Fiscal Angélica Monsalve fue apartada de varios casos del ‘cartel de los carros blindados’ por enemistad con los procesados

En medio de las investigaciones del escándalo conocido como el ‘cartel de los carros blindados’ en la Unidad Nacional de Protección (UNP), una decisión crucial ha marcado un giro significativo en el proceso judicial. La fiscal Angélica Monsalve, que había estado al frente de los casos relacionados con este esquema de corrupción, fue retirada de los mismos tras alegar una “enemistad grave” con los investigados.

La decisión fue formalizada mediante la Resolución 001981, firmada por el director seccional de la Fiscalía de Bogotá, en la cual se aceptó el impedimento presentado por Monsalve. Este paso fue necesario, ya que la fiscal señaló que la situación personal que enfrenta con los procesados comprometía su imparcialidad y capacidad de llevar a cabo el proceso de manera justa y objetiva.

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La fiscal Monsalve argumentó que los procesados, entre ellos el empresario Martín Ricardo Manjarrés y su esposa, Marcela Montes, le habían causado un “gran daño” debido a las denuncias y señalamientos en su contra. Según Monsalve, esta situación generó una “animadversión” que afectaba su capacidad para continuar con el proceso y aseguró que esta enemistad no es algo común en el ejercicio judicial, lo que justificó su solicitud de ser apartada del caso.

Además de la enemistad, Monsalve había denunciado previamente haber sido objeto de persecución por parte de altos funcionarios del sistema judicial, como el exfiscal General Francisco Barbosa y su vicefiscal, Martha Mancera. La fiscal argumentó que su traslado de Bogotá a Putumayo en 2021, después de imputar cargos contra los empresarios Javier y Carlos Ríos Velilla, fue una represalia política.

Uno de los hechos más polémicos que rodean a la fiscal Monsalve es la acusación en su contra por presuntamente haber intentado extorsionar al empresario Martín Manjarrés a través de su abogado, Jimmy Forero Castaño. En noviembre de 2023, la Fiscalía reveló que Forero, actuando en nombre de Monsalve, habría solicitado una suma de $600 millones a Manjarrés a cambio de archivar la investigación que se adelantaba en su despacho, relacionada con el caso de corrupción en la UNP.

El relato de los hechos detalla que en octubre de 2021, Monsalve intentó sin éxito obtener una orden de captura contra Manjarrés. Posteriormente, en junio de 2022, el abogado Jimmy Forero contactó al hijo de Manjarrés para organizar una reunión urgente en un bar de un exclusivo hotel en Bogotá. Según la Fiscalía, Forero ofreció archivar el caso a cambio de $500 millones, un monto que calificó como “honorarios”.

A lo largo de varias reuniones, el abogado insistió en la exigencia del dinero, presionando a Manjarrés con la amenaza de una imputación de cargos si no cumplía con la solicitud económica. Forero, incluso, hizo llamadas en altavoz a la fiscal Monsalve durante las reuniones para dar credibilidad a su propuesta y demostrar la relación cercana entre ambos. En un último encuentro, Manjarrés accedió a entregar una suma inicial de $50 millones, bajo la advertencia de que tanto él como su esposa serían judicializados si no cumplía con el pago completo de $600 millones.

La denuncia presentada por Manjarrés el 16 de agosto de 2022 ante la Fiscalía marcó el inicio de una serie de investigaciones en contra de Monsalve y su abogado, lo que culminó en la separación definitiva de Monsalve de todos los procesos relacionados con el ‘cartel de los carros blindados’.

En diciembre de 2023, la fiscal fue apartada del caso principal tras una recusación presentada por el abogado de los procesados, Marlon Díaz. La defensa argumentó que Monsalve no podía continuar investigando a Manjarrés y Montes, ya que al mismo tiempo era investigada por haberles exigido dinero para archivar su caso.

Con Monsalve fuera de los casos, las investigaciones sobre el presunto cartel de corrupción en la UNP han sido reasignadas a otros fiscales. El proceso principal contra Martín Manjarrés ha sido trasladado a un fiscal delegado ante el Tribunal de Cundinamarca, mientras que el caso que involucra al sindicalista Wilson Devia, acusado de negociar esquemas de seguridad dentro de la UNP, pasará a un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública.

Asimismo, los tres funcionarios administrativos de la Fiscalía, John Henry Porras Quitian, Harold Rodríguez y Luis Lizarazo, acusados de haber favorecido a Manjarrés en la adjudicación de contratos, también serán investigados por un nuevo fiscal.

Por su parte, la fiscal Angélica Monsalve aún enfrenta dos procesos judiciales en su contra. El primero es el juicio por la supuesta extorsión de 600 millones de pesos a Manjarrés, el cual ha tenido pocos avances desde mayo de 2024; y el segundo proceso involucra la presunta falsificación de un interrogatorio en conjunto con un agente del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) para obtener un principio de oportunidad amañado. Ambos casos están bajo la jurisdicción de fiscales adscritos a la seccional Cundinamarca.