Paloma Valencia demandó al Gobierno Petro por cobro de valorización a la vía al Mar: “No les basta con un presupuesto de 500 millones de pesos”

Después de que la ministra de Transporte, María Constanza García, firmara la resolución que contempla un cobro de valorización a los predios ubicados en la vía Barranquilla - Cartagena, varios sectores políticos y empresariales del país, especialmente, de la costa Caribe, han rechazado esta medida.

Aunque la funcionaria explicó que el motivo del cobro obedece a recaudar fondos para la ejecución de otros proyectos de infraestructura en esta región del país, líderes políticos han recurrido a interponer acciones para detener el avance de este decreto.

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Una de ellas fue la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia que, a través de sus redes sociales, anunció que radicó una demanda contra el decreto que pretende instaurar un cobro a los pobladores de este importante trayecto vial del Caribe Colombiano.

“Vamos a demandar la valorización que le quieren cobrar a la carretera Barranquilla - Cartagena. Se la quieren cobrar a todos los ciudadanos que la van a utilizar, pero ni siquiera para utilizar esos recursos en la vía, sino para hacer una bolsa para invertir en cualquier lugar del país”, expresó la congresista en un video publicado en sus redes sociales.

Así mismo, la senadora de oposición aseguró que la aplicación de dicha norma es una contradicción del Gobierno, aun cuando se discute el Presupuesto General de la Nación para el año 2025, cuyo orden emitido por el Gobierno es de 523 billones de pesos, respectivamente.

“No nos parece que el gobierno siga trasladándolos los costos a los ciudadanos, cuando tiene un presupuesto de más de 500 billones de pesos, y que no está haciendo las obras que necesita el país”, afirmó.

También, Paloma Valencia cuestionó las declaraciones del presidente Petro frente a la inversión del sector privado en materia de infraestructura.

“Como Petro dice que las autopistas son para los ricos, pero en realidad las autopistas son para los productos que generan empleo, son para los productos agrícolas de los que dependen nuestros campesinos, son para los productos que todos consumimos”, mencionó.

Adicionalmente, la senadora del Centro Democrático indicó que “a nuestros productores y campesinos, el valor del producto se les va el 30 por ciento en transporte, sumado a la ineficiencia de la infraestructura (...) por eso, tenemos que trabajar en eso”.

Finalmente, la congresista manifestó que la demanda contra el decreto de valorización a la Vía al Mar es en defensa de los derechos de los pobladores de los departamentos de Bolívar y Atlántico.

“La hemos demandado para defender los bolsillos de todos los ciudadanos de Cartagena, de Barranquilla, de Bolívar y del Atlántico, que merecen que se haga la inversión nacional, sin perseguir los bolsillos de ellos, porque para eso ya todos pagamos muchos impuestos”, concluyó Paloma Valencia.

Además de Paloma Valencia, también se encuentran en estudio otras tres demandas contra la resolución que establece el cobro de valorización para la vía Barranquilla - Cartagena.

La primera acción popular es liderada por el senador del Centro Democrático, Carlos Meisel, quien considera esta medida del Gobierno nacional como un atropello a la población del caribe colombiano, en especial con los propietarios y comerciantes de la zona, como restaurantes y hoteles.

“No entiendo cómo se puede afectar dos veces a los ciudadanos por la misma causa. Después de 30 años de construida la obra, ¿por qué ahora se les pide a los ciudadanos que paguen, incluso con la intervención del gobierno nacional, para que los fondos se lleven a Bogotá?”, explicó Meisel.

Por su parte, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, radicó una tutela contra el Instituto Nacional de Vías (Invías), ante el Consejo de Estado, con el que se pretende detener los cobros a los habitantes de la vía al mar.

“Esto lo hacen sin estudios técnicos apropiados para el cobro de esa valorización y frente a eso, pues nosotros no nos podemos quedar callados (...) ya identificamos que hay unas falencias en la resolución y en los documentos que soportan esa decisión, y por ello nosotros tenemos que acudir al amparo legal”, comentó.

Por último, se encuentra la demanda interpuesta por el equipo jurídico de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, a cargo de Alejandro Char, quienes consideran que el decreto del Invías “no cumplió el trámite establecido”, por lo que “impidió que la comunidad afectada con este acto administrativo presentara observaciones, sugerencias o propuestas alternativas”