Gobierno de Gustavo Petro apostará de nuevo a la reforma política, tras fracaso en 2023: lo que se sabe del proyecto

El Gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro, radicará el martes 24 de septiembre una nueva propuesta de reforma política en la Cámara de Representantes. La iniciativa, a cargo del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, busca introducir cambios significativos en el sistema político colombiano, enfocándose en la transparencia y financiación de las campañas, el fortalecimiento de los partidos y la independencia del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Esta será la segunda vez en que el Ejecutivo presentará el proyecto de ley ante el Legislativo, luego de que en marzo de 2023, el entonces presidente de la corporación, Roy Barreras, solicitó el retiro del texto que era estudiado, pues no quedó establecida en la propuesta la obligatoriedad de las listas cerradas para los partidos. Aunque intentó salvar la reforma, la misma no prosperó, a falta de votos suficientes para su aprobación por parte de los congresistas.

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La radicación de la iniciativa está programada para las 10:00 a. m. en la Cámara, cuando se darán más detalles sobre el articulado final y se determinará si todas las colectividades apoyarán la propuesta. En caso de tener éxito, empezaría a regir en las elecciones al Congreso y las presidenciales del 2026, en la que el petrismo se jugará su continuidad como proyecto político dominante en la escena nacional, en medio de los escándalos que salpican al primer mandatario.

El texto original de la reforma, presentado en septiembre de 2022, tenía como objetivos principales aumentar la representación ciudadana, mejorar la calidad de la democracia y cumplir con los acuerdos de paz. Sin embargo, la proposición se estancó después de aprobar cuatro debates, por lo que el jefe de Estado desistió del trámite al considerar que la reforma ya no contenía elementos progresistas que le dieran un nuevo impulso.

“Le pido hoy al señor ministro y al Gobierno que retire esta reforma que ya no tiene absolutamente ningún sentido. Esta es mi posición sobre la reforma política sin lista cerrada obligatoria”, afirmó Barreras, hoy embajador de Colombia ante el Reino Unido, en la icónica escena en la que rompió el documento que tenía en su poder, en un acto que generó un amplio debate en las redes sociales, frente al duro revés sufrido con la iniciativa.

“Creo que en la reforma política no queda ningún tema progresista. Sin listas cerradas y cremalleras, es decir, que permitan igualdad de curules para hombres y mujeres y sin financiación estatal de las campañas, la reforma no aporta a un avance en la calidad de la política”, agregó por su parte el primer mandatario aquel 23 de marzo de 2023, cuando se confirmó su derrota y se sumó a la idea de su colectividad, el Pacto Histórico, que pidió el archivo de la misma.

En esta nueva versión, según la revista Semana, la reforma política se centra en tres ejes fundamentales: la transparencia y financiación de las campañas políticas, el fortalecimiento de los partidos con listas cerradas y la independencia del Consejo Nacional Electoral. La propuesta ha sido socializada con diferentes sectores políticos para facilitar su trámite en el Congreso y que en esta oportunidad sí prospere, teniendo en cuenta las capacidades conciliatorias de Cristo.

En este orden de ideas, uno de los puntos clave de la reforma es la financiación estatal de las campañas políticas, con el objetivo de reducir la corrupción y limitar el apoyo financiero de privados. Asimismo, se pretende aumentar el umbral de los partidos políticos para fortalecer las colectividades y eliminar los llamados “partidos de garaje”, que de acuerdo con la postura que se defiende con esta postura, solo aparecen en épocas electorales para ofrecer avales.

En segundo término, la independencia del Consejo Nacional Electoral también será un tema central en la reforma. Para el Gobierno es vital que se pueda revisar su composición y forma de elección, lo que ha generado debate en medio de la investigación que se adelanta por el órgano rector contra la campaña presidencial de Petro, por presunta violación de topes electorales por el orden de $5.355 millones, en la primera y segunda vuelta presidencial del 2022.