Periodista en Cali fue imputado por fraude y amenazas agravadas contra él mismo y otros comunicadores

El periodista Freisman Yesid Toro Meléndez fue imputado por la Fiscalía General de la Nación por los delitos de fraude procesal y amenazas agravadas. De acuerdo con las autoridades, Toro Meléndez habría simulado amenazas en su contra y contra otros periodistas para obtener beneficios de protección.

Con base en lo detallado por el ente acusador, el periodista habría creado un correo electrónico desde el cual envió un panfleto y mensajes intimidantes a varios periodistas de Cali y Buenaventura. En estos mensajes, supuestamente provenientes de la banda delincuencial Los Urabeños, amenazaban de muerte a los comunicadores y los declaraban objetivos militares, instándolos a abandonar sus ciudades de residencia.

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El 28 de septiembre de 2014, los periodistas Cristhian Alberto Serna Muriel, Gildardo Arango Ramírez, Dario Gómez Perlaza, Álvaro Miguel Mina, Christian Mauricio Abadía, Henry Ramírez Ronquillo y Oscar Gutiérrez Botero recibieron estos correos electrónicos. Algunos de ellos, ante el temor generado por las amenazas, decidieron abandonar sus ciudades y quedaron sin empleo. Otros permanecieron en sus trabajos bajo estrictas medidas de seguridad proporcionadas por la Policía Nacional, la Unidad Nacional de Protección (UNP) y las empresas donde laboraban.

Ese mismo día, Toro Meléndez presentó un requerimiento ante la UNP solicitando la continuidad de su esquema de seguridad, argumentando las amenazas recibidas. La investigación de la Policía y la Fiscalía determinó que el panfleto y las amenazas fueron elaborados por el propio periodista desde un cibercafé en el puerto de Buenaventura.

En el proceso judicial, Toro Meléndez aceptó los cargos imputados. La Fiscalía le imputó siete amenazas de muerte y siete fraudes procesales, en concurso homogéneo y sucesivo. El juzgado 32 penal municipal de control de garantías en Cali será el encargado de dictar la pena y sentencia en una próxima audiencia.

Este caso ha generado gran impacto en la comunidad periodística de Valle del Cauca, ya que las víctimas de las amenazas fueron siete periodistas de esta región. La Fiscalía subrayó la gravedad de los hechos, destacando que el acusado habría orquestado estos actos con el propósito de mantener las medidas de protección que le habían sido otorgadas previamente.

En contraste, la Defensoría del Pueblo reveló que el 44,4% de los periodistas en Colombia ha sido víctima de algún tipo de vulneración en el ejercicio de su profesión. Este dato alarmante proviene de una encuesta realizada por la entidad, que destaca la creciente inseguridad que enfrenta el gremio periodístico en el país.

Las agresiones contra los periodistas provienen principalmente de grupos armados ilegales, aunque también se han reportado casos relacionados con líderes políticos, la fuerza pública y los propios empleadores. Las amenazas más comunes incluyen riesgos a la vida, integridad física y restricciones a la libertad de expresión e información. Además, se han registrado numerosas denuncias sobre problemas económicos, contractuales, laborales y de seguridad social.

Para enfrentar esta situación, la Defensoría del Pueblo sugiere una cooperación estrecha con las autoridades competentes, como la Policía Nacional, la Fiscalía y la Unidad Nacional de Protección. El objetivo es implementar medidas que garanticen condiciones seguras para el ejercicio del periodismo. En varias regiones del país, el riesgo para los comunicadores es particularmente alto debido a la presencia de actores armados y violentos.

La encuesta también revela que los periodistas enfrentan un entorno laboral precario, con denuncias frecuentes sobre la falta de contratos formales y la ausencia de seguridad social. Estas condiciones agravan la vulnerabilidad de los comunicadores, quienes además deben lidiar con la censura y la autocensura por miedo a represalias.