Presidencial, René Guarín, y quien en su momento fue el subdirector de la Uiaf, en conversación con Semana afirmó que la entidad cometió el “error al entregarle al jefe de Estado en bruto el documento, en vez de un informe técnico”.

De acuerdo con Guarín, esto hubiera evitado que Colombia fuera suspendida en la Egmont Group of Financial Intelligence Units, organismo que lucha contra el lavado de activos.

“La información de inteligencia operativa, financiera táctica y estratégica se debe entregar al tomador de decisiones con un informe ejecutivo. El análisis previo de la información permite que no incurra en errores el tomador de decisiones”, indicó René Guarín al citado medio.

Y agregó: “Haber entregado el informe proveniente de Israel sobre Pegasus al presidente fue un error, a él se le ha debido entregar un informe ejecutivo y analizado para contextualizarlo y advertirle de los riesgos que hay hoy en materia de seguridad, ciberseguridad de la filtración de esa información”.

Guarín aseguró que en los días venideros se cumplirán los parámetros necesarios para la ciberseguridad y la protección de la privacidad.

“Que le queda a Colombia esa enseñanza y que una de las formas de poder levantar una eventual sanción en el Egmont es que en adelante se cumplirán los parámetros no solamente la ley de inteligencia sino de los temas de la norma ISO 27001 en su última versión que habla de la ciberseguridad y la protección de la privacidad”, expresó el director de Tecnología del Palacio Presidencial.