JEP citó a altos mandos militares retirados por ‘falsos positivos’ y otros crímenes en Cauca y Valle del Cauca

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) avanza en la investigación de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario cometidos en el norte del Cauca y el Valle del Cauca. Como parte de este proceso, la Sala de Reconocimiento de Verdad ha llamado a versión a siete altos mandos militares en retiro, quienes operaron en la región durante los años en que se perpetraron asesinatos y desapariciones forzadas presentados como ‘falsos positivos’.

Estos exintegrantes del Ejército fueron convocados dentro de la fase nacional del caso 03, que investiga los crímenes cometidos por agentes del Estado, presentados como bajas en combate, y del caso 05, que prioriza la situación territorial del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca.

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Entre los militares citados se encuentran los generales retirados Justo Eliseo Peña, Óscar González Peña y Leonardo Alfonso Barrera Gordillo, junto con el coronel retirado Emiro José Barrios Jiménez, y los oficiales retirados Edwin Javier Madroñero, Wilfredy Areiza Jaramillo y Julio César Álvarez Pedreros.

La citación de estos militares se basa en la información obtenida a lo largo de otras diligencias relacionadas con el caso 05, donde se han identificado patrones sistemáticos de violaciones a los derechos humanos, entre los que se incluyen ejecuciones extrajudiciales, torturas, violencia sexual, desplazamientos forzados, desapariciones, y graves afectaciones al medio ambiente. Además, la JEP investiga una posible alianza entre miembros de la fuerza pública y el Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupo paramilitar que operaba en la zona.

Esta fase del proceso abarca crímenes cometidos entre el 1 de enero de 1993 y el 1 de diciembre de 2016, periodo en el cual se presentaron numerosas denuncias de violaciones sistemáticas contra la población civil en estas regiones del país. Durante este tiempo, el departamento del Valle del Cauca y el norte del Cauca fueron escenario de múltiples violaciones a los derechos humanos, en un contexto de conflicto armado y operaciones militares intensificadas.

En paralelo, la JEP también continúa avanzando en el caso 03, que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas cometidas por agentes del Estado en otras regiones del país. En marzo de 2024, esta sala citó a versión a 12 comparecientes, todos exintegrantes de la fuerza pública, incluidos excomandantes de la Tercera División y la Tercera Brigada del Ejército Nacional, así como del Gaula del Ejército, quienes operaron en el Valle del Cauca. Se les investiga por su presunta participación en ejecuciones extrajudiciales ocurridas en los 42 municipios de este departamento.

El Grupo de Análisis de la Información (GRAI) de la JEP ha logrado identificar al menos 307 muertes que fueron ilegítimamente presentadas como bajas en combate en el Valle del Cauca entre 1993 y 2016. Estos asesinatos, comúnmente conocidos como ‘falsos positivos’, constituyen uno de los episodios más oscuros del conflicto armado colombiano, en el que la presión por mostrar resultados en la lucha contra los grupos armados ilegales condujo a la ejecución de civiles inocentes, quienes posteriormente eran reportados como guerrilleros abatidos en combate.

Los informes presentados ante la JEP por organizaciones de víctimas como el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y la Corporación Plural, detallan cómo se ejecutaban estos crímenes en el Valle del Cauca. Las víctimas civiles eran identificadas a través de perfiles proporcionados por informantes y luego engañadas o secuestradas por reclutadores que trabajaban en connivencia con sectores de la fuerza pública. En algunos casos, los cuerpos de las víctimas eran vendidos a organizaciones paramilitares o narcotraficantes para que fueran presentados como muertos en combate.

Además, el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) ha denunciado ante la JEP una serie de violaciones a los derechos humanos cometidas por la fuerza pública en el norte del Cauca, en el marco de la militarización de la zona. Entre las acusaciones se encuentran la ocupación de sitios sagrados indígenas, restricciones a la movilidad de las comunidades, desplazamientos forzados, homicidios selectivos y ataques a viviendas de líderes indígenas. El Cric también ha señalado que durante las mingas indígenas, la fuerza pública habría ejecutado asesinatos para desalojar a las comunidades de haciendas en disputa.

Hasta la fecha, la JEP ha citado a versión a 52 miembros de la fuerza pública en relación con el caso 05, lo que refleja la magnitud de las violaciones investigadas. La jurisdicción tiene el mandato de esclarecer la verdad sobre los crímenes cometidos durante el conflicto armado en Colombia y, en algunos casos, ofrecer beneficios judiciales a quienes reconozcan su responsabilidad y contribuyan a la reparación de las víctimas.