Por golpear, amarrar y amordazar a estudiantes, dos profesores de colegio fueron inhabilitados y suspendidos por la Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación informó la suspensión e inhabilidad por cuatro meses de dos docentes de Leticia (Amazonas) por agredir física y verbalmente a sus estudiantes.

De acuerdo con el Ministerio Público, “al encontrar probado el hecho de que maltrataron física y verbalmente a sus alumnos”, los profesores de instituciones educativas en la capital del departamento fueron suspendidos.

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Fue así como, en el primer caso, la Regional de Juzgamiento de Cundinamarca afirmó que “Jorge Infante Bautista amarró a la silla y amordazó a uno de sus estudiantes de la Institución Educativa Francisco del Rosario Vela”. Los hechos, registrados en 2022, fueron denunciados por el colegio.

La Procuraduría señaló a través de un comunicado que el docente “incumplió su deber como servidor público”: De tratar con respeto e imparcialidad a las personas con las que tiene relación en función de su servicio”.

Además, el organismo de control evidenció “la deserción de al menos la mitad de los alumnos que tenía inicialmente, lo que sugiere un ambiente conflictivo, su inestabilidad laboral reflejada en quejas constantes por parte de los padres que se quejaron de su desempeño, y agresiones reportadas por compañeros de trabajo con los que hubo incidentes en varias oportunidades”.

De esta manera, la Procuraduría indicó Infante Bautista incumplió su deber de proteger y cuidar a los menores que tenía a cargo. Razón por la que vulneró el principio de responsabilidad, y de manera definitiva calificó su falta como grave cometida a título de dolo.

Por otro lado, el segundo caso que el ente de control declaró responsable disciplinariamente fue contra el docente y director rural de la Institución Educativa Indígena San Juan Bosco, Pedro Pablo Parra Bardales, por agredir física y verbalmente a dos de sus alumnos, de 11 y 16 años.

De acuerdo con la información brindada por la Procuraduría, “a uno de ellos le dio golpes en la cabeza, al otro en la espalda, uso palabras injuriosas para referirse a ellos e insultó a una mujer, entre otros señalamientos sobre su trato y comportamiento que hicieron padres de familia, compañeros y personal administrativo”.

El organismo de control indicó en el documento que es necesario revisar lo que podría considerarse un patrón de conducta indicativo de una mala gestión emocional y una aparente incapacidad de manejar de manera constructiva situaciones de conflicto que se llevan a cabo en el entorno escolar, y que afectan la sana convivencia de los estudiantes.

Finalmente, “la Procuraduría reiteró que Parra Bardales quebrantó las normas a las que estaba obligado dar cumplimiento por su rol educativo, con lo que configuró una falta que fue calificada de forma definitiva como grave a título de dolo”, concluyó la entidad.

La Fiscalía General de la Nación reveló un impactante caso de abuso sexual de menores, que llevó a la condena de un profesor acusado de violar a varias de sus estudiantes dentro de las instalaciones de un plantel educativo.

El criminal, identificado como Luis Fernando Pinzón Manrique, desempeñaba sus labores en un colegio del municipio El Playón, ubicado en Santander. Pinzón Manrique se aprovechó de su posición de poder para acceder carnalmente a varias niñas y grabar los abusos.

Según el reporte de las autoridades, fueron cinco las víctimas, todas menores de 15 años, de las cuales el docente tenía fotos y videos que se convirtieron en pruebas clave para la investigación. Pinzón Manrique fue judicializado por los delitos de acto sexual violento agravado, explotación sexual de menor de 18 años y pornografía infantil.

Los abusos ocurrieron en 2014, cuando el docente, aprovechando su autoridad, forzaba a sus alumnas, de entre 14 y 15 años, a participar en actos sexuales a cambio de mejorar sus calificaciones, según explicó la Fiscalía en su reporte oficial.

El caso generó indignación en la comunidad educativa a nivel nacional, al conocerse que el docente chantajeaba a las menores con la promesa de mejorar sus notas y las amenazaba con hacerles reprobar su materia si no accedían a sus peticiones. Además, ofrecía dinero a las víctimas para que guardaran silencio.

Un juez de conocimiento acató la recomendación de las autoridades y le impuso una condena de 19 años y seis meses de prisión, además de una multa equivalente a 152 salarios mínimos legales vigentes (SMLV).