María Fernanda Cabal arremetió contra la ONU: “Son una vergüenza mundial”

Antes de las movilizaciones a favor del Gobierno nacional, la Fiscalía General de la Nación presentó una nueva directiva sobre la forma en que cambiará el panorama jurídico a la hora de intervenir en situaciones de protesta social en Colombia.

En este texto se introdujeron 33 directrices nuevas, que están enfocadas en el cambio del reconocimiento, la garantía y la protección al derecho de la protesta. El documento de 25 páginas está conformado en cuatro bloques en los que se destaca la protección de la protesta pacífica, los límites del poder punitivo del Estado, la tipicidad de los delitos asociados a la protesta y el procedimiento para la investigación y judicialización de actos delictivos que afecten este derecho.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Sumado , se reafirma la postura por parte de la fiscalía sobre este tema, afirmando que “la protesta pacífica goza de protección constitucional y no debe ser objeto de persecución o sanción penal por alterar el orden público” e indican que aunque pueda generar alteraciones en el orden público, están amparados y no pueden ser discriminados.

Estos cambios recibieron múltiples críticas por parte de la opinión política del país, que rechazaron las “libertades” que le fueron otorgadas a las protestas en el país; sin embargo, la Organización de Naciones Unidas (ONU) se pronunció a favor del documento presentado por la fiscalía.

Desde su cuenta de X, la ONU publicó un hilo en el que indican que el documento establecido por la entidad de la Rama Judicial “se ajusta a los estándares internacionales de derechos humanos y a las recomendaciones presentadas por la Oficina al Estado Colombiano”.

De acuerdo con la organización, es positivo que en Colombia se reconozca la protesta como un derecho fundamental que tiene protección constitucional; además, reconocen que este tipo de cambios hacen que los otros derechos humanos puedan ser defendidos de la misma forma.

“La nueva Directiva adopta una visión garantista del derecho a la protesta pacífica, entendiendo la acción penal como último recurso. Reconoce la presunción de licitud de la protesta y, por lo tanto, se investigarán solo los hechos violentos que supongan una grave afectación”.

La ONU recalcó que una convocatoria para una protesta no puede terminar en consecuencias de responsabilidad penal; sin embargo, rechazaron cualquier acto violento que se pueda registrar en estas jornadas y manifestaron estar de acuerdo con “la individualización del actor y la determinación de su acción por cada caso concreto”.

“La oportunidad, exhaustividad, enfoque diferencial e imparcialidad de investigaciones ante presuntos casos de violaciones de los derechos humanos, la debida diligencia reforzada en casos de violencia sexual contra mujeres y prevalencia de la justicia ordinaria sobre la justicia penal militar”, puntualizó la ONU al respecto.

Así como se mostró en contra de las modificaciones por parte de la fiscalía, la congresista María Fernanda Cabal también rechazó el pronunciamiento por parte de la ONU y la acusó de ser aliada de las personas que aprovechan las protestas para generar violencia.

“Lo tenemos claro: ustedes son aliados de las ONG progresistas que asesoran a la fiscal activista. Así lo hicieron durante la toma guerrillera de Cali, donde no defendieron a las víctimas en Ciudad Jardín. Ustedes como organización son una vergüenza mundial. Estándares falsarios”, indicó Cabal en su cuenta de X.

Este no fue el único pronunciamiento por parte de la senadora, que indicó que los miembros de esta organización son unos “Descarados” y amenazó con “publicar todos los videos de la protesta criminal donde ustedes se quedaron mudos” durante el estallido social de 2020.