Funcionario del Icbf que habría abusado a dos menores fue enviado a prisión: era el encargado de “restablecer los derechos” de los niños

En la mañana del lunes 23 de septiembre, la Fiscalía General de la Nación informó que un juez de control de garantías del municipio de Honda, Tolima, impuso una medida de aseguramiento en centro carcelario contra Javier Eudoro Camacho Guevara, funcionario del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), por presuntamente haber abusado sexualmente de dos menores de edad.

Investigadores del ente acusador concluyeron que Camacho Guevara, quien se desempeñaba como defensor de familia, aprovechó la condición de vulnerabilidad de los menores para ganarse su confianza y agredirlos sexualmente, según informó el Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional Tolima.

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El fiscal del caso presentó pruebas que llevaron al juez a dictar esta medida de aseguramiento. Las víctimas son dos hermanos que se encontraban bajo el cuidado de Camacho Guevara quien, en su condición de funcionario del Icbf, llevaba a cabo un proceso de restablecimiento de derechos a favor de los menores.

Según la investigación, Camacho Guevara habría habilitado una habitación en su lugar de residencia para albergar a los hermanos. En este espacio, “presuntamente abusó de los dos menores de edad”, informó la Fiscalía en un comunicado.

Los abusos habrían comenzado en abril de 2021, cuando uno de los hermanos tenía 11 años, y continuaron hasta diciembre del mismo año. El otro menor fue abusado desde febrero de 2022, cuando tenía 14 años, hasta 2024. Además, Camacho Guevara habría hecho “ofrecimientos de dinero para que no fuera denunciado”.

En la audiencia, el fiscal imputó a Camacho Guevara por el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado, cargo que el acusado no aceptó. Las autoridades llevaron a cabo una acción conjunta para capturarlo. El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Sijín del Departamento de Policía de Tolima realizaron la detención en un inmueble ubicado en el barrio Restrepo de Honda.

“El funcionario adelantó un proceso de restablecimiento de derechos de las víctimas, y habría aprovechado esa condición de vulnerabilidad para ganarse su confianza y agredirlos sexualmente”, señaló el ente acusador en la mañana de este lunes 23 de septiembre.

La Fiscalía General de la Nación logró desarticular a la organización criminal conocida como ‘Los Taladores’, señalada de arrasar con más de 750 hectáreas de bosque nativo en la Reserva Nacional Natural Nukak en el departamento de Guaviare. En el operativo, realizado en conjunto con la Policía Nacional, fueron capturados siete miembros de la estructura delictiva, mientras que otro de los indiciados, Yamid Garzón Mayor, se entregó a las autoridades.

La información presentada revela que el cabecilla de la organización, Serafín Ardila González, fue identificado como el principal coordinador de las actividades ilegales. “Ardila González sería el coordinador de todo lo relacionado con la tala, transformación y distribución del recurso”, explicó la Fiscalía. Además, se le acusa de sobornar a funcionarios para evitar la intervención de la fuerza pública y continuar con sus operaciones clandestinas.

Los esfuerzos de las autoridades han permitido imputar a los detenidos varios delitos, incluyendo aprovechamiento ilícito de los recursos naturales, concierto para delinquir agravado, e invasión de áreas de especial importancia ecológica. Los procesados comparecieron ante un juez de control de garantías, donde Yamid Garzón Mayor aceptó los cargos formulados en su contra.

Las acciones delictivas de ‘Los Taladores’ se concentraron en las veredas Japón y Nueva Primavera, áreas de especial protección ambiental. Según los elementos de prueba, en estos puntos la organización disponía de la madera, la cual era trasladada en vehículos de tracción animal a puntos de acopio clandestinos para ser convertida en vigas, tablas y trozas. Posteriormente, el producto era transportado a San José del Guaviare y El Retorno, donde se elaboraban listones y muebles destinados a su venta en Bogotá, Villavicencio (Meta) y otras ciudades del centro y oriente del país.

Además del cabecilla Serafín Ardila González, fueron judicializados otros presuntos integrantes clave de la red. Entre ellos figura Dora Melba Camelo, responsable de la logística para el transporte y venta ilegal de la madera. Por su parte, Omar Augusto Sierra y Johan Alirio Amaya Sánchez eran encargados de contactar a los trabajadores que obtenían la madera en la Reserva Nacional Natural Nukak.