Gremio del transporte de carga se quejó del precio del Acpm, de los peajes en Colombia y exigió más seguridad en las vías

La presidenta ejecutiva de la Federacion Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar), Nidia Hernández, presentó los cinco principales desafíos que afectan al sector transportador en Colombia. Reveló que, por quinto año consecutivo, la inseguridad es el mayor problema para los empresarios y camioneros del país.

Hernández dijo, en el Congreso de Colfecar 2024, que “en el último lustro, siempre ha sido lo que más preocupa a los afiliados, y en el último tiempo la situación ha empeorado”, con lo que confirmó que este ha sido un problema muy grave para el sector.

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Según Hernández, en los últimos 20 meses se registraron 1.244 bloqueos, lo que causó pérdidas que ascienden a más de $6,1 billones. Además, destacó que los casos de extorsión aumentaron 29% en el último año y los de secuestro un 70%. De igual manera, que hay un llamado de atención por la quema de vehículos, hechos que generalmente son ejecutados por las guerrillas.

Una encuesta hecha por la agremiación en agosto, antes del paro camionero, identificó que los cinco principales retos del sector son:

• Inseguridad.
• Incumplimiento en el Sicetac (sistema de información que permite medir o calcular los costos de la operación de transporte de acuerdo a las características propias de cada viaje: tipo de vehículo, tipo de carga, origen/destino, horas estimadas de espera, cargue y descargue).
• Alza en el precio del Acpm (diésel).
• Estado de la infraestructura.
• Peajes.

Al respecto, Hernández señaló que “los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Norte de Santander, Atlántico, Bolívar y Antioquia son los más afectados por la inseguridad y corresponden a los principales corredores viales del país”.

Otro problema crítico es la informalidad, lo que genera competencia desleal debido a que las empresas no reguladas no reportan debidamente en el Sicetac y ofrecen precios por debajo de los regulados, lo que perjudica a las empresas formalizadas. Según ella, hay 4.345 empresas habilitadas para operar en Colombia en 2024, un aumento de 3,5% en comparación con el año anterior. De estas, se estima que 50% son formales.

Respecto a la operación del Sicetac, Hernández expresó que “no es incluyente y muchos segmentos del transporte de carga no son tenidos en cuenta, como las volquetas, vehículos livianos, carga líquida y refrigerados”. Además, que el sistema no permite actualizar en tiempo real los insumos que afectan la operatividad.

La incertidumbre respecto a los precios del diésel es otro desafío significativo. Aunque se prevé que al cierre de 2024 el galón de Acpm se encarecerá solo en $800, Colfecar asegura que es necesario revaluar la fórmula actual de cobro del combustible, ya que considera que es un producto nacional vendido a precios internacionales.

De manera simultánea, el sector enfrenta la urgencia de renovar el parque automotor. El gremio estima que existen 360.000 vehículos de carga y 318.468 propietarios entre personas naturales y jurídicas, con una edad promedio de 21 años, siendo la segunda flota más vieja de Latinoamérica. Hernández apuntó que, debido a la antigüedad de los vehículos, la modernización es imprescindible para mantener la competitividad y seguridad vial.

Los bloqueos también son una gran preocupación y una queja reiterada entre los transportadores. Según el informe del Bloqueómetro de Colfecar, entre enero y agosto se registraron 472 bloqueos en las carreteras nacionales, que generaron 3.380 horas perdidas para los transportadores, equivalente a 140 días y $2,5 billones en pérdidas económicas. Hernández puntualizó que “aproximadamente, son 60 bloqueos mensuales, y es algo que no se toma en cuenta, pero los transportadores deben asumir”.

Finalmente, Nidia Hernández hizo un llamado al Gobierno. Dijo que las reformas están orientadas a extraer más recursos de las grandes compañías, pero dentro de ese mismo grupo se incluyen las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), que representan más del 90% del tejido empresarial y son las que más incertidumbre enfrentan debido a las regulaciones en discusión.