Dos exfuncionarios de Daniel Quintero serán acusados de corrupción por la Fiscalía: habrían favorecido a un contratista desde Metroparques Medellín

No paran las indagaciones de la Fiscalía General de la Nación frente a las múltiples denuncias que existen contra la administración del exalcalde de Medellín Daniel Quintero por presunta corrupción y, según se conoció, pronto serán llevados a juicio dos de sus exfuncionarios.

Se trata de Jorge Enrique Liévano Ospina, exgerente de Metroparques, quien deberá enfrentar cargos por la presunta celebración de contratos sin cumplir con los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación agravado, según un escrito de acusación al que tuvo acceso El Colombiano.

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La audiencia de acusación está programada para la primera semana de noviembre, donde la Fiscalía presentará las pruebas en contra de Liévano y otros dos implicados: María Eugenia Domínguez Castañeda, exjefa de compras y exgerente de Metroparques, y Mauricio Jaramillo Botero, representante legal de Cyan Eventos y Logísticas S.A.S.

El caso se centra en un contrato interadministrativo firmado en 2020 entre el Inder y Metroparques por un valor inicial de $21.826 millones, destinado a la gerencia, coordinación y ejecución de recursos para eventos recreativos, deportivos y de actividad física.

Según la Fiscalía, el contrato, que incluía la realización de 72 festivales deportivos y 593 eventos recreativos, entre otras actividades, fue adjudicado sin un análisis adecuado de la logística necesaria ni una justificación del valor del contrato.

Diana Paola Toro Zuleta, entonces directora del Inder, contrató a Metroparques, dirigido por Liévano, para realizar tareas que eran competencia del Inder. Metroparques, sin la capacidad para cumplir el contrato, subcontrató a Cyan Eventos y Logísticas S.A.S, que a su vez subcontrató a otros proveedores, incrementando los costos del proyecto. El contrato, inicialmente previsto para dos meses y medio, se extendió a 26 meses y medio, con un costo adicional de casi $3.000 millones.

Según el escrito obtenido por El Colombiano, la Fiscalía sostiene que Liévano y Domínguez favorecieron indebidamente a Cyan Eventos y Logísticas S.A.S, empresa cercana a la administración de Daniel Quintero, mediante una invitación privada que limitó la competencia y aumentó los costos.

Además, se cuestiona que Metroparques exigiera una experiencia mínima del 30% del valor del contrato en proyectos similares ejecutados en los últimos cinco años, una condición inusual que restringió la pluralidad de oferentes.

“Liévano Ospina sabía que estaba celebrando un contrato sin el cumplimiento de estos requisitos esenciales, pues asumió la administración de los recursos entregados por el Inder Medellín sin cotejar, validar e incluso elaborar un estudio de mercado propio que le permitiera adquirir bienes y servicios ajustados a precios de mercado”, señala el escrito revelado por el medio nacional.

En cuanto al delito de peculado por apropiación, la Fiscalía acusa a Liévano, Domínguez y Jaramillo de haberse apropiado de $3.705 millones mediante sobrecostos en la adquisición de bienes como uniformes, balones y medallas. De ser hallados culpables, los acusados podrían enfrentar penas de prisión de hasta 45 años y multas de hasta $4.940 millones.

“Es posible afirmar con probabilidad de verdad que existió un interés en favorecer a la empresa Cyan Eventos y Logística S.A.S, que puede calificarse como indebido, en razón al claro desconocimiento del principio de economía que rige la función administrativa”, se lee en el escrito obtenido por El Colombiano.

La Fiscalía también señala que el contrato fue una maniobra para eludir procesos de contratación más transparentes y que Liévano asumió la administración de los recursos sin realizar un estudio de mercado adecuado. Si es juzgado por este delito, Liévano podría enfrentar una pena de prisión de entre cinco y 18 años, una multa de entre 66.6 y 300 salarios mínimos mensuales y la inhabilitación para ejercer cargos públicos entre seis y 18 años.

“En conclusión, el interés de los señores Jorge Enrique Liévano Ospina y María Eugenia Domínguez en calidad de servidores públicos, estaba dirigido a brindar un beneficio a la sociedad Cyan Eventos y Logística S.A.S.”, concluye el ente acusador.

Este caso es uno de los pocos que avanza en la justicia entre las múltiples denuncias de presunta corrupción que recaen sobre la administración de Daniel Quintero. La Fiscalía asegura tener pruebas sólidas, incluyendo testimonios, interceptaciones y testigos, que serán presentadas en la audiencia de noviembre.