Esta entidad del Ministerio de Transporte acumula $21.000 millones sin ejecutar desde el 2014

La Comisión de Regulación de Infraestructura de Transporte (Crit), entidad que se encuentra dentro de la cartera del Ministerio de Transporte, ha recibido más de 21.000 millones de pesos en recursos públicos desde su creación en 2014, sin haber ejecutado un solo peso.

Esta entidad, establecida mediante el decreto 974 durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, fue concebida para regular el mercado del transporte y la infraestructura en Colombia, pero hasta la fecha no ha iniciado operaciones, según la investigación del periodista Rafael Quintero Cerón, de El Tiempo.

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Según el Portal de Transparencia del Estado (PTE), la Crit es la única de las 155 entidades registradas que no ha utilizado los recursos asignados, que este año ascienden a más de 1.300 millones de pesos. Desde su creación, hace 10 años, la comisión ha recibido asignaciones presupuestales anuales que oscilan entre los 1.210 y 2.500 millones de pesos, acumulando un total de 21.023 millones de pesos destinados a gastos de funcionamiento.

La Crit fue creada con el objetivo de diseñar y definir el marco de regulación económica de los servicios de transporte y la infraestructura relacionada, abarcando sectores como el terrestre, fluvial y férreo. Sus funciones incluyen la vigilancia para evitar comportamientos monopólicos, la mediación en conflictos entre el gobierno y los transportadores, y la fijación de tarifas y topes máximos de costos en actividades no reguladas del sector transporte.

A pesar de su importancia teórica, la Crit no ha iniciado actividades ni ha designado a sus integrantes. El Ministerio de Transporte, consultado por el mencionado medio, se limitó a responder que la comisión “no ha empezado a funcionar”, sin proporcionar detalles sobre cuándo comenzará a operar.

Expertos en la materia han señalado que este caso evidencia una falta de planeación y seguimiento en la asignación y uso de los recursos públicos. Por ejemplo, Roxana Contreras, especialista en derecho tributario de la Universidad Manuela Beltrán, afirmó que la situación demuestra serias fallas en todas las etapas de planeación, ejecución, control y seguimiento del Presupuesto General de la Nación. Contreras sugirió que la Contraloría y otros entes de control deberían investigar si los recursos no han sido utilizados de manera irregular.

Por su parte, Henry Amorocho, profesor de Hacienda Pública y Presupuesto de la Universidad del Rosario, indicó al medio que este caso justifica la discusión sobre el presupuesto y los montos asignados para el 2025. Amorocho argumentó que los recursos no utilizados deberían ser declarados como libres y disponibles para completar la financiación del presupuesto del año siguiente.

El dinero no ejecutado por la Crit forma parte de los 184.7 billones de pesos que no tienen una asignación clara y corren el riesgo de quedar en el limbo al finalizar el año. César Camilo Cermeño, director de la maestría en tributación de la Universidad de los Andes, explicó que el presupuesto es anual y los saldos no afectados caducan al cierre del año, pasando a un rubro llamado ‘Sobrantes de apropiación’ y a una cuenta denominada ‘Recursos de balance’.

La falta de ejecución de los recursos asignados a la Crit ha generado críticas y cuestionamientos sobre la eficiencia del gasto público en Colombia. La situación actual de la comisión y la incertidumbre sobre su futuro funcionamiento continúan siendo un tema de preocupación y debate en el ámbito político y económico del país.

El Decreto 947 de 2014, emitido el 21 de mayo, establece la creación de la Comisión de Regulación de Infraestructura y Transporte (Crit) en Colombia. Esta entidad, adscrita al Ministerio de Transporte, tiene como objetivo principal diseñar y definir el marco de regulación económica de los servicios de transporte y la infraestructura de transporte, especialmente en situaciones de fallas de mercado.

La Crit se constituye como una Unidad Administrativa Especial con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, financiera y técnica. Su sede está en Bogotá, y su patrimonio estará compuesto por recursos asignados del Presupuesto General de la Nación, créditos internos y externos, cooperación nacional e internacional, bienes adquiridos y donaciones.

La comisión está integrada por el Ministro de Transporte, quien la presidirá, el Director del Departamento Nacional de Planeación y tres expertos comisionados nombrados por el Presidente de la República para períodos de cuatro años, reelegibles una sola vez. Además, el Director de la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte (Upit) y el Superintendente de Puertos y Transporte participarán con voz pero sin voto en temas específicos.

Entre las funciones de la Crit se incluyen la definición de mercados de infraestructura y servicios de transporte objeto de regulación, el análisis de la estructura de estos mercados para identificar fallas y determinar la necesidad de regulación, y la promoción de la competencia para evitar monopolios y abusos de posición dominante. También se encargará de fijar tarifas para actividades reguladas y establecer criterios para la habilitación de empresas prestadoras de servicios de transporte.

Su estructura comprende un Comité de Expertos Comisionados, una Dirección Ejecutiva, una Oficina Asesora Jurídica, una Subdirección Administrativa y Financiera, y varios órganos de asesoría y coordinación. El Comité de Expertos Comisionados dirigirá estudios para definir los mercados objeto de regulación y diseñará mecanismos regulatorios, mientras que la Dirección Ejecutiva se encargará de la ejecución de planes y programas, la representación legal de la entidad y la coordinación de la evaluación del impacto de la regulación.

La Oficina Asesora Jurídica atenderá procesos judiciales y extrajudiciales, representará a la comisión en litigios y asesorará en asuntos jurídicos. La Subdirección Administrativa y Financiera gestionará los asuntos administrativos, financieros, presupuestales y contractuales de la comisión, además de coordinar la adquisición y administración de bienes y servicios necesarios para su funcionamiento.