Secuestraron a empleados de la Alcaldía de Medellín: los delincuentes les exigieron información y dinero

El miércoles 18 de septiembre de 2024 fueron secuestrados 13 empleados de la Alcaldía de Medellín, encargados de la jardinería de la capital de Antioquia. La denuncia se encuentra en la Fiscalía General de la Nación, y en ella se confirma que los delincuentes pidieron dinero e información a cambio de su liberación, según Semana.

El citado medio indicó que los hechos ocurrieron en una cancha del barrio Robledo Villa Sofía, donde los empleados de la Alcaldía de Medellín fueron abordados por varios hombres. Según la denuncia, los victimarios fueron intimidados para que suministraran información sobre uno de sus compañeros.

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“Los presuntos victimarios habrían exigido el pago de 2′000.000 a los plagiados o información sobre su colega”, se lee en la denuncia que se encuentra en la Fiscalía. Las autoridades lograron la captura de los presuntos responsables del secuestro.

Los funcionarios adscritos al Jardín Botánico fueron obligados a apagar sus dispositivos móviles y fueron sometidos a presiones. Una vez se conoció el secuestro de los 13 funcionarios, las autoridades competentes iniciaron el debido proceso para lograr su liberación.

De acuerdo con Semana, uniformados del Gaula de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá lograron liberar a los funcionarios de la Alcaldía de Medellín. Además, se logró la captura de los presuntos responsables del secuestro, razón por la cual fueron presentados ante un juez de control de garantías.

El citado medio reveló los nombres de los supuestos secuestradores, se trata de John Jairo Pernía Bailarín, Jader Santiago Martínez Henao, Charly Andrés García Correa, Wilmar Andrés Jiménez Leudo y Nelson Urán Montoya. Cuatro de los mencionados fueron enviados a la cárcel.

Según información de la Fiscalía General de la Nación, el juez tomó la decisión de cobijar Urán Montoya, debido a que cuenta una discapacidad mental e intelectual.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, aseguró que la pronta reacción de las autoridades determinó que las víctimas se encontraran sanas y salvas.

“Inmediatamente tuvimos conocimiento de parte de la Dirección del Jardín Botánico, activamos la ruta con Gaula y, de manera inmediata, se procedió a la captura de los responsables”, indicó el funcionario.

A este hecho, se suma la denuncia que indica que más de 400 mujeres víctimas de violencia de género en Medellín se quedaron sin defensa jurídica.

En Medellín, las mujeres víctimas de violencia basada en género han quedado sin representación jurídica durante dos semanas. La razón es la terminación del contrato entre la Alcaldía de Medellín y la corporación Colectiva Justicia Mujer, lo cual dejó sin defensa técnica a casi 500 mujeres en 580 procesos activos.

La Secretaría de la Mujer explicó que el cambio de contratistas responde a un proceso administrativo necesario. El contrato entre la alcaldía y Colectiva Justicia Mujer finalizó el 27 de agosto. Según medios como Caracol Radio, la terminación del contrato se debió a una reducción presupuestaria del 71% en los recursos destinados a la representación jurídica de estas mujeres.

Valeria Molina, secretaria de las Mujeres en Medellín, dijo al medio citado que “en la administración pública uno no puede tener dos contratos con el mismo objeto, por lo que tuvimos que finalizar el anterior y realizar todos los procesos administrativos para iniciar el nuevo contrato con el Tecnológico de Antioquia y su equipo jurídico llamado ‘Módulo Fucsia’”. Molina aseguró que se espera firmar el nuevo contrato esta semana.

Por su parte, Nathalia Álvarez Cadavid, subdirectora de Colectiva Justicia Mujer, calificó la situación como riesgosa para los procesos legales y la calidad de la atención a las víctimas. “Esto expone a las víctimas a una mayor violencia institucional y deteriora la calidad de la atención lograda”, dijo Álvarez Cadavid.

La alcaldía, por su parte, aseguró que, durante esta transición, han buscado que las mujeres continúen recibiendo asesoría a través de mecanismos de atención psicológica y jurídica en diferentes territorios, además de solicitar apoyo con la Defensoría del Pueblo.

Molina señaló: “El contrato nuevo no compromete ni la calidad del servicio, ni la seguridad de las profesionales. Así podremos aumentar la meta de atención de 1.147 a 1.924 mujeres durante este cuatrienio”.