Confirman cuáles no serán las responsabilidades de pago del Banco de la República con la reforma pensional de Petro

La codirectora del Banco de la República Bibiana Taboada dio claridad sobre el rol del Emisor en la Ley 2381 de 2024, “por medio de la cual se establece el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, la Invalidez y la Muerte”, más conocida como reforma pensional del Gobierno de Gustavo Petro.

De manera tajante, dejó claro que “el banco no es el responsable de financiar las pensiones, no es responsable de pagar las pensiones, ni de recibir las cotizaciones. El banco se limita a administrar esos recursos bajo unos lineamientos que se definen desde el Gobierno y el comité operativo de ese fondo de ahorro”.

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Y es que la aclaración la hizo porque el Congreso de la República asignó tareas específicas al Banco de la República en la implementación del nuevo sistema de jubilaciones.

“Básicamente, administraría unos recursos que son del Gobierno y que el Gobierno usará para financiar el ahorro pensional que corresponde al régimen de prima media y del pilar contributivo”, declaró la codirectora durante el reciente Congreso Regional 2024 de Nuam y Asobolsa.

La reforma, que fue aprobada por el Congreso, entrará en vigor el 1 de julio de 2025, y está orientada a aplicar un sistema que posibilite una mejor administración de los recursos destinados a las jubilaciones. Según explicó, la Unidad de Proyección Normativa y de Estudios de Regulación Financiera (URF) trabaja en los decretos que definirán el funcionamiento del fondo de ahorro.

Además, Taboada puntualizó que la administración de este fondo “no tiene por qué interferir con las otras acciones misionales del banco. El banco tiene que mantener su independencia técnica e independencia operativa u administrativa”, manifestó. Destacó que la administración de estos recursos comprenderá de manera exclusiva los fondos que el Gobierno utilizará para financiar el ahorro pensional del régimen de prima media y el pilar contributivo.

La postura de Bibiana Taboada es clara en cuanto a la separación de roles, algo que preocupa a expertos.

“El Banco de la República administrará los recursos del ahorro pensional, pero no será responsable de la financiación, pago de las pensiones o de recibir cotizaciones”, dijo. Este modelo tiene como propósito central evitar la interferencia con las funciones esenciales del banco emisor.

Por otro lado, enfatizó en la importancia de mantener la independencia técnica y operativa del Banco de la República. Según dijo, esto es fundamental para seguir cumpliendo con sus misiones principales, sin que las nuevas responsabilidades interfieran con su operativa regular. Taboada insistió con que el Banco de la República debe sostener su autonomía para mantener la estabilidad económica.

Frente a la reforma pensional, el Gobierno trabaja de manera acelerada en la elaboración de los primeros decretos reglamentarios de la misma con el objetivo de cumplir con los tiempos establecidos. Durante el mismo congreso, la directora de la Unidad de Regulación Financiera (URF) del Ministerio de Hacienda, Mónica Higuera, señaló que, a pesar de tener otras regulaciones avanzadas destinadas a mejorar la liquidez del mercado de capitales, la prioridad actual es la reforma pensional.

Higuera detalló que se trabaja en diversos frentes de reglamentación relacionados con la reforma pensional, entre ellos “el decreto de licenciamiento de las entidades que prestarán a los futuros afiliados la opción de ahorrar sus dineros en esas entidades”.

También mencionó que el esfuerzo de la URF se concentra en cumplir con las disposiciones necesarias para la implementación efectiva de la Ley 2183, lo que puso en pausa otros proyectos importantes.

Uno de los elementos esenciales de la reforma pensional en los que se trabaja es la creación de normativas que regulen los regímenes de inversión, los períodos de transición y los esquemas de las licencias modulares.

Al respecto, la funcionaria afirmó que estas iniciativas se abrirán a debate público para asegurar que las propuestas sean conocidas por todos los interesados y, de este modo, las nuevas normativas responden de manera adecuada tanto a los objetivos de política pública como a las condiciones del mercado en el país: “Las normas expedidas deben responder de manera adecuada tanto a los objetivos de política pública como a las condiciones propias del mercado en el país”.

En paralelo, otros frentes en los que la Unidad de Regulación Financiera trabaja incluyen la emisión de decretos que permiten a las sociedades de acciones simplificadas (SAS) ser emisoras de valores en el mercado de capitales, conforme lo estipula el Plan Nacional de Desarrollo (PND). Esta medida busca fomentar una mayor participación y dinamismo en el mercado de capitales, así como actualizar la normativa relacionada con las finanzas abiertas y las ofertas públicas de adquisición (OPAs).

Al respecto, indicó que estas reformas buscan promover una mayor competencia en el sector financiero y alinear las condiciones colombianas con las del mercado internacional.