Los millonarios sobrecostos hallados en el pago de servicios de transporte para beneficiarios de programas sociales en Bogotá

En un revelador informe, la Contraloría de Bogotá ha configurado un hallazgo fiscal por $2.600 millones debido a sobrecostos en los pagos del servicio de transporte brindado a personas en condición de discapacidad, niños de jardines infantiles, adultos mayores, habitantes de calle y jóvenes, todos beneficiarios de los programas sociales de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS).

El hallazgo se establece tras una auditoría financiera y de gestión realizada por la dirección del sector Integración Social de la Contraloría, centrada en la vigencia 2023.

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El informe de la Contraloría revela que la Secretaría Distrital de Integración Social alteró el procedimiento para la liquidación de los pagos mensuales del servicio de transporte, lo que llevó a un incremento desmedido en los costos y, por ende, a un detrimento significativo del patrimonio público. Esta gestión fiscal fue descrita por la entidad como “ineficaz, ineficiente y antieconómica”, reflejando una falta de control y supervisión adecuados en la administración de estos recursos vitales para los programas sociales.

Según la Contraloría, la Secretaría Distrital de Integración Social implementó una fórmula matemática no contemplada en los estudios previos para liquidar los pagos mensuales del servicio de transporte. Esta modificación resultó en un aumento de los valores facturados por el operador a partir del cuarto mes del contrato, superando significativamente lo proyectado para la operación.

La entidad de control fiscal indicó que esta alteración en el proceso de liquidación contribuyó de manera directa a los sobrecostos detectados. En palabras del ccontralor de Bogotá, Julián Mauricio Ruiz Rodríguez: “La modificación en la fórmula para calcular los pagos no solo fue inapropiada, sino que también generó un perjuicio económico importante para la ciudad. Es fundamental que se identifiquen y se tomen medidas contra los responsables de esta gestión inadecuada”.

El hallazgo fiscal fue trasladado a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría, con el objetivo de establecer responsabilidades y recuperar los recursos públicos. Esta dirección se encargará de investigar quiénes fueron los responsables de la modificación inapropiada del procedimiento y de tomar las acciones necesarias para la recuperación de los fondos.

La auditoría financiera y de gestión realizada abarcó la totalidad de la vigencia 2023, permitiendo una visión detallada sobre las irregularidades y deficiencias en la administración de los recursos destinados a la prestación del servicio de transporte para los beneficiarios de programas sociales. Al finalizar el ejercicio, la Contraloría destacó la importancia de una gestión fiscal rigurosa y transparente para evitar futuros sobrecostos y garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente.

Cabe recordar que, el beneficio de transporte para beneficiarios del distrito, está diseñado para facilitar el traslado de personas, hogares o familias que lo requieran. Uno de estos beneficios es el de transporte de emergencia en donde esta población es trasladada a un lugar donde se les ofrece el alojamiento transitorio. Este mecanismo es parte integral de las estrategias y modalidades de atención de la SDIS, destinado a reducir las condiciones de vulnerabilidad económica y social de la población.

De acuerdo con el procedimiento de atención a personas, hogares o familias en emergencia social, el servicio de transporte de emergencia se autoriza únicamente cuando las personas no tienen los recursos para trasladarse de manera autónoma.

El informe de la Contraloría enfatiza la necesidad de seguir estrictamente los procedimientos establecidos para la autorización y prestación del beneficio de transporte para población beneficiaria de programas sociales del Distrito, poniendo de presente que se requiere una adecuada supervisión y control para evitar la aparición de sobrecostos y asegurar que el servicio se preste de manera eficiente y conforme a las normas vigentes.