Construcción ilegal de megamansión en los Cerros Orientales le cuesta 58 meses de prisión a empresaria

Luz Lastenia López de Soler, empresaria colombiana, fue condenada a 58 meses de prisión por la construcción ilegal de una lujosa mansión en los Cerros Orientales de Bogotá, una zona protegida por sus recursos naturales. La sentencia fue dictada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que señaló que la construcción en el predio Monte D’ Oro se realizó sin los permisos requeridos y vulnerando la normatividad ambiental vigente.

Este caso, que generó gran polémica, comenzó en 2016, cuando López de Soler inició la edificación de la megamansión en la Calle 76 No. 2-60 este, una zona que forma parte de la reserva ecológica de la ciudad. A pesar de las advertencias de las autoridades y los reclamos de diversas organizaciones de protección ambiental, la construcción siguió adelante, lo que llevó a un largo proceso judicial que se extendió por casi una década.

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El fallo, que fue emitido en segunda instancia, también impuso a la empresaria una multa equivalente a 500 salarios mínimos legales vigentes para el año 2016. Sin embargo, se le otorgó el beneficio de prisión domiciliaria debido a su edad, la ausencia de antecedentes penales y la duración de la pena.

La orden de demolición de la mansión ilegal fue uno de los puntos clave en la decisión judicial. El Tribunal envió copias del fallo a la Corporación Autónoma Regional (CAR) y a la Secretaría de Ambiente de Bogotá, instancias responsables de garantizar que la demolición sea llevada a cabo. Según la notificación judicial, la construcción ilegal ya había sido parcialmente desmontada en abril de 2024, como parte del proceso de restitución ambiental de la zona.

A pesar de estos avances, el proceso no estuvo exento de complicaciones. La Alcaldía Local de Chapinero, responsable de supervisar la demolición, enfrentó críticas por la demora en la ejecución de la orden judicial. A lo largo del proceso, el Tribunal Superior de Bogotá llamó la atención sobre las demoras y la falta de coordinación por parte de las autoridades locales, lo que prolongó la resolución del caso.

Este incidente no es el único relacionado con construcciones ilegales en los Cerros Orientales. En febrero de 2024, la Corte Suprema de Justicia absolvió a otro empresario, Carlos Augusto Quintero Patiño, quien también fue acusado de construir una mansión en esta área protegida. A diferencia de López de Soler, Quintero fue liberado de cargos después de que se determinara que las acciones realizadas en su predio no infringían las normativas ambientales.

La falta de medidas sobre construcciones ilegales en áreas protegidas, como los Cerros Orientales de Bogotá, conlleva serias implicaciones ambientales. Estas zonas son esenciales para la conservación de la biodiversidad, la regulación climática y la protección de los recursos hídricos. Cuando se permite la urbanización descontrolada en áreas de reserva, se altera el equilibrio ecológico de manera significativa.

Uno de los principales impactos es la pérdida de cobertura vegetal, que desempeña un papel crucial en la prevención de la erosión y deslizamientos de tierra. Sin esta vegetación, el suelo se vuelve más vulnerable, lo que aumenta el riesgo de desastres naturales, especialmente durante las temporadas de lluvia. Además, la tala de árboles y la intervención en los ecosistemas pueden provocar la pérdida de hábitats, afectando a especies endémicas y desplazando la fauna local.

Otro efecto grave es la alteración de los ciclos hídricos. Estas áreas actúan como esponjas naturales que retienen y filtran el agua de lluvia. Al urbanizar estas zonas, se reduce la capacidad del suelo para absorber agua, lo que aumenta el riesgo de inundaciones y disminuye la disponibilidad de agua limpia para la ciudad.

Por último, la expansión urbana no planificada contribuye al cambio climático, ya que reduce la capacidad de los ecosistemas para capturar carbono y provoca un aumento en la temperatura local. Por ello, es fundamental que se tomen acciones firmes para evitar más construcciones ilegales y proteger estos espacios vitales para el bienestar ambiental y social de la región.