Gobierno reactivó recompensas por miembros del ELN: ofrecen $4.000 millones por los cabecillas y $100 millones por los responsables del atentado terrorista en Arauca

Luego del consejo de seguridad que se realizó en Arauca, después del atentado del ELN que dejó tres militares y 29 heridos, las autoridades del orden nacional entregaron el balance de la reunión.

Una de las conclusiones más importantes, y que constituye una fuerte medida para esclarecer este hecho, es la millonaria recompensa que se estableció para identificar y ubicar a los responsables del acto terrorista.

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De manera conjunta, las autoridades anunciaron una recompensa de hasta cien millones de pesos para quien brinde información valiosa que permita identificar, ubicar y capturar o neutralizar a los responsables del atentado en Arauca.

La situación en Arauca, de acuerdo con el balance, cada vez es más crítica. Según las fuerzas militares, el ELN, bajo el mando de alias Raúl, líder del frente de guerra Domingo Laín Sáenz, es el principal responsable de los recientes actos de violencia que han impactado a la región.

“Denunciamos y rechazamos esas acciones terroristas del ELN, así como los daños irreversibles que con cada acción que hacen en contra de la estructura petrolera y los oleoductos que hacen a diario provocando el daño ambiental que fecta y afectará a las generaciones futuras”, dijo al finalizar el consejo el almirante Francisco Hernando Cubides Granados, comandante de las fuerzas militares.

El departamento se prepara para un despliegue de las fuerzas militares. Una de las conclusiones de la reunión es el fortalecimiento del pie de fuerza en Arauca.

Las autoridades establecieron que el territorio recibirá treinta nuevos pelotones, lo que suma aproximadamente quinientos nuevos soldados como parte del plan 16.000.

Además, el jueves 19 de septiembre, treinta infantes de Marina arribarán para reforzar las operaciones. Esta medida busca intensificar las acciones contra grupos armados como el ELN, en un contexto donde no existe ningún decreto de cese al fuego vigente, según informaron las fuerzas militares.

Las acciones del grupo armado han llevado a las autoridades a adoptar medidas drásticas. La Policía Nacional elaborará un cartel de los más buscados en el departamento, con la finalidad de incentivar las denuncias y facilitar la captura de delincuentes.

Paralelamente, las labores investigativas se intensificarán, con el objetivo de realizar más capturas y allanamientos que contrarresten la actividad delictiva.

Para reforzar las operaciones fluviales sobre el río Arauca, llegarán nuevos botes de bajo calado que estarán bajo el mando operacional de los batallones fluviales de infantería de Marina No.51 y No. 52. Este despliegue forma parte de una estrategia integral para aumentar la presencia y efectividad de las operaciones militares en la región.

Actualmente, dos personas capturadas en relación a estos hechos están en proceso de judicialización. Se están llevando a cabo las audiencias correspondientes para la imputación de cargos, según información proporcionada por las fuerzas militares.

Con estas medidas, las autoridades esperan contrarrestar eficazmente la presencia del ELN y otros grupos armados en Arauca, garantizando así mayor seguridad y estabilidad para sus habitantes.

La propietaria de una volqueta utilizada en un ataque por el ELN en Puerto Jordán, Arauca, aseguró no tener ninguna vinculación con los hechos. Esclareció que ha iniciado acciones legales para denunciar la usurpación de su propiedad, según informó El Tiempo.

El atentado, que tuvo lugar en el Batallón de Artillería de Campaña N.º 18 del Ejército Nacional, involucró un vehículo cargado de explosivos. Este ataque dejó severos daños y personal militar afectado, desencadenando una investigación urgente para esclarecer los detalles del acto terrorista.

Expertos forenses se han desplegado en el área para recopilar evidencia sobre el tipo de explosivo utilizado, la ruta transitada por la volqueta y examinar los restos incinerados de una placa asociada al vehículo.

La placa recuperada pertenece a una volqueta Ford modelo 1995, con matrícula SKH389 registrada en la Secretaría de Tránsito y Movilidad de Zipaquirá. Además, se pudo confirmar que la póliza de Soat del vehículo estaba vigente, aunque la revisión técnica mecánica había caducado desde 2023. También se detectó un accidente registrado en octubre de 2017 y la existencia de dos dueños previos, según datos extraídos de bases oficiales y manejados por los investigadores del caso.

La dueña actual de la volqueta, que es una empresaria con una fábrica de confecciones en Ubaté, Cundinamarca, se dedica a la manufactura de uniformes y ha trabajado con clientes como la Basílica Menor del Santo Cristo. En su declaración con el medio mencionado, la empresaria resaltó su absoluta desvinculación de los eventos ocurridos y reafirmó que se encuentra tomando medidas legales apropiadas para responder al caso de falsificación de documentos.