Beneficiarios del programa Jóvenes en Paz no perderán sus pagos: tribunal negó propuesta de congresistas que pedían suspender las transferencias

El Tribunal de Cundinamarca rechazó una solicitud de medida cautelar que buscaba suspender las transferencias monetarias del programa Jóvenes en Paz, un programa liderado por el Viceministerio de las Juventudes para apoyar a los jóvenes más vulnerables del país. En su decisión, el tribunal concluyó que no existían pruebas de un manejo irresponsable o negligente de los fondos.

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En febrero de este año, los congresistas Carolina Arbeláez y David Luna, del partido Cambio Radical, presentaron una solicitud para invalidar el artículo 44 del Decreto 1649 de 2023, argumentando que las transferencias monetarias podrían atentar contra los intereses y derechos colectivos. No obstante, el tribunal determinó que no había elementos que demostraran que estas transferencias violaban la moralidad administrativa.

Gareth Sella, viceministro de las Juventudes, celebró la decisión, afirmando que “estamos trabajando con los jóvenes más vulnerables del país que necesitan este tipo de rutas de atención integral y también es un mensaje contra la estigmatización hacia la juventud”. Sella destacó que el programa es fundamental para “garantizar los derechos de los jóvenes y ayudarlos a salir adelante”.

Las transferencias del programa Jóvenes en Paz están dirigidas a jóvenes entre 14 y 28 años que se encuentran en condiciones de pobreza, vulnerabilidad o exposición a la violencia y la criminalidad. Para recibir las transferencias, los beneficiarios deben cumplir con requisitos específicos, como la certificación de su estado de vinculación y el cumplimiento de los componentes de educación o trabajo comunitario.

El magistrado a cargo del caso concluyó que no había pruebas suficientes para demostrar que el programa comprometía el patrimonio público o ponía en riesgo derechos colectivos. Asimismo, se enfatizó que las transferencias deben usarse conforme a lo establecido en la ley y que no se presentaron evidencias de un uso indebido de los fondos.

Actualmente, en Colombia, el 26% de la población está compuesta por jóvenes, de los cuales 4.7 millones viven en situación de pobreza y 6.8 millones están afiliados al régimen subsidiado, lo que indica su dependencia económica o empleo en la informalidad.

La medida cautelar solicitada por Arbeláez y Luna reflejaba preocupaciones sobre la posible desviación de los fondos y el incumplimiento de sus fines legales. Sin embargo, la falta de pruebas contundentes llevó al tribunal a mantener las transferencias monetarias, reforzando la pertinencia y necesidad del programa.

El viceministro Sella también destacó que “la entrega de transferencia monetaria está condicionada a la certificación del estado de la vinculación y cumplimiento de los componentes de educación y corresponsabilidad o trabajo comunitario”. Además, los jóvenes beneficiarios no pueden recibir simultáneamente otras transferencias monetarias del orden nacional ni otros beneficios económicos otorgados por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización.

Desde su inicio, el programa ha sido una plataforma crucial para la inclusión y el desarrollo de los jóvenes en situación de vulnerabilidad. Hasta la fecha, se han registrado más de 30.000 inscripciones de jóvenes interesados en participar en Jóvenes en Paz y contribuir a la construcción de paz en regiones como Acandí, Bojayá, Medio Atrato, Unguía, Riosucio, Puerto Tejada, y Buenaventura.

Finalmente, esta decisión judicial ha sido vista como un respaldo significativo no solo para el programa, sino para las juventudes populares del país. “Esta es una victoria histórica para las juventudes del país”, señaló Sella, resaltando el compromiso del programa con la construcción de un futuro más equitativo para los jóvenes colombianos.

El programa “Jóvenes en Paz” en Colombia busca reducir los niveles de reclutamiento de jóvenes en municipios afectados por el conflicto armado, brindándoles oportunidades y apoyo económico. Este programa, creado por el Gobierno Nacional de Colombia, tiene como objetivo alejar a los jóvenes de la criminalidad y fomentar su formación y desarrollo.

Para ser beneficiario del subsidio, la residencia habitual en zonas rurales también es un criterio indispensable. Asimismo, pueden aplicar aquellos que sean, hayan sido o estén en riesgo de ser víctimas de explotación sexual, o que estén vinculados o en riesgo de estar vinculados a dinámicas de criminalidad, violencia o reclutamiento forzado. Los jóvenes que residen en territorios afectados por la violencia o el conflicto armado también son elegibles.

El programa tiene una vigencia inicial de seis meses, pero puede prorrogarse hasta un máximo de 18 meses. Durante este período, se entregarán transferencias monetarias condicionadas a los jóvenes participantes. El desembolso se realiza mensualmente y puede alcanzar hasta 1 millón de pesos colombianos.

Además de cumplir con los requisitos, los beneficiarios deben participar en actividades educativas y seguir las pautas establecidas para recibir los incentivos económicos. Este enfoque integral busca no solo proporcionar apoyo financiero, sino también fomentar el desarrollo personal y educativo de los jóvenes en situaciones vulnerables.